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Sin dotación para las quimioterapias se mantienen los niños, niñas y adolescentes del servicio de Hematología del principal hospital pediátrico de Venezuela, el J. M. de los Ríos, ubicado en Caracas.

La entrega de los quimioterápicos al servicio, por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), había sido constante desde hace dos años, pero empezó a reducirse en los últimos meses hasta llegar a un nivel mínimo. Los pedidos no se envían al hospital desde marzo de 2021.

A la organización no gubernamental Prepara Familia llegan denuncias de madres y familiares de los pacientes del servicio, quienes deben someterse a horas de cola en las afueras de las farmacias de alto costo del Ivss, desde la madrugada, para poder ser atendidos. 

Las familias comenzaron a acudir desde septiembre a las farmacias de alto costo para conseguir medicamentos puntuales, pero desde mediados de octubre van en busca de casi todos los protocolos que requieren los pacientes para cumplir las quimioterapias. En muchos casos no les entregan todos los medicamentos necesarios.

En el servicio comenzaron a agotar su inventario y ya solo les queda Metotrexate y Citarabina, necesarios para tratar a los niños de Hematología con enfermedades oncológicas. 

Como consecuencia, muchos de los tratamientos se han retrasado o están en riesgo de retrasarse, lo que incide en el cumplimiento de los protocolos de quimioterapia, reduce las posibilidades de curación de los niñas, niñas y adolescentes del servicio y favorece recaídas de las enfermedades.

No es la primera vez en el año que las quimioterapias están amenazadas en el servicio de Hematología del J. M. de los Ríos. En marzo de 2021, las quimioterapias se suspendieron por fallas del aire acondicionado de la unidad de mezclas. En julio de 2020 también se suspendieron por la misma razón. 

En el servicio, además, carecen de inyectadoras, guantes, yelcos, macro o microgoteros. 

Los niños, niñas y adolescentes del servicio de Hematología del J. M. de Los Ríos están amparados por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde agosto de 2019, pero el Estado incumple estas medidas.