Sala Constitucional criminaliza la protesta vía sentencia, advierten expertos

POLÍTICA · 16 NOVIEMBRE, 2016 14:21

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Ibis Leon | @ibisL


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 La última sentencia – N° 948 del 15 de noviembre– de la Sala Constitucional no solo ordena a la Asamblea Nacional abstenerse de continuar con el juicio político del Presidente de la República, sino que además, dicta órdenes preventivas como la prohibición de convocar “actos que alteren el orden público, instigaciones contra autoridades y Poderes Públicos, así como otras actuaciones al margen de los derechos constitucionales”.

Este último punto “agrava” las implicaciones que pudiera tener la sentencia a juicio del abogado y profesor de derecho penal, Alberto Arteaga. “Esta prohibición está lesionando y violando un principio fundamental como lo es el de libertad de expresión porque criminaliza la protesta. La sentencia deja mucha ambigüedad sobre el tipo de actos que califican como alteración de orden público, lo que es muy grave. No se justifica dentro de un sistema democrático”, señaló.

Arteaga reiteró que este tipo de decisiones “son políticas y no jurídicas”. “Estos no son planteamientos jurídicos y por lo tanto no resisten el análisis jurídico, son decisiones políticas que avalan los planteamientos del Ejecutivo”, afirmó en relación a la anulación del proceso que el Parlamento inició para declarar la responsabilidad política del Presidente.

Agregó que la máxima sala del TSJ desconoce, nuevamente, la autonomía de la Asamblea y sus actuaciones como poder público. “Si según la Sala Constitucional todas las actuaciones de la AN son nulas a partir del llamado desacato, ¿para qué se pronuncia sobre lo que a su parecer ya es nulo?”, se preguntó.

La imprecisión de las órdenes preventivas que toma la Sala Constitucional también fueron motivo de análisis del abogado, experto en derecho administrativo, José Ignacio Hernández, quien en su artículo titulado La Sala Constitucional insiste en anular a la AN: ¿y el diálogo? señala: “al dictar esas medidas indeterminadas, la Sala Constitucional pretende coartar el ejercicio de la representación que corresponde a los diputados de la Asamblea. Pues solo la Sala podrá decidir cuándo sus imprecisas órdenes han sido incumplidas”.

El profesor de derecho constitucional, especialista en derecho público y en derechos humanos, Carlos Ayala Corao, subrayó que la última sentencia de la máxima sala “no tiene apego a la Constitución y son nulas”.

Manifestó que la Asamblea le ha dado beligerancia al TSJ. “Es una estrategia errada que, en lugar de declarar que los individuos que fueron designados en diciembre no cumplen con los mínimos requisitos para ser jueces, han dicho que desacatarán las decisiones cuando en realidad ya son inexistentes”.

En su opinión, el único efecto que tiene esta decisión es político.