Este jueves 9 de mayo Venezuela fue tema de conversación en el 172 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). En esta ocasión, la sociedad civil tuvo tres oportunidades para actualizar la situación al relator sobre la libertad de expresión y garantías políticas y de derechos humanos de los ciudadanos. Se hizo un espacio para revisar el cumplimiento de ocho medidas cautelares.
La primera exposición contó con miembros de la organización sin fines de lucro, Espacio Público. Desde Kingstone, Jamaica, donde se realiza el período de sesiones, Carlos Correa, director del organismo indicó que desde 1999 la libertad de expresión en Venezuela se ha visto vulnerable, cada vez más de forma sistemática.
“En los últimos 20 años, desde 1999 al 2019, hemos visto a un Gobierno que considera a la libertad de expresión como incompatible con su proyecto político. Más de 3.800 casos en estos años y solo 2.100 en los seis de Nicolás Maduro”, indicó Correa.
En la sesión se encontraba el comisionado Francisco José Eguiguren Praeli, relator sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. El alto funcionario de la Cidh expuso que habrían el espacio para conocer de los nuevos eventos que violentan a la ciudadanía y su libertad de expresión.
Uno de los casos presentados por Espacio Público fue el de José Muñoz, quien fue detenido el 30 de abril en Monagas, estado oriental de Venezuela. Misle González, miembro de la organización, relató cómo este hombre fue sacado a la fuerza de la sede de una emisora radial. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) lo detuvieron sin una orden judicial, mientras que en las redes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) se acusaba a la radio de desestabilizar y participar en un golpe de Estado.
“Monagas es una zona silenciada, al igual que nueve estados más. Las personas tienen tres canales de televisión que forman parte de los medios públicos, por lo que la crítica y la información contrastada no están presentes”, informó González.
Espacio Público reportó en el primer cuatrimestre de 2019 un total de 522 violaciones a la libertad de expresión. De las cuales 67 se trata de detenciones arbitrarias a periodistas y miembros de la sociedad civil que denunciaron la emergencia humanitaria compleja del país.
“El número de casos registrados en el primer cuatrimestre de este año significa un aumento de 198% con respecto al mismo periodo de 2018”, explicó Amado Vivas, del equipo de Espacio Público.
Correa tomó la palabra de nuevo para explicar los alcances de la Ley Contra el Odio, sancionada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano oficialista.
“La Ley Contra el Odio se usa para amedrentar y perseguir a sectores de la sociedad. Hay un patrón en las detenciones en las que se alega haber violado esta ley”, dijo.
Más adelante, en la tercera parte en la que se tocó el tema de Venezuela, Correa precisó el patrón:
– Descalificación pública. Se usan los canales del Estado.
– Descalificación en redes sociales.
– Detención arbitraria.
– Desaparición forzosa.
– Reclusión en centro clandestino.
– Aplicación de torturas psicológicas y físicas.
– Allanamiento ilegal del inmueble del detenido.
Venezuela en la OEA
El representante de Venezuela, designado por la Asamblea Nacional, Gustavo Tarre Briceño reiteró el compromiso del presidente encargado del país, Juan Guaidó, en cumplir con las obligaciones de la carta de la Organización de Estados Americanos y solicitó que la comisión continúe ejerciendo sus competencias.
Esta aclaratoria se hizo a propósito del anuncio de la salida de Venezuela del sistema latinoamericano hecho por Nicolás Maduro y el canciller Jorge Arreaza, el 27 de abril.
En ese sentido, Eguiguren Praeli expuso que es importante que el Gobierno interino y la sociedad civil contribuyan en presionar al gobernante Maduro; así como insistir en hacer públicas las denuncias, señalando que siguen siendo encargados de la protección de las victimas.
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