El Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los DDHH en la República Bolivariana de Venezuela fue publicado este jueves, 4 de julio, en horas del mediodía.
El documento, contiene una serie de conclusiones sobre la situación de DDHH en Venezuela, así como las recomendaciones que realiza la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) al Gobierno de Venezuela para que las tome “de manera inmediata”.
Conclusiones del informe de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH
“El ACNUDH considera que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela. El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas. Conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria, por motivos políticos, y como instrumento de control social. Las recientes sanciones económicas están agravando la crisis económica, lo que en último término aumentará el impacto negativo en el disfrute por la población de los derechos económicos y sociales“, concluye el informe.
También se hace un llamado en el apartado de la libertad de expresión, opinión y la restricción del espacio democrático.
“Durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial”, concluye la Alta Comisionada.
En el informe se destaca que “todo ello ha permitido al Gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. Las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas”.
La Alta Comisionada resaltó que “miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años” y destaca que “Al Acnudh le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES, y posiblemente a otras fuerzas de seguridad, como parte de una política de control social”.
Otro punto que resalta en las conclusiones del informe es el que refiere a la población indígena venezolana.
“Los pueblos indígenas venezolanos son objeto de graves violaciones de sus derechos individuales y colectivos. Al Acnudh le preocupan especialmente los informes de amenazas y actos de violencia contra autoridades y dirigentes indígenas y la represión selectiva de los/as pemones que se oponen al Gobierno”, sentencia.
Para finalizar el apartado de conclusiones, la Acnudh asegura que “el Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación. La impunidad ha permitido que se repitan las violaciones de los DDHH, ha envalentonado a los autores, y ha dejado de lado a las víctimas”.
“Disuelva las FAES” y otras recomendaciones al Gobierno venezolano
Son 24 recomendaciones las que hace la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. A continuación lea las más destacadas:
(a) Adopte todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios de atención de la salud, incluidos programas amplios de atención de la salud preventiva, prestando especial atención a los servicios maternos e infantiles, incluida la atención de la salud sexual y reproductiva;
(b) Adopte de inmediato medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechos humanos, en particular las violaciones graves, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.
(d) Ponga en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad;
(f) Adopte medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y a las personas profesionales de los medios de comunicación;
(g) Cese toda intimidación y ataques contra los pueblos indígenas, incluidos/as sus líderes y lideresas, y garantice su protección y adopte todas las medidas necesarias para proteger sus derechos individuales y colectivos, incluido su derecho a la tierra;
(i) Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas;
(j) Adopte medidas efectivas para restablecer la independencia del sistema judicial y garantizar la imparcialidad de la Fiscalía General y del Defensor del Pueblo;
(l) Garantice el derecho a la identidad y la documentación a todas las personas, incluyendo a niños/as;
(e) Aumente la cobertura de la vacunación contra enfermedades evitables y adopte medidas adecuadas para controlar los brotes de enfermedades transmisibles;
(g) Revoque las clausuras de medios de comunicación y ponga fin a otras medidas de censura contra los medios de comunicación; garantice el acceso a Internet y a las redes sociales, incluidos los sitios web de noticias, y la imparcialidad de los órganos oficiales en la asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico;
Puede descargar y leer el informe en el siguiente enlaces: