Uno a uno han ido renunciando funcionarios del gobierno interino y representantes designados por Juan Guaidó en el exterior. Las razones van desde lo económico (no recibir pago a cambio del trabajo realizado) hasta algunos desacuerdos.
Desde que el también titular de la Asamblea Nacional juró como presidente encargado el 23 de enero de 2019 y tomara las primeras medidas desde su posición, al menos seis funcionarios pusieron el cargo a la orden. Los motivos varían pero todos aseguran que el apoyo al líder opositor y a la lucha por restablecer la democracia en Venezuela, continúa.
Una de las primeras en abandonar el barco fue la abogada defensora de derechos humanos, Tamara Suju, nombrada el 19 de marzo de 2019 como representante de la presidencia interina ante la República Checa. Duró solo cuatro meses y medio en el cargo. Para explicar la dimisión alegó conflicto de intereses con su labor en pro de los DDHH.
“He enviado y el Presidente Juan Guaido @jguaido ha recibido, mi renuncia como Embajadora en República Checa, por conflicto de intereses en mi trabajo y responsabilidades. Agradezco al Presidente su confianza, y pido no cesar en sus 3 pasos para la Libertad de mi país”, escribió la abogada en su cuenta de Twitter.
“Camino difícil”
En febrero de 2019, María Alejandra Aristigueta fue seleccionada por el presidente encargado como representante diplomática en Suiza. Abandonó el cargo el 1 de marzo de este año, admitiendo que fue “un camino difícil”.
“Fin de un ciclo. Agradecida a Dios y a mis seres queridos por el apoyo y la paciencia”, escribió la también defensora de DDHH en sus redes sociales. No especificó los motivos de su salida.
Luego, en septiembre de 2019, el economista Ricardo Hausmann renunció como representante de Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), responsabilidad que aceptó en marzo de ese año. En una declaración citada por Bloomberg, dijo que apoyaría a Guaidó en todo lo que pueda, pero desde una posición menos formal.
Mantener a la familia
El 4 de mayo de 2020, renunció el economista Alejandro Grisanti como miembro de la Junta Administradora Ad hoc de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). También se separó de sus funciones en la Comisión Presidencial Consultiva para la renegociación de la deuda pública.
En una carta dirigida a Guaidó con la fecha mencionada, Grisanti expresó la necesidad de regresar al ejercicio profesional para generar ingresos que le permitieran mantener a su familia. Como integrante de la junta ad hoc de la estatal petrolera desde abril de 2019, no percibía un sueldo.
“Reitero mi compromiso y trabajo constante por el mejor futuro de nuestro país”, escribió en su cuenta de Twitter el 15 de mayo, cuando hizo pública la carta.
Motivos migratorios
El 9 de junio, hizo lo propio Guarequena Gutiérrez como representante diplomática en Chile. Además de motivos económicos expuso razones migratorias que le impedían atender sus responsabilidades. La abogada fue nombrada por Guaidó el 29 de enero del año pasado.
Al dimitir destacó que la dedicación al cargo asignado fue exclusiva, por lo que tuvo que dejar su empleo en una empresa importadora. También explicó que debía cumplir los trámites necesarios para permanecer de forma regular en Chile a donde emigró en 2018. Dijo que su apoyo a Guaidó y a los esfuerzos por restablecer el estado de derecho en Venezuela permanece intacto.
“Económicamente no he tenido un salario ni lo que eso conlleva: cotizaciones, inclusión en el servicio de salud de Chile y en el sistema de pensiones, poder optar a una visa de permanencia en el país (…) y tengo una visa que caduca en septiembre y tengo que comenzar a solicitarla en julio. Incluso te pueden abrir una investigación administrativa y ser deportado; si estamos luchando por el estado de derecho en Venezuela hay que cumplir las leyes de otros países”, declaró a la agencia de noticias EFE.
Guarequena es hija del presidente de Acción Democrática impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia y ex gobernador de Amazonas, Bernabé Gutiérrez. Su reacción a la decisión del Tribunal fue ponerse del lado de las verdaderas autoridades de la tolda, encabezadas por Henry Ramos Allup.
Audios filtrados
La última renuncia fue protagonizada por José Ignacio Hernández como Procurador Especial este jueves 18 de junio. El abogado puso su cargo a la orden luego de que la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, filtrara audios de la interpelación de Hernández en la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento.
Rodríguez denunció que el procurador trató de entregar Citgo, la filial de Pdvsa en EEUU, a la petrolera norteamericana ConocoPhillips. Hernández denunció complicidad interna en la comisión parlamentaria, presidida por Elías Matta, puesto que la interpelación fue privada.
“El 28 de mayo, luego de semanas de conversaciones, renuncié al cargo de procurador. La intención era hacer el anuncio la semana que viene con la designación del nuevo equipo. El régimen de Maduro sabía de mi renuncia al cargo de procurador, y por ello, montó esta nueva campaña”, dijo Hernández en su cuenta de Twitter.
Justificó su renuncia a la “imperiosa necesidad de implementar reformas institucionales profundas en el sistema de defensa judicial del Estado”. También se refirió a la falta de recursos para montar una oficina formal y contratar abogados para la defensa de la República en los litigios pendientes. Mencionó que esta situación fue advertida al gobierno interino y no recibió respuesta.