El pueblo. En esa palabra se concentró el discurso de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez, quien aseguró que durante la gestión del Poder Judicial, este se debió al Estado.
“Nuestra gestión judicial brindó respuesta oportuna y eficaz en el contexto del ordenamiento jurídico y jurisprudencia, siempre tomando en cuenta los imperativos de la justicia del derecho y los altos intereses de la República. Así mismo, la tarea de proteger la integridad de la Constitución, ante aquellos factores que pretenden impedir, menoscabar, enervar y la correcta aplicación de la Constitución de la República”, manifestó durante el acto que también da apertura al año judicial.
En su discurso destacó la productividad que tuvo su institución en 2016 y calificó de “alta eficiencia” su gestión. Gutiérrez aseguró que en este último año 1.591.161 sentencias se produjeron en los diferentes juzgados del país; mientras que en las salas del TSJ se firmaron 6.401 sentencias, 405 menos que en 2015.
Este es el primer año de gestión de los 32 magistrados que escogió la Asamblea Nacional presidida por el diputado Diosdado Cabello en 2014, violando el proceso de postulaciones estipulado por las leyes venezolanas.
En consecuencia, el ala opositora al Gobierno denominó a este grupo de juristas como “magistrados exprés” y la ONG Acceso a la Justicia reveló que de los 13 magistrados principales nombrados en diciembre del 2015 por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, 10 no cuentan con los requisitos mínimos que se requieren para la ocupación del cargo.
“La Sala Constitucional emitió numerosas sentencias de Estado para lograr dar solución a las situaciones suscitadas en el Poder Legislativo que atentaban contra el orden constitucional y democrático del país”, recordó.
En total, fueron 42 sentencias que emitieron contra la Asamblea Nacional, cuyo argumento principal fue el de la invalidación de las elecciones de 2015 en Amazonas luego de que el Consejo Nacional Electoral, (CNE) asegurara que existieron irregularidades en el proceso.
Mientras que para el TSJ, los tres diputados indígenas de esta zona del país son ilegales, para la AN, con mayoría opositora, no lo son. Por esta razón, los representantes de Amazonas participaron en la elección de la directiva del Poder Legislativo y luego fueron desincorporados.
Pese a la desincorporación de los diputados de Amazonas, el TSJ emitió una sentencia en la que determinó que la AN continúa en desacato y señaló que la instalación de la AN, la nueva junta directiva y las actuaciones del organismo en la sesión del pasado jueves 5 de enero, son nulos. Agregó que el Poder Legislativo violó la Constitución y su propio Reglamento Interior y de Debates.
“La gestión del poder judicial cuenta con un instrumento inédito que fue elaborado con el poder popular (…) Por eso, vamos con paso firme en la interconexión de todas las sedes judiciales del país y para ello, el Poder Judicial expandió las plantillas de jueces que prestan sus servicios a la ciudadanía”, expuso la presidenta del TSJ y agregó que después de una década ha sido reactivado el sistema de titularidad de jueces.
El vicepresidente de la Sala Electoral, magistrado Malaquías Gil Rodríguez, dio el discurso de orden en la Apertura Judicial, en el que rechazó la campaña de desprestigio contra sus pares.
Destacó la labor de la Sala Electoral y Constitucional e hizo un llamado a los sectores políticos del país para que se continuara el proceso de diálogo.