Lery Viloria de González fue diagnosticada con cáncer de mama en 2017. Sus médicos le indicaron que debía recibir quimioterapia y someterse a un terapia complementaria por cinco años con un medicamento llamado Tamoxifeno. Desde entonces acudió innumerables veces al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), pero no le recibieron su carpeta con los recaudos porque no tenían el tratamiento.
Buscó en el sector privado, pero tampoco lo conseguía en farmacias comunes ni otras farmacias de alto costo. Siguió acudiendo al Ivss durante un año y nunca lo encontró. Tuvo que acudir a familiares y amistades en el extranjero y, con el envío de récipes, pudo obtenerlos.
“Ya el proceso en sí de vivir esta experiencia es muy duro para nosotras como mujeres y es duro estar sometida a la indiferencia de los organismos públicos que de ninguna manera resuelven. En agosto de este año, volví a acudir al Seguro y no había el medicamento tampoco. Han pasado tres años”, dijo Lery, una de las venezolanas con cáncer de mama beneficiarias de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh).
Lery formaba parte de un grupo de 25 mujeres con cáncer de mama que en 2018 acudió a organizaciones defensoras de derechos humanos a manifestar su preocupación y desesperación por las dificultades para acceder a cirugías y tratamientos. Muchas no pudieron pagar exámenes e informes para sustentar sus casos ni pudieron financiar sus tratamientos y el grupo se redujo a 12.
El 3 de junio de 2019, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Acción Solidaria, Prepara Familia, la Fundación Lucha Contra el Cáncer de Mama (Funcamama) y SenosAyuda solicitaron las medidas ante la Cidh. El 19 de octubre de 2020, Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de Mama, finalmente el organismo otorgó las cautelares e instó al Estado venezolano a tomar acciones que posibiliten el acceso a un tratamiento adecuado para las mujeres con cáncer de mama. Pero dos de las 12 mujeres beneficiarias no alcanzaron a ver esta decisión.
“Dos de las personas que forman el grupo de 12 fallecieron durante este período. Eso lo que hace es demostrar que, efectivamente, cuando estas mujeres se acercaron a pedir ayuda y a solicitar que las apoyáramos era porque estaban en peligro real de muerte. Es triste decir que el tiempo nos dio la razón”, dijo Nancy Cardozo, gerente general de SenosAyuda, durante una rueda de prensa este 23 de octubre.
Para Cardozo, las medidas cautelares representan un documento para hacer visible lo que ocurre con las mujeres con cáncer de mama en Venezuela, donde se estima que cada día 19 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama, 15 de ellas con diagnósticos tardíos. Los gastos individuales pueden superar los 9.000 dólares.
“La incidencia de cáncer de mama en el mundo va en descenso. Los sistemas de detección permiten una detección mucho más temprana. Igualmente va en descenso el índice de mortalidad, pero en el caso de Venezuela la situación es totalmente contraria, la incidencia es menor peor porque la detección es cada vez más difícil y los índices de mortalidad van en crecimiento”, destacó.
Rueda de prensa sobre las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a 12 … https://t.co/xlT0d2bM4a vía @YouTube
— FUNCAMAMA (@FUNCAMAMA) October 23, 2020
Fallas de servicios
Luisa Rodríguez Táriba, directora de Funcamama, aseguró que además de lidiar con el deterioro del sistema de salud y la falta de medicamentos, las mujeres con cáncer de mama también padecen la falta de combustible y la intermitencia del servicio eléctrico, que les impide movilizarse a recibir sus tratamientos, situación que reduce sus esperanzas de vida.
“La emergencia humanitaria tiene un impacto diferenciado por ser mujeres y por vivir con una condición de salud de alto costo, catalogada por algunos como una enfermedad catastrófica. En Venezuela el cáncer de mama es la condición de salud oncológica de mayor incidencia y mortalidad. Es alarmante que el gobierno venezolano no haya realizado acciones eficaces y sostenibles para cambiar esta realidad, agregó.
Para María Alejandra Díaz, una de las beneficiarias de las medidas cautelares, el cáncer de mama diagnosticado en 2015 representó un proceso doloroso, agravado por los altos costos de los tratamientos, el deterioro del sistema de salud y de los servicios.
“En Venezuela, con lo que es salud, alimentación y servicios eléctricos hemos pasado penurias. La electricidad ha sido fatal. Cuando no se va en la mañana, se va en la tarde, esto nos ha atrasado a nosotros porque ¿cómo realizarte un examen, trabajar, cómo desenvolverte en tu entorno? Son tantas aristas que uno tiene que ver y todo nos ha afectado”, indicó Díaz.
Sus archivos siempre fueron “engavetados” en el Seguro Social. Ha podido tener operaciones y radioterapias gracias al apoyo de su familia, pero debe someterse a otra cirugía y no ha podido reunir todos los recaudos.
Mientras, debe velar por sus dos hijos: “Mami tiene que estar sana, pero mami no tiene los recursos para hacerse exámenes. Mami tiene que alimentar niños, mami recurre a fundaciones, amigos y la familia. Si mami está bien, todos estamos bien, pero este proceso para nosotros es bastante doloroso porque no estoy produciendo nada y en lo que va de año no he podido realizarme los exámenes”.
Lo que se espera
Juan Carlos Mogollón, representante de Cepaz, afirmó que el otorgamiento de las medidas cautelares representa un antecedente para las mujeres en Venezuela y en la región y se espera que el gobierno responda.
“Ya el gobierno, el Estado venezolano, no puede decir que no sabe que esta situación está ocurriendo. Ya están informados y es su responsabilidad, no solo con las víctimas beneficiarias de esta medida sino con todas las que están afectadas por esta situación en el país, responder de una manera adecuada”, expresó.
Añadió continuarán monitoreando la medida, con nuevas dinámicas de presión como el envío de información de la Cidh a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o la solicitud de medidas provisionales de mayor alcance ante la Corte Interamericana, promoviendo que si no hay cumplimiento de las medidas se demuestra que hay violación a los derechos humanos en el país.
Natasha Saturno, representante de Acción Solidaria, y Luis Rodríguez Táriba por Funcamama, también esperan que las medidas sirvan para que el programa humanitario de Naciones Unidas en el país incluya a las mujeres con cáncer de mama en la respuesta humanitaria en el territorio y para que incentiven acuerdos de cooperación internacional con distintas organizaciones.
“Es la respuesta a más de una década de trabajo donde han sido cientas las mujeres que no han logrado sobrevivir y donde no se ve salida a esta realidad. Por eso agradecemos el otorgamiento de estas medidas cautelares y exigimos a todas las autoridades y actores nacionales e internacionales que protejan el derecho a la salud y la vida de las mujeres con cáncer de mama”, dijo Rodríguez.