Justicia de emergencia propuesta por el Gobierno vulneraría DDHH, denuncia Juan Manuel Raffalli

POLÍTICA · 19 JULIO, 2017 17:21

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Erick Mayora


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La «justicia de emergencia» de la que habló el presidente Nicolás Maduro la noche del martes 19 de julio, «vulneraría acuerdos y tratados internacionales en materia de democracia y de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos».

De este modo entiende Juan Manuel Raffalli, abogado constitucionalista, el «plan especial de justicia de emergencia para capturar a conspiradores y para el castigo ejemplar» anunciado por el presidente Nicolás Maduro el 19 de julio y propuesto por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.

Aunque no se han dado a conocer detalles del plan, el abogado explica que la justicia de emergencia es propia de la justicia de transición. «Es una justicia que se pone en marcha cuando hay una situación de ruptura de un Gobierno o cuando se inicia una nueva etapa en la estructura republicana del Estado».

No se puede activar o crear una justicia de emergencia, acota el abogado, sin modificar la Constitución, que es la que establece los principios generales del proceso penal. «Se necesitaría una reforma de la Constitución, del Código Orgánico Procesal Penal y de la ley del Ministerio Público, o dictar una ley especial o una ley habilitante, las cuales deben pasar por el Congreso de la República», explicó Raffalli.

A juicio del abogado, el origen de este plan es «el deseo de iniciar procesos penales independientes del Ministerio Público, creando vías de accesos a la jurisdicción penal que pasen por encima de la Fiscalía General de la República. Lo que se busca es politizar la justicia en contra de quien esté haciendo oposición al Gobierno».

Para Rafalli, esta «justicia de emergencia» buscaría hacer más sancionador el sistema de