La ejecución del exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Óscar Pérez, y seis de sus compañeros integrantes del movimiento subversivo Equilibrio Nacional sigue envuelta en un halo de misterio.
La denegación de justicia busca enterrar las circunstancias en la que se produjeron los asesinatos, a juicio de la presidenta de la comisión de Política Interior, Delsa Solórzano, quien lleva la investigación desde la Asamblea Nacional.
No obstante, los diputados reconstruyeron parcialmente los hechos, con apoyo de expertos forenses y exfuncionarios del Cicpc. Así fue como obtuvieron nuevos datos ofrecidos este miércoles 7 de marzo durante la presentación del informe final que remitirán a la Corte Penal Internacional (CPI).
La Operación Gedeón, como la denominó el Gobierno nacional, dejó en total nueve fallecidos, entre los integrantes del movimiento Equilibrio Nacional -que lideraba Pérez-, un integrante del colectivo Tres Raíces y un policía que actuaba en el operativo.
El número de heridos es de ocho funcionarios del Faes (Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana).
Uno de los datos nuevos que aportó la comisión este miércoles fue el balance de detenidos. Solórzano precisó que tienen conocimiento de que existen al menos 30 personas privadas de libertad a quienes relacionan con Óscar Pérez.
Operación Gedeón fue una emboscada para destruir y no para capturar, según expertos
Violación de la cadena de custodia
La comisión de Política Interior señala en su informe que se violó deliberadamente toda la cadena de custodia para destruir las pruebas de los asesinatos. No se estableció el perímetro para resguardar el lugar del suceso e incluso se derribó la casa en la que fueron atacados Pérez y sus compañeros en El Junquito.
“Tampoco hay armas recuperadas. ¿Qué pasó con esas armas?”, cuestionó la diputada, quien señaló que se violó el artículo 261 de la Constitución, el cual establece:
“La jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial, y sus jueces o juezas serán seleccionados o seleccionadas por concurso. Su ámbito de competencia, organización y modalidades de funcionamiento se regirán por el sistema acusatorio y de acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar. La comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar“.
Que el caso de Pérez fue asumido por una fiscalía militar fue todo lo que se limitó a revelar el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab.
Lo que no se sabe
La comisión no pudo determinar si hubo o no enfrentamiento entre los cuerpos policiales y el grupo de Pérez, como afirmó el ministro de Interiores, Justicia y Paz, Nestor Reverol, porque se le impidió el acceso a El Junquito a la comisión parlamentaria. Sin embargo, subrayan que el material audiovisual al que tuvieron acceso y los testimonios de los habitantes de la zona donde ocurrió el operativo militar y policial desmienten esa versión oficial.
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