El diputado a la Asamblea Nacional por el Táchira, Walter Márquez, denunció, este miércoles 28 de octubre, al presidente Nicolás Maduro y al gobernador José Gregorio Vielma Mora ante la Fiscalía por cometer delitos de lesa humanidad tras el decreto de estado de excepción y el cierre de la frontera con Colombia.
“El presidente firmó un decreto de estado de excepción que fue publicado el 24 de agosto y en ese lapso procedieron a hacer desalojos masivos, deportaciones forzosas y traslados forzosos (en Táchira) lo cual está tipificado como un delito en el artículo 7 del Estatuto de Roma”, precisó.
A juicio del parlamentario, el jefe de Estado y el gobernador del Táchira “deben ser enjuiciados por instancias nacionales e internacionales”, por eso acudirá a la Corte Penal Internacional a oficializar la denuncia junto a un equipo de abogados que coordina el expresidente de la Federación Interamericana de Abogados, Rafael Veloz.
“Sabemos que los poderes están secuestrados en Venezuela, por eso vamos a la Corte Penal Internacional. Hay suficiente documentación que demuestra que se destruyeron 237 viviendas lo que viola la Ley Especial promulgada por el presidente Hugo Chávez sobre el desalojo forzoso de viviendas y el debido proceso administrativo que contempla la Ley de Migración y Extranjería”, declaró.
Este es el documento que introdujo al Ministerio Público:
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El diputado a la Asamblea Nacional por el Táchira, Walter Márquez, denunció, este miércoles 28 de octubre, al presidente Nicolás Maduro y al gobernador José Gregorio Vielma Mora ante la Fiscalía por cometer delitos de lesa humanidad tras el decreto de estado de excepción y el cierre de la frontera con Colombia.
“El presidente firmó un decreto de estado de excepción que fue publicado el 24 de agosto y en ese lapso procedieron a hacer desalojos masivos, deportaciones forzosas y traslados forzosos (en Táchira) lo cual está tipificado como un delito en el artículo 7 del Estatuto de Roma”, precisó.
A juicio del parlamentario, el jefe de Estado y el gobernador del Táchira “deben ser enjuiciados por instancias nacionales e internacionales”, por eso acudirá a la Corte Penal Internacional a oficializar la denuncia junto a un equipo de abogados que coordina el expresidente de la Federación Interamericana de Abogados, Rafael Veloz.
“Sabemos que los poderes están secuestrados en Venezuela, por eso vamos a la Corte Penal Internacional. Hay suficiente documentación que demuestra que se destruyeron 237 viviendas lo que viola la Ley Especial promulgada por el presidente Hugo Chávez sobre el desalojo forzoso de viviendas y el debido proceso administrativo que contempla la Ley de Migración y Extranjería”, declaró.
Este es el documento que introdujo al Ministerio Público: