El pasado 11 de junio, más de 20 funcionarios de la Superintendencia de Precios Justos (Sundde), del Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital (Satdc) y de los Bomberos de Caracas entraron a los locales de comida ubicados en la avenida Baralt para prohibirles la venta de productos regulados. La orden, proveniente del Gobierno del Distrito Capital, señala que los bienes regulados o “bachaqueables” deben ser destinados a la Fundación para el Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentaria (Fundeca) en apoyo a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
Once días después de los hechos que se registraron en la avenida Fuerzas Armadas el pasado 2 de junio, los comerciantes del centro de Caracas viven con el miedo de que se produzca una situación similar a la que ocurrió en la esquina La Crucecita. Sin conocimiento de la logística, y sin declaraciones por parte de los voceros oficiales, los vendedores se encuentran a la espera de que se esclarezca su función dentro de los Clap.
En los comercios ubicados en la avenida Baralt, la orden fue la misma: No se venderán harina de maíz precocida, harina de trigo, pasta, arroz, leche, mantequilla, aceite, azúcar, avena, sal ni granos. Sin embargo, los locales podrán realizar sus pedidos a empresas como Polar (alimentos) o Colgate-Palmolive (bienes de higiene) para que los productos que sean despachados vayan a los centros de acopio de los comités de abastecimiento.
En un recorrido realizado por Efecto Cocuyo en la avenida Baralt, cinco comercios ratificaron la prohibición proveniente del gobierno de Distrito Capital: Comercial Y.I.M., Naddura, Comercial Centro-Centro, Farmahorro y Practimercados Día a Día. Unos, con la lista de productos regulados que ya no expenderán.
“Eso es un riesgo, porque si a nosotros nos llega un camión que viene a despachar Harina PAN, la gente igual se va a poner a hacer su cola“, expresó un comerciante que prefirió no revelar su identidad. “Va a pasar lo mismo de la (avenida) Fuerzas Armadas y ellos van a querer que yo les venda“, agregó.
De acuerdo con el encargado de Comercial Y.I.M. —establecimiento fiscalizado la semana pasada— aún no están al tanto de si el negocio deberá prestar sus servicios a los Clap. No obstante, aseguró que “no ve factible” que la nueva medida ayude a paliar la crisis alimentaria.
“Aquí no han vuelto a despachar productos regulados desde el 1 de junio y yo creo que los demás negocios de la zona están igual, esperando a ver quién toma el primer paso y cómo lo hace para saber cómo funciona el proceso“, señaló el encargado del local.
Según explicó un comerciante a Efecto Cocuyo, los Clap podrán disponer de la mercancía comprada por los establecimientos y tendrán la posibilidad de pagar a los dueños 48 horas después. Aunque la información varió entre las fuentes consultadas, unos aseguraron que les corresponde suministrar los productos a comités que operan en comunidades específicas.
“El jefe se ha sentado a conversar con los funcionarios para intentar llegar a un acuerdo, pero ¿cómo es eso de que a uno le van a pagar luego de 48 horas?”, expresó un vendedor.
A mediados de mayo, en el local Centro Centro, a una cuadra de la estación de metro de Capitolio, se produjo un conato de saqueo. Luego de que se acabaran los paquetes de Harina PAN, un grupo de personas que estaba en la cola quemó cauchos frente al establecimiento. Acusaron a los dueños de haber parado la venta del producto.
Las denuncias de presuntos acaparamientos también están a la orden del día para los comercios de la avenida. En más de una ocasión, funcionarios de la Sundde han entrado a fiscalizar los locales.
“Aquí han venido como 7 veces. Uno vino hasta en tres ocasiones, ya sabía en dónde estaba el depósito”, comentó un trabajador de uno de los negocios, “una vez formaron un alboroto porque había un bulto de jabón guardado, resulta que era para los empleados del local”.
Aunque la venta de productos regulados terminó el 1 de junio para los abastos y comercios de la avenida, el practimercado Día a Día ya había suspendido la oferta de estos bienes desde hacía dos meses. Una trabajadora del lugar agregó que a la medida impuesta desde el Gobierno del Distrito Capital se sumaron los Unicasa y Central Madeirense.
Dos semanas después de la providencia entregada por funcionarios del Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital (Satdc), aún los comerciantes siguen a la espera de las órdenes del despacho gubernamental para comercializar los productos “bachaqueables“.
—¿No te ha llegado nada?— preguntó una señora al encargado del lugar
—No, mi amor. No nos ha llegado nada en las últimas dos semanas— respondió
“Aquí antes venía gente de Charallave, de Los Teques, de Antímano y de La Guaira porque allá no llegaban los productos con tanta frecuencia”, apuntó el vendedor, “ahora cada, vez que me preguntan, les digo que se vayan al este. Ahí es donde supuestamente están vendiendo comida“.