Desde el 23 de mayo, Maria Andreína ha perdido 26 días de clases y estudio. Ella fue detenida sin una orden judicial en su residencia de Bellas Artes junto a David Sosa, de 21 años. En este tiempo la joven solo ha podido ver a su madre en tres ocasiones, luego de pasar tres días incomunicada de sus seres queridos cuando fue detenida.
María Andreína Montilla tiene 20 años de edad y permanece recluida en la sede del cuerpo policial político que la detuvo, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicado en El Helicoide, Distrito Capital. Allí hay también otras seis mujeres presas de forma arbitraria a quienes se acusa de terrorismo e instigación a la rebelión, entre otros delitos de carácter bélico.
En total, 16 mujeres como María Andreína permanecen privadas de libertad luego de haber sido detenidas durante las manifestaciones contra las políticas del Gobierno de Nicolás Maduro, 356 fueron arrestadas en ese contexto desde el 1 de abril al viernes 16 de junio, de acuerdo con información de Foro Penal.
Alfredo Romero, abogado y director de esta organización que defiende los derechos humanos, informó a Efecto Cocuyo que de estas 16 mujeres, hay 12 que fueron procesadas por tribunales militares, acción que es una violación al debido proceso y de los derechos fundamentales criticada por Foro Penal, Provea e incluso el Ministerio Público.
Estas 12 personas son: Estefani Salazar, María Andreína Montilla Escalante, Diana Milagros Prieto, Daniela Carolina Mejías Sanhil, Lisbeth Auxiliadora Añez Tomi, Carmen Estalia Salazar Maita, Lisbeth Quiroz, María Volcán, Grace Kelly Vizcuña, Carla Gabriela Velásquez Velásquez, Carolay Leiva. Las otras cuatro mujeres presas políticas son: Yusneide Victoria López, Luzmery Galindo Pulido, Gabriela Rodríguez y Caridad del Valle López.
“Desde el 8 de mayo de 2014 hemos visto un crecimiento de detenciones de mujeres muy preocupante, debido a que este tipo de arrestos no existían en el Gobierno de Hugo Chávez. Cada vez se respeta menos los derechos de los ciudadanos“, indicó Romero quien señaló que desde 2014 hay 76 presas políticas.
El defensor de derechos humanos denunció que las detenciones de las mujeres en contexto de protestas mantienen el mismo esquema de los aprehensiones de masculinos: arbitrariedad, agresividad e incomunicación.
Puntualizó que las mujeres detenidas en ocasiones han sido sometidas a diferentes esquemas de amenazas sexuales y los sitios de reclusión no garantizan que sea limitado el contacto con hombres.
Todo esto configura el delito de violencia de género, según la abogada y defensora de los derechos de las mujeres, Beatriz Borges. “Bajo la legislación venezolana a las mujeres se les debe garantizar su derecho de una vida libre de violencia. En consecuencia, toda acción u omisión que no la protege se considere como violencia de género: las insinuaciones sexuales, toqueteos, pedirles que se desnuden o que permanezcan con poca ropa, los piropos, las amenazas de abusos sexual, entre otros”, aclaró la defensora.
A María Andreína no le han garantizado sus derechos. De acuerdo con uno de sus amigos cercanos, la madre de la joven solo la ha podido ver en tres ocasiones durante cinco minutos. Dijo que desconocen si los artículos personales y la comida que le envían le llega completamente, pues no hay comunicación con la estudiante universitaria acusada de traición a la patria, rebelión militar y sustracción de efectos de la Fuerza Armada.
“Siento impotencia, me parece injusto que una estudiante venezolana la vean como terrorista solo por pensar distinto. Desde su detención, salgo con una pancarta a las marchas, como un venezolano, como un amigo que quiere tenerla de vuelta en la universidad (Católica Santa Rosa)”, manifestó el joven quien pidió anonimato.
Una amiga, una madre presa
“Para mí el cambio es de 180 grados. Vivo solo con ella desde que estudio en la universidad. Ella me ayudaba en todo, en mi comida, mi transporte. Ella es mi compañía y ahora tengo un vacío gigante y una intranquilidad porque siempre estoy pensando en qué le estará pasando a ella”, manifestó Luis González, hijo de Lisbeth Auxiliadora Añez Tomi detenida el 11 de mayo quien, aun cuando es una civil, fue acusada de rebelión militar y traición a la patria por un tribunal militar.
Ella es conocida como “mamá Lis” por ser una de las mujeres que en 2014 apoyó a los jóvenes que acamparon por semanas en Altamira, Chacao y Las Mercedes como forma de protesta contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Luego de quelos campamentos fueran desmantelados y varios de los muchachos detenidos, ella se dedicó a llevarles comida y enseres a las cárceles donde estaban recluidos.
“Como para sus familiares era imposible visitarlos por motivos económicos y distancia, entonces ella los apoyaba. No te sabría decir a cuántos ayudó porque cuando a uno le daban la libertad ella iba y auxiliaba a a otros”, indicó su hijo mayor.
“Mamá Lis” tiene dos hijos, Luis y un joven de 20 años. Luis es quien ha asumido la labor de llevarle comida y enseres. Asegura que la ha visto con regularidad durante su detención, al menos dos veces a la semana.
“Los jueves y domingos me paro a las 8:00 am y le hago el bolso con la lista de cosas que ella me pide. Llego a las 10:00 am al Helicoide y paso la tarde con ella. Hablamos de la familia y de las tareas que necesita que haga, cosas del carro o del banco”, narró Luis.
Lisbeth Auxiliadora era gerente de Óptica Caroní y había renunciado el 31 de marzo para poder viajar a Estados Unidos y evaluar un tratamiento para la hepatitis que padece. El 12 de mayo fue detenida justo cuando estaba en el Aeropuerto de Internacional de Maiquetía por funcionarios de la Dirección de Contra Inteligencia Militar (Dgcim).
