El 2019 marcó un hito para el Centro de Estudios sobre Malaria Dr. Arnoldo Gabaldón de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Por primera vez en una década, el instituto registró un descenso en el número de personas con paludismo que llegan en busca de atención médica. Desde 2009 la cantidad de casos iba en aumento y 2018 fue el año récord.

“No hemos completado los primeros cuatro meses de 2019 y ya hemos visto la mitad de los casos que veíamos el año anterior para esta fecha. Están llegando menos pacientes“, afirma Oscar Noya, coordinador del centro.

“Tras una década, este es el primer año que observamos un descenso“, dice en el marco del Día Mundial del Paludismo, conmemorado todos los 25 de abril.

El especialista en parasitología detalló que 10 años atrás el instituto recibía entre 20 y 30 casos anuales. En 2018, el centro trató a más de 3.500 pacientes. “Es decir, llegamos a tener una cifra 150 veces mayor”, apunta.

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Las razones detrás de la disminución de casos, explicó Noya, son tres. En primer lugar, subraya las acciones desplegadas por las ONG Rotary International y Médicos sin Fronteras, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud en los pueblos al sur del estado Bolívar, donde se encuentra el principal foco de malaria en el país.

Estas instituciones han repartido mosquiteros a los habitantes del área para prevenir la proliferación de la enfermedad, transmitida por el zancudo anopheles.

En segundo lugar, Noya destaca el severo período de sequía que viene atravesando el país en los últimos meses, lo que ha evitado que las aguas se empocen y se formen criaderos de mosquitos.

En tercer lugar, resalta la distribución y oferta de medicamentos antimaláricos en los pueblos mineros de Bolívar. La mayoría de estas medicinas, dijo, provienen de India y fueron adquiridas por el Estado a través del fondo rotatorio de la OPS.

“En 2018 la OPS empezó a traer antimaláricos. Desde hace dos años el Estado no los entregaba”, explica Noya. “Antes venían más personas al centro a buscar medicamentos porque no se conseguían en ningún lado. Ahora, como tienen allá, no hace falta que vengan a Caracas”.

Aún así, el instituto ubicado en la Ciudad Universitaria sigue recibiendo pacientes que viajan de Bolívar, Sucre, Monagas, Miranda y otras entidades. En los Valles del Tuy hay un foco importante de paludismo.

Noya añade que las acciones desplegadas en el estado Bolívar se aplicarán también en Sucre, donde hay otro foco. También indica que se espera que la Cruz Roja, que ingresó un primer cargamento de ayuda humanitaria el pasado 16 de abril, participe en los esfuerzos por reducir la proliferación de casos.

Años de oídos sordos

Las medidas implementadas por el Estado llegan con al menos una década de tardanza. En el último reporte global sobre el paludismo, divulgado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en noviembre del año pasado, estima que en 2017 Venezuela registró hasta 665 mil casos de la enfermedad transmitida por vector y un total de 790 muertes.

El informe también detalla que Venezuela acumuló 53% de los casos de malaria de la región para ese año.

Sin embargo, Noya considera que los cálculos de la OMS se quedan cortos ante la verdadera dimensión de la epidemia de malaria. El coordinador del centro de estudios estima que Venezuela cerró 2018 con más de un millón casos y detalla que, en sus registros, el Ministerio de Salud no toma en cuenta las recaídas.

Esta cantidad contempla el número de transmisiones registradas entre 2017 y 2018.

La Sociedad Venezolana de Salud Pública y la Red Defendamos la Epidemiología Nacional también calificaron los cálculos de la OMS como conservadores. La agrupación médica proyectó que para el cierre de 2018, Venezuela alcanzaría 1.064.544 casos totales de malaria, incluyendo infecciones no notificadas y recaídas.

Noya celebra que el Estado venezolano retome sus responsabilidades en materia de salud pública. Sin embargo, estima que, en el mejor de los casos, estos esfuerzos reduzcan la cantidad de contagios a la mitad.

Es decir, las transmisiones están lejos de reducirse a los números de hace 10 años. Para entonces, el boletín epidemiológico daba cuenta de un acumulado de 35.725 casos.

“Bolívar es una zona difícil de trabajar. Tienes minería ilegal, grupos armados y guerrilla en un mismo sitio. Quienes están allá (las organizaciones) pueden ayudar a disminuir los casos, pero no llevarlos al mínimo. Las proyecciones económicas para este año no son nada alentadoras y la gente va a seguir yendo a las áreas mineras para extraer oro”, afirma Noya. “Hasta que no haya un control de la actividad minera, la epidemia va a continuar”.

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