Diáspora de médicos y enfermeras, hospitales desabastecidos, epidemias, muertes por falta de tratamiento y un sistema sanitario desarticulado. Ese es el legado que deja Nicolás Maduro tras sus primer mandato en la Presidencia. Seis años después de su llegada al poder, ocho funcionarios distintos han encabezado el Ministerio de Salud y la comunidad internacional califica la situación venezolana de ‘emergencia humanitaria‘.
En marzo de 2016 se volvió viral la pancarta que portaba Óliver Sánchez, un niño de ocho años diagnosticado con linfoma de Hodgkin. «Quiero curarme. Paz. Salud», rezaba el papel; pero ni cura, paz ni salud han encontrado los pacientes crónicos en Venezuela desde entonces.
Óliver murió mientras luchaba contra su linfoma y la escasez de tratamiento. Su caso es apenas uno de un número que la opacidad del Gobierno hace difícil de precisar.
Lea también: Murió el niño Oliver Sánchez tras luchar por conseguir medicinas para su tratamiento
Desde 2015, las protestas por el acceso a la salud se volvieron una constante en el país. Pacientes trasplantados, con parkinson, VIH, cáncer y otras patologías han exigido tratamiento ante diversas instancias gubernamentales y organismos internacionales, pero la situación solo se ha agravado desde entonces. No ha habido respuesta por parte de las autoridades venezolanas.
En marzo de 2018 la Encuesta Nacional de Hospitales reveló que 20% de los quirófanos de los centros públicos del país están inoperativos, mientras que 78% ha reportado fallas intermitentes que afectan su funcionamiento.
El estudio también arrojó que 88% de los centros de salud presentaron fallas de medicamentos, un incremento de 10 puntos porcentuales en relación con lo registrado el año anterior.
La organización Médicos por la Salud volvió a llevar el pulso de la crisis hospitalaria en noviembre del año pasado y determinó que el nivel de desabastecimiento de las salas de urgencias en los centros asistenciales de la red pública alcanzó el 51%.
Lea también: Paralizado 20% de los quirófanos del país y 78% con fallas, según Encuesta Nacional de Hospitales
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El abastecimiento de los centros públicos de salud no es la única que deuda que tiene Maduro en materia sanitaria. Los sueldos dignos, tanto para médicos como para enfermeras, también es otro de los grandes pendientes que tiene el mandatario.
La ausencia de tratamiento y de material médico-quirúrgico, así como los bajos sueldos, son dos de los principales motivos que llevaron al personal sanitario a buscar mejores condiciones laborales fuera de las fronteras.
Según la Federación Médica Venezolana (FMV), más de 26 mil médicos han abandonado el país desde 2004, pero en los últimos cuatro años el éxodo se ha agudizado con Maduro en el poder. El mismo proceso que sufren las enfermeras, quienes protagonizaron las protestas por salario justo el año pasado tras declararse en huelga.
Solo en la gestión del presidente Nicolás Maduro ocho funcionarios distintos han ocupado el cargo de ministro de Salud. En ese mismo período de tiempo han reaparecido enfermedades erradicadas desde, al menos, 15 años y han faltado políticas sanitarias continuas para frenar las epidemias de malaria, sarampión y difteria.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) desde 2016 hasta noviembre de 2018 Venezuela notificó 2.360 casos sospechosos de difteria y 238 fallecidos.
El organismo internacional detalló que solo hasta noviembre del año pasado el país registró 73 muertos y más de 5.600 casos confirmados de sarampión.
El año pasado Venezuela también se posicionó como la nación que registró el mayor aumento de casos de malaria del mundo. En su informe global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) precisó que el país acumula más de la mitad de los casos registrados en la región latinoamericana.
Lea también: Las epidemias y las enfermedades que repuntaron con los ministros de Salud de Maduro
Por primera vez, y ya para finalizar la última parte de su mandato presidencial, las ONG venezolanas alertaron que Venezuela ya no vive una crisis humanitaria, sino de una emergencia compleja.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) una emergencia compleja es una crisis humanitaria grave, que suele ser el resultado de una combinación de inestabilidad política, conflictos y violencia, desigualdades sociales y una pobreza subyacente.
