La justicia de emergencia es una política contra «hechos terroristas», dice Jesús Silva

POLÍTICA · 19 JULIO, 2017 16:52

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Erick Mayora


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Como «pertinente»  considera Jesús Silva, doctor en derecho constitucional, el plan especial de justicia de emergencia y de castigo ejemplar anunciado la noche del martes 18 de julio por el presidente Nicolás Maduro, a través de Venezolana de Televisión.

En opinión del abogado, este plan se basa jurídicamente en dos pilares fundamentales: 1) la política sobre materia criminal llevada a cabo por el Gobierno, basada en las facultades previstas en la Constitución y en el Código Penal, que tiene como fin hacer que los delincuentes asuman su responsabilidad ante la ley; y 2) la existencia del decreto de emergencia de febrero de 2016 que, a su juicio, faculta al Presidente para promover políticas hacia una justicia más expedita respecto de los crímenes que se están cometiendo en el país.

Silva dice que la “justicia de emergencia” es una política coordinada de los poderes públicos para responder puntualmente a una “serie de hechos delictivos y terroristas puestos en marcha para derrocar al Gobierno; es un plan llevado a cabo dentro de la Constitución para hacer justicia, ante el incremento súbito de la violencia”.

El castigo ejemplar, explica, “es una política puntual coordinada para que cese la impunidad que ha imperado durante estos tres meses, en los que personas no han sido castigadas por los crímenes cometidos. Es la aplicación severa del derecho penal y constitucional a quienes cometen hechos graves de violencia”.

El plan anunciado por el primer mandatario nacional, a juicio del abogado, forma parte de una “política coordinada entre el Poder Ejecutivo y otras ramas del poder público nacional para hacer justicia frente a la ola de terrorismos que viene ocurriendo en el país”.

“Van más de 100 días de una ola criminal que ha dejado aproximadamente 100 personas fallecidas. En este sentido, todo esfuerzo para frenar esa ola criminal es positivo. Saludo esa medida porque está acorde a los preceptos de las Constitución en materia de justicia y de seguridad de la Nación”.