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María Laura Blanco piensa en todas las veces que ha votado por candidatos que terminaron perdiendo en las urnas al final del día. Es la razón por la que decide no ir al centro electoral que le corresponde, el colegio Rafael Napoleón Baute, que se alza en el medio de la avenida principal de José Félix Ribas en Petare. Es domingo 21 de noviembre de 2021, día de comicios en el país para elegir a gobernadores, alcaldes, concejales y diputados.

José Félix Ribas se extiende como un gigante laberíntico al norte de Petare, uno de los barrios más grandes de Latinoamérica. El lugar se divide en 10 zonas, donde conviven un aproximado de 100 mil personas acostumbradas a las promesas de los políticos sobre mejoras en los servicios públicos y, en general, las demás condiciones necesarias para existir sin precariedades. Sin embargo, los apagones, la inseguridad, la falta de agua y la crisis económica se han vuelto parte de la cotidianidad de la barriada.

En la zona 3, María Laura Blanco creció, se enamoró, contrajo matrimonio y enviudó. Ha vivido 36 años en la misma casa, en la escalera 7. José Félix es sobre todo eso: un entramado de escaleras desiguales de cemento y rincones escondidos que se conectan entre sí.

Antes de 2012, centenares de personas sorteaban los escalones hasta aglomerarse en la entrada del sector durante las elecciones regionales. El color rojo, el de los adeptos al gobierno actual (presidido por Nicolás Maduro), parecía abarcar cada esquina sin que nadie pudiese quejarse. Canciones con consignas políticas sonaban hasta las seis de la tarde y grupos enteros las seguían entonando a capela hasta pasada la madrugada.

No obstante, el ambiente político dio un giro brusco luego de 2013. No volvió a ser el mismo. En octubre de 2017, tras la falta de votantes, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) subieron los escalones, tocaron puertas e intentaron convencer a cientos de vecinos para sufragar por el oficialismo, topándose de frente con la indiferencia de gente más interesada en sobrevivir la aguda crisis alimentaria de ese año.

En 2021, la apatía continúa y es evidenciada por los bajos números de electores que acudieron a los centros de votación. A la 10.00 am, en la escuela Rafael Napoleón Baute solo 300 personas habían participado de un total de 9.800 sufragistas habilitados.

Blanco, que participó en las elecciones de 2012, se niega a votar bajo la mirada de un gobierno que ha sido señalado de fraude en distintas oportunidades. La zona 3 de José Félix Ribas está compuesta por 12 escaleras y en todas ellas hay personas que respaldan la posición de María Laura.

Las puertas se mantienen cerradas durante la mañana del domingo 21 de noviembre. No más canciones, colores rojos, gritos o visitantes inesperados. La primera parte de la jornada transcurre en medio del sopor típico del fin de semana. En Petare, solo la amplia presencia policial es signo de que las votaciones comienzan en uno de los sectores más pobres de la ciudad.

Viejas estrategias, nuevos métodos

La junta o consejo comunal de la zona 3 es muy parecida al del resto de las repartidas en José Félix Ribas. Por cada una de las 12 escaleras hay un jefe o encargado, que se ocupa de reunir e informar a los residentes sobre los procesos referidos a la entrega de bombonas de gas, de cajas CLAP, de medicinas, etc. Estas figuras cobraron mayor protagonismo luego de 2006, cuando el fallecido expresidente Hugo Chávez pidió que se promulgara la Ley de los Consejos Comunales.

Son los miembros de esta junta quienes, durante las elecciones regionales de 2012 y 2017, se instalaban en las casas de los que se negaban a votar y los convencían, a través de una amabilidad forzada, de que ejercieran el derecho recogido en el artículo 63 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

No obstante, la estrategia chavista no se limitaba a visitar de improvisto: los votos se aseguraban con al menos un mes de antelación. En 2017, el rumor de que aquellos que no votaran dejaría de recibir la bolsa CLAP (alimentos subsidiados por el gobierno) se extendió como pólvora entre varias familias sin que nadie de la junta lo desmintiera.

En agosto del mismo año, varios encargados del consejo comunal pasaron por las casas de las respectivas escaleras, anotando nombres de enfermos crónicos que necesitaban ciertas medicinas. Se las entregaron en un par de semanas.

En las elecciones regionales que siguieron, tocaron portones y rejas, recordando la bondad gubernamental y los medicamentos facilitados «desinteresadamente» por el gobierno de Nicolás Maduro. Algunos decidieron votar. Otros, ofendidos, guardaron silencio y pasaron llave a las cerraduras.

Elisa Graterol lo recuerda brevemente. Tiene 70 años y está indecisa de votar o no en las elecciones del 21 de noviembre. Hace dos meses, recibió un lote de Losartan, para regular la tensión. Uno de los miembros de la junta se lo recuerda en un comentario aparentemente inofensivo, durante la mañana del domingo.

«Acuérdate de votar», culmina. Elisa, que vive en la escalera 10, lo mira de reojo y asiente. Hay un toldo instalado en la entrada de la zona. Pero, a diferencia de años anteriores, no es rojo sino azul rey. Allí se congregan algunos de los inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela, menos de siete personas de la junta con el tapabocas cubriendo medio rostro. Vigilan la entrada y la salida de vecinos, mientras anotan en un cuadernito sencillo quiénes han votado y quienes no. Van 112 de 700.

Ya no suben las escaleras a buscar vecinos. El COVID-19, que ha dejado 424.441 contagiados en el país, es una de las razones, dicen. No quieren entrar en casas ajenas. Otro de los motivos es que han encontrado una mejor forma de convocar electores: a través de un bombardeo de mensajes de texto y de WhatsApp, de la misma manera en la que informan sobre la entrega de bombonas y de cajas de alimentos.

Pero no hay respuesta. Las escaleras se mantienen silenciosas.

Un domingo cotidiano

Los negocios abren a las 7:40 a.m. y las calles se llenan del paso de transeúntes que siguen su camino sin reparar demasiado en los centros de votación. La avenida principal de José Félix Ribas se inunda del olor del pescado crudo, frutas y empanadas recién hechas. La mezcla de aromas desaparece al entrar en la redoma de Petare, a un kilómetro de distancia, donde el humo negro de autobuses y motos cubre el aire.

«Abrí mi negocio porque si no trabajo no como. Hoy es un día normal. Yo voy a votar, ¿para qué?, ¿de qué sirve?», expresa Gladys Leal, cerca de la estatua del Cristo de la plaza de Petare. A unos metros de ella, el colegio Dr. José de Jesús Arocha recibe a unos cuantos electores y electoras. Es otro de los centros que tiene una mayor cantidad de votantes habilitados (al menos 8 mil), pero apenas se ven decenas que usan el tapabocas y sudan, por la humedad en el ambiente.

La zona colonial de Petare, que ha sobrevivido a 400 años de historia, está vacía a las 9:00 a.m. Solo hay dos votantes en el colegio Dulce Nombre de Jesús. En el Mariano Picón Salas, la historia se repite: poca afluencia. Cuando cae la tarde, negocio tras negocio cierran, pero aún hay gente transitando las calles. El Picón Salas solo ha registrado 1.053 votos cuando hay 4.090 habilitados. El metro funciona como de costumbre.

«Yo voté, porque es mi derecho y porque quise. Punto. La gente quiere un cambio, pero no hace nada por él», dice Alexander Díaz, de 32 años, comerciante.

A las 4:30 de la tarde, parejas y familias pasean tranquilas. Autobuses se retiran. No se oyen consignas y nadie canta, más allá de Eddie Santiago, desde un reproductor de música de uno de los locales de comida que todavía se encuentra funcionando. La salsa inunda la calle como un eco de fondo hasta las 5:00 p.m.

La frontera

Mientras el centro de Petare se sume en una ola de serenidad, habitual para un domingo al final de la tarde, la avenida principal de José Félix Ribas hierve de actividad. Se venden botellas de ron y anís en dólares, a escondidas y entre risas. Los comerciantes informales ofrecen desde ropa hasta perros calientes por 1 dólar. Hay una marcada frontera, en la que los barberos trabajan en plena calle y los niños corretean sin mascarilla.

María Laura Blanco baja de la zona 3 a comprar un kilo de harina de trigo, para hacer una torta de limón. Cuando pasa cerca del toldo azul rey donde se agrupa la junta comunal, fuerza la sonrisa, levanta el pulgar y grita: «¡Ya voté!». Un hombre corre a anotar su nombre, porque la conoce y sabe dónde vive. Incluso su cédula. Pero lo cierto es que Blanco no votó ni tiene intenciones. Solo quiere evitar conversaciones incómodas.

Las puertas de las escaleras siguen cerradas. La jefa de la 10, sube los escalones y llama a gritos a una mujer, Carmen Sánchez. Se asoma por la ventana su hija menor, una niña de 12 años que responde: «¡Mi mamá dice que no está!»

La jefa solo atina a fruncir el ceño.

«Dile a tu mamá que baje a votar, que aproveche que sigue abierta la escuela», señala. La chiquilla la mira y asiente, pero tranca la ventana y no la vuelve a abrir.

Son las 6:30 p.m. En Petare, algunos miembros de la junta comienzan a cansarse y vuelven a sus casas.

«Me avisas de los resultados», musitan. Varios desaparecen tras subir una veintena de escalones de cemento. La jornada electoral petareña culmina sin sobresaltos ni sorpresas.