Con pancartas en mano y al grito de «trasplantes ya», las madres de los pacientes del servicio de Nefrología del hospital de niños J. M. de los Ríos protestaron en la mañana de este miércoles 3 de marzo en las afueras del centro de salud.
Emilse Arellano era una de ellas. Desde hace cuatro años, a su hijo Winder se dializa en el principal hospital pediátrico del país. Durante este tiempo ha visto cómo desmejoran en paralelo las condiciones del hospital y la vida de Winder, sin la esperanza que poder recibir un trasplante, pues el Sistema de Procura de Órganos y Tejidos está suspendido desde hace tres años y nueve meses.
«Son niños que tienen muchos años recibiendo diálisis y es una diálisis eterna. Eso no puede ser. En ningún país del mundo ocurre esto: normalmente un niño que tiene un tiempo en un servicio de diálisis, después de que pasa una temporada de hasta un año, comienza todo un protocolo para el trasplante, pero en Venezuela lamentablemente seguimos sin trasplantes», declaró Katherine Martínez, directora de la organización no gubernamental Prepara Familia.
Para Andrea González, madre de una paciente del servicio de Nefrología del J. M. de los Ríos, su mayor deseo es que puedan operar a su hija. «Lo que quiero es que operen a mi hija y que nos regresemos todos a Valera (Trujillo)», expresó mientras sostenía un cartel exigiendo la reactivación del programa de trasplantes.
Entre las peticiones también estaba el mantenimiento a la planta de ósmosis y el tanque necesario para el proceso de hemodiálisis.
Los niños, niñas y adolescentes del servicio de Nefrología están amparados por medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) desde 2018. Sin embargo, el pasado 21 de febrero organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el Estado venezolano todavía incumple las medidas, con consecuencias negativas sobre los pacientes.
El último paciente de Nefrología en fallecer a la espera de la reactivación de los trasplantes fue Deivys Román, de solo 10 años de edad. Era uno de los sobrevivientes del brote infeccioso que afectó al servicio en 2017 y uno de los solicitantes originarios de las cautelares.
