Opositores electos son blanco de detenciones, despojo de atribuciones y arrebato de una gobernación

POLÍTICA · 4 DICIEMBRE, 2021 10:29

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Ibis Leon | @ibisL

Foto por Mairet Chourio

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A menos de 15 días de haber sido recién electos, alcaldes y gobernadores opositores han sido objetos de detenciones arbitrarias, despojo de sus competencias constitucionales y a algunos, incluso, se les desconoció su victoria en los pasados comicios regionales y municipales del 21 de noviembre.

El caso más escandaloso fue el arrebato de la gobernación de Barinas al dirigente de Voluntad Popular Freddy Superlano. Pero otras acciones menos mediáticas ponen en jaque a las autoridades que hacen oposición al gobierno de Nicolás Maduro.

Aquí una compilación de algunas de las acciones emprendidas que desconocen la voluntad popular expresada a través del sufragio:

Detenciones arbitrarias

Cinco días después de haber sido electo alcalde del municipio Arzobispo Chacón de Mérida, Omar Fernández fue abordado por una comisión de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que lo mantuvo detenido por más de 10 horas.

Según denunciaron habitantes de Canaguá, capital del municipio, el dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) fue llevado a la ciudad de Mérida luego de que el Ministerio Público le abriera una investigación por el presunto ataque a una emisora comunitaria de la población.

Pero la verdadera razón detrás de la acción de los agentes, según los pobladores, fue la denuncia que hizo Fernández del intento de desmantelamiento de la alcaldía por parte de la autoridad saliente.

El opositor aparece en videos diciendo que intentaba evitar que individuos se llevaran pertenencias del edificio municipal como vehículos y medicinas.

Irrumpen toma de posesión

Efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) irrumpieron durante la toma de posesión de la alcaldesa del municipio Juan Germán Roscio de Guárico, Sulme Ávila.

Sin dar explicaciones, los presuntos funcionarios intentaron detener a la dirigente de la Alianza Democrática y, según periodistas locales, se llevaron apresado a uno de sus asistentes.

Ante la actuación irregular de los organismos de seguridad del Estado, el rector principal del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, manifestó su rechazo: “Ante la situación de persecución, hostigamiento y detención arbitraria de algunos alcaldes y concejales electos en los pasados comicios electorales expresamos nuestra preocupación e instamos a los actores involucrados a cooperar con el cumplimiento de las normas”.

“Hacemos un llamado a las fuerzas de seguridad del Estado, a los actores políticos y al Poder Judicial para que se respete el resultado de las elecciones, se actúe según el debido proceso y se respete la autoridad de los candidatos electo”, manifestó la autoridad electoral.

Las medidas de retaliación contra los alcaldes son diversas. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) cerró la emisora Monumental 94.1 FM, cuyo propietario es el locutor Nelson García Mora, quien a su vez fue electo alcalde del municipio Zamora de Barinas.

Desmantelan alcaldías

Según el medio de comunicación digital El Pitazo, un grupo de personas se llevaron aires acondicionados, neveras y demás insumos de la sede de la Alcaldía de San Francisco en el estado Zulia, el pasado 22 de noviembre.

En el estado Miranda, trabajadores de la alcaldía de Zamora denunciaron que algunos directivos estaban desmantelando el inmobiliario y equipos de la municipalidad tras el triunfo opositor.

El medio Nueva Prensa Digital publicó que a la alcaldía de El Callao “la dejaron sin nada”. El nuevo alcalde opositor Jesús Coromoto Lugo hizo una inspección a la sede y constató el deterioro y desmantelamiento de las instalaciones, según el medio digital.

Despojo de competencias

Aunque el triunfo de Manuel Rosales en el Zulia fue reconocido por el gobierno de Maduro, el mandatario regional fue despojado de sus competencias en peajes y aeropuerto.

El Ministerio de Transporte ordenó la transferencia del aeropuerto a la empresa Bolivariana de Aeropuertos (Baer) y del puente sobre el lago de Maracaibo y los peajes a la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur).

La medida administrativa se anunció 24 horas después de que Manuel Rosales recibió del CNE sus credenciales como gobernador ganador de los comicios del pasado domingo 21.

Arrebato de gobernación

Cinco días después de la elección, los barinenses no sabían quién era su nuevo gobernador. Miembros del Plan República tenían en su poder tres actas del municipio Arismendi con los últimos votos que faltaban por contar. Los rectores del Consejo Nacional Electoral se vieron en la necesidad de exhortar a los militares a entregar los resultados faltantes, pero una de las actas nunca apareció.

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Mientras se realizaba la totalización de los votos en la sede principal del Poder Electoral, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó suspender el proceso y posteriormente dictaminó que la elección de gobernador debe repetirse en la entidad porque el opositor Freddy Superlano está inhabilitado por la Contraloría de la República.

El rector principal del CNE, Roberto Picón, manifestó que el CNE no tenía conocimiento de esa inhabilitación. El dirigente de Voluntad Popular fue indultado el 31 de octubre de 2020 por el gobernante Nicolás Maduro y desconoce de un nuevo procedimiento en su contra.

Adicionalmente, la atribución que se le confiere al Contralor de inhabilitar mediante un acto administrativo viola lo establecido en el artículo 42 de la Constitución que garantiza que solo una sentencia firme puede privar del ejercicio de los derechos políticos.

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