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El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, rechazó este lunes 16 de agosto las «apreciaciones» de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que indicó en un documento revelado la semana pasada que existe «una base razonable» para creer que en el país se cometieron «crímenes de la competencia de la Corte al menos desde el 2017».

«Las mismas son apreciaciones subjetivas que no se ajustan a la realidad; consideramos que el Gobierno venezolano y sus instituciones han colaborado ampliamente con respecto al examen preliminar», indicó Moreno en un comunicado.

Asimismo, aseguró que el Estado venezolano ha llevado a término diversas investigaciones en materia de derechos humanos, «a fin de determinar el incumplimiento de los parámetros legales que sustentan la función policial y militar, y comprobar si han actuado o no en inobservancia de las leyes y reglamentos que los rigen».

Moreno señaló que el sistema de justicia venezolano está comprometido con «el deber de garantizar la estabilidad» del país y el funcionamiento de sus instituciones «en el marco de Estado de derecho delimitado en la propia Carta Fundamental, cumpliendo con los estándares internacionales del Sistema Universal de los Derechos Humanos».

Igualmente, extendió una invitación al fiscal de la CPI, Karim Kham, para que visite oficialmente Venezuela «y así estar a la orden para cualquier requerimiento por parte de la oficina».

Base razonable

La Fiscalía de la CPI publicó la semana pasada un informe, con fecha 15 de junio -día en que terminó su labor la entonces fiscal Fatou Bensouda- y con nota de «documento clasificado» hasta el 10 de agosto, que concluye que «hay una base razonable para creer que delitos que competen a la jurisdicción de la Corte se han cometido en Venezuela«.

No obstante, recuerda que será Khan el que tomará la decisión definitiva acerca del caso.

En el documento, Bensouda considera que, de acuerdo a la información de la que dispone, tiene «una base razonable» para creer que desde abril de 2017 «autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos progobierno han cometido crímenes de lesa humanidad».

Entre ellos, está el encarcelamiento «u otros tipos de severa privación de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional», la tortura y la «violación u otras formas de violación sexual», así como persecución por motivos políticos.