“Qué poco hizo la gestión pasada”, expresó el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, en referencia al trabajo de Luis Ortega Díaz. Desde la sede principal del Ministerio Público (MP) —y acompañado de la vicefiscal designada por el Tribunal Supremo de Justicia, Katherine Harrington— el exdefensor del Pueblo denunció que existe corrupción en el organismo y anunció una reestructuración.
“Vamos a conformar una comisión de restructuración de la Fiscalía General de la República y vamos a ir designando los fiscales superiores. Hasta la fecha solo los hemos designado en cuatro estados: Anzoátegui, Carabobo, Yaracuy y Miranda”, dijo.
Añadió que en su primera semana como titular del MP ha visto “burocratismo” y “apatía” en la institución y que se investigarán 250 cargos directivos y de jefaturas para conocer su “pertinencia” dentro del organismo.
“Nuestro principal objetivo es transformar eso”, aseguró. Dijo que en conversaciones informales la habían asegurado que la Fiscalía había 3.000 trabajadores, cuando en total, suman 12 funcionarios.
Saab denunció que también se ha enterado de casos de corrupción, entre los cuales señaló que funcionarios “han transado” en dólares la liberación de imputados, así como también la decisión de casos o el sobreseimiento de causas. “Vamos a crear una oficina solo para eso para recibir denuncias por la extorsión de fiscales“, indicó.
“Para que hayan hecho esto, funcionarios de la institución deben haber tenido un mal ejemplo de las máximas autoridades y deben haber contado con la complicidad de cuerpos policiales. Eso debe acabarse”, afirmó Saab. Agregó que se iniciarán investigaciones para que la red “salga a flote” y que los culpables serán puestos a la orden de la justicia.
Pese a que el nuevo Fiscal General no se refirió a la más de 120 muertes registradas en el marco de las manifestaciones de los últimos cuatro meses, denunció que en la gestión de Ortega Díaz no se abrieron investigaciones por daños ambientales ni por el “uso” de niños y adolescentes en las protestas.
“Hemos decidido la apertura de investigaciones penales que no fueron abiertas por el MP en un momento oportuno (…) por daños ambientales debido a la tala y quema de árboles en contexto de manifestaciones violentas”, resaltó.
Sobre la utilización de niños, niñas y adolescentes, Saab enfatizó que tampoco se han abierto investigaciones penales pese a que “en la Defensoría del Pueblo se recibieron al menos cuatro denuncias de madres cuyos hijos fueron captados para participar en las protestas”.
Otros de los puntos que revisará la nueva gestión son: los delitos o crímenes de odio; los muertos y heridos por barricadas; y el uso de edificios por parte de personas no pertenecientes a la Fiscalía para negociar la imputación, acusación o sobreseimiento de una persona. También dijo que hay 72 causas en manos de la justicia militar que pudieran ser remitidas a la jurisdicción ordinaria.
Sobre las nuevas sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Saab expresó su rechazo y dijo que se “busca perturbar la actuación de titulares de la democracia venezolana”.