Un grupo de privados de libertad denunció, este sábado 7 de julio, que empeoraron las condiciones de reclusión en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, desde que el pasado 16 de mayo los presos llevaron a cabo un motín por sus derechos humanos.
A través de un comunicado, explicaron que se encuentran “al borde de un estallido interno“. Esto como consecuencia de las órdenes del director del Sebin, Gustavo González López, ejecutadas por los comisarios Carlos Calderón y Rony González; quienes les “han negado intencionalmente sus derechos constitucionales“.
Comentaron que cambiaron a todos los custodios, a excepción de un inspector “con seudónimo o nombre Francier”. Aseguraron que el funcionario de seguridad permitió la golpiza que le dieron al ex preso político, Gregory Sanabria, el 16 de mayo.
Las vacantes fueron asumidas por los comisarios Carlos González, alias Ricoche, y “una persona de apellido Salazar”. Los reclusos denunciaron que los agentes robaron neveras, televisores, artículos personales, enseres y víveres durante la realización de requisas. Dejaron a cada uno de los prisioneros con un colchón en el piso, ropa y agua.
Aunque habilitaron un salón de visita, no autorizan la entrada de familiares desde hace dos meses. Les niegan las salidas al sol y hurtan los artículos que les envían sus allegados. Las autoridades del penal “quisieron apaciguar los ánimos con unos televisores en diferentes áreas y algunas literas para las celdas”.
Ni agua
A lo anterior se suma que no cuentan con servicio de agua. El área de las mujeres se encuentra en peores condiciones de salubridad.
Los privados de libertad recalcaron que “no están dispuestos a renunciar a sus derechos constitucionales”. “Se debe otorgar justicia de inmediato para estas víctimas y medidas drásticas ante las autoridades del Sebin”.
“Es un llamado urgente para evitar la desgracia que se aproxima en el Sebin – El Helicoide y que no podrá ser evitada si se continúa pisoteando los derechos de tantos inocentes”, concluye el documento.
Suspensión de traslados a tribunales, centros penitenciarios e instituciones médicas; escasez de agua y alimentos; aislamiento; insalubridad y hacinamiento, eran las exigencias de los reclusos el pasado 16 de mayo. En ese entonces, el penal tenía dos meses sin agua.
Los cuerpos de seguridad lanzaron bombas lacrimógenas y suspendieron las visitas. Luego, un grupo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con equipos antimotín se apostó en el patio del penal.