Este 2018 Venezuela también recibió por primera vez recursos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Desde el 30 de mayo del año pasado, el Fondo Central de las Naciones Unidas para la Acción en Casos de Emergencia (Cerf por sus siglas en inglés) ha desembolsado 23.186.132 dólares para atender la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela.
Lea también: Más de $23 millones de emergencia invirtió la ONU para atender a venezolanos en 2018
La comunidad internacional también reconoció la gravedad de la crisis sanitaria en el país. En julio, 53 países denunciaron mediante una declaración la «grave situación humanitaria» que sufre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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En marzo de 2016 se volvió viral la pancarta que portaba Óliver Sánchez, un niño de ocho años diagnosticado con linfoma de Hodgkin. «Quiero curarme. Paz. Salud», rezaba el papel; pero ni cura, paz ni salud han encontrado los pacientes crónicos en Venezuela desde entonces.
Óliver murió mientras luchaba contra su linfoma y la escasez de tratamiento. Su caso es apenas uno de un número que la opacidad del Gobierno hace difícil de precisar.
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Desde 2015, las protestas por el acceso a la salud se volvieron una constante en el país. Pacientes trasplantados, con parkinson, VIH, cáncer y otras patologías han exigido tratamiento ante diversas instancias gubernamentales y organismos internacionales, pero la situación solo se ha agravado desde entonces. No ha habido respuesta por parte de las autoridades venezolanas.
En marzo de 2018 la Encuesta Nacional de Hospitales reveló que 20% de los quirófanos de los centros públicos del país están inoperativos, mientras que 78% ha reportado fallas intermitentes que afectan su funcionamiento.
El estudio también arrojó que 88% de los centros de salud presentaron fallas de medicamentos, un incremento de 10 puntos porcentuales en relación con lo registrado el año anterior.
La organización Médicos por la Salud volvió a llevar el pulso de la crisis hospitalaria en noviembre del año pasado y determinó que el nivel de desabastecimiento de las salas de urgencias en los centros asistenciales de la red pública alcanzó el 51%.
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El abastecimiento de los centros públicos de salud no es la única que deuda que tiene Maduro en materia sanitaria. Los sueldos dignos, tanto para médicos como para enfermeras, también es otro de los grandes pendientes que tiene el mandatario.
La ausencia de tratamiento y de material médico-quirúrgico, así como los bajos sueldos, son dos de los principales motivos que llevaron al personal sanitario a buscar mejores condiciones laborales fuera de las fronteras.
Según la Federación Médica Venezolana (FMV), más de 26 mil médicos han abandonado el país desde 2004, pero en los últimos cuatro años el éxodo se ha agudizado con Maduro en el poder. El mismo proceso que sufren las enfermeras, quienes protagonizaron las protestas por salario justo el año pasado tras declararse en huelga.
Solo en la gestión del presidente Nicolás Maduro ocho funcionarios distintos han ocupado el cargo de ministro de Salud. En ese mismo período de tiempo han reaparecido enfermedades erradicadas desde, al menos, 15 años y han faltado políticas sanitarias continuas para frenar las epidemias de malaria, sarampión y difteria.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) desde 2016 hasta noviembre de 2018 Venezuela notificó 2.360 casos sospechosos de difteria y 238 fallecidos.
El organismo internacional detalló que solo hasta noviembre del año pasado el país registró 73 muertos y más de 5.600 casos confirmados de sarampión.
El año pasado Venezuela también se posicionó como la nación que registró el mayor aumento de casos de malaria del mundo. En su informe global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) precisó que el país acumula más de la mitad de los casos registrados en la región latinoamericana.
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Por primera vez, y ya para finalizar la última parte de su mandato presidencial, las ONG venezolanas alertaron que Venezuela ya no vive una crisis humanitaria, sino de una emergencia compleja.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) una emergencia compleja es una crisis humanitaria grave, que suele ser el resultado de una combinación de inestabilidad política, conflictos y violencia, desigualdades sociales y una pobreza subyacente.
Este 2018 Venezuela también recibió por primera vez recursos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Desde el 30 de mayo del año pasado, el Fondo Central de las Naciones Unidas para la Acción en Casos de Emergencia (Cerf por sus siglas en inglés) ha desembolsado 23.186.132 dólares para atender la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela.
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La comunidad internacional también reconoció la gravedad de la crisis sanitaria en el país. En julio, 53 países denunciaron mediante una declaración la «grave situación humanitaria» que sufre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.