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A un mes del asesinato del dirigente del Partido Comunista de Venezuela (PCV), José Urbina, en Puerto Páez, estado Apure, la tolda del gallo rojo denuncia silencio por parte de las autoridades e instituciones del Estado y exige justicia.

 «A un mes del ajusticiamiento de José Urbina, el Estado venezolano aún guarda silencio (…) La familia de José Urbina y sus camaradas de militancia tienen derecho a saber por qué lo asesinaron y a exigir que se encuentre a los responsables y sean castigados», cuestionó el PCV mediante un comunicado.

Urbina murió el pasado 10 de enero, dentro de su propia casa, ubicada en el municipio Pedro Camejo, estado Apure como consecuencia de disparos recibidos por parte de un grupo no identificado.

Antes de su asesinato, el dirigente había denunciado en un video publicado en redes sociales que había recibido amenazas del teniente coronel Ramón Sánchez, quien comandó un destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana, en la entidad llanera. Las amenazas informadas por Urbina estarían ligadas a las críticas que el activista político realizara sobre los operativos y acciones de la GNB en la entidad.

«Hago la denuncia sobre el ciudadano teniente coronel Ramón Sánchez, me acaba de amenazar directamente ante una gran cantidad de público por hacer una protesta pacífica (…) Están llevándose a gente de nuestro pueblo, aplicándole un tal Tancol (operaciones de la GNB contra grupos guerrilleros), que nosotros no sabemos con qué se come eso. Ya no queremos más abusos, que se vayan de aquí esas comisiones fraudulentas», advirtió Urbina en un video.

Impunidad

El PCV señaló que tras el hecho, ni el Ministerio Público (MP), cuerpos de seguridad ni instituciones competentes se pronunciaron. Recordó que el 14 de enero, una delegación del Buró Político del Comité Central de la tolda consignó una comunicación dirigida al fiscal, Tarek William Saab, para solicitar una investigación «a fin de identificar, capturar y castigar a culpables intelectuales, materiales y cómplices de este homicidio».

A su vez reiteraron, una solicitud de reunión a Saab para tratar los casos de cuatro asesinatos de militantes comunistas en los últimos seis años, los cuales se mantienen impunes y sin investigar por parte del MP.

Urbina era el director de la emisora Frontera 92.5 FM. En nombre de la Red de Comunicación Popular Revolucionaria, el PCV también alertó «que la inacción del Estado ante el vil asesinato de un comunicador alternativo, nos pone en riesgo a todos los que ejercemos el periodismo comunitario, no gubernamental», concluye el comunicado.