Los gobiernos municipales de Mario Briceño Iragorry (Aragua) y Maturín (Monagas) tienen nuevos alcaldes, y no precisamente los escogidos por la votación popular. De hecho, todo lo contrario.
Delson Guárate es el alcalde de MBI y está detenido desde el 2 de septiembre, mientras que sobre Warner Jiménez, el alcalde de Maturín, pesa una orden de captura desde el 25 de agosto -que lo mantiene en la clandestinidad-.
Con estas circunstancias alejándolos de sus cargos, ambos dejaron alcaldes encargados. Estos se mantuvieron en sus cargos hasta este 30 de septiembre, cuando los consejos comunales los removieron.
Antonio Goncalves, alcalde encargado de Maturín, fue destituido y en su lugar fue nombrado burgomaestre Wilfredo Ordaz, el presidente del concejo municipal. “Es una persecución política por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y la gobernadora (de Monagas) Yelitza Santaella“, dijo Ismael Zorilla, dirigente político regional y trabajador de la alcaldía.
Los mismo pasó en MBI con la designación de Brullerby Suarez como alcalde, sin importar que la designada por Guárate como encargada es Alicia Loreto.
Estas acciones violan el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que establece que “las ausencias temporales del alcalde o alcaldesa serán suplidas por el funcionario de alto nivel de dirección, que él mismo o ella misma designe“.
El mismo artículo señala que la única forma en la que los presidentes de los concejos municipales asciendan al puesto de alcaldes, es que éstos incurran en una falta absoluta, lo que también está tipificado en ese artículo y las causales son: la muerte, la renuncia, la incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica; por sentencia firme decretada por cualquier tribunal de la República y por revocatoria del mandato.
Simpatizantes del Gobierno han esgrimido la teoría de que en el caso de Guárate la ausencia es definitiva, pero esto no es del todo cierto: aún no tiene sentencia condenatoria emitida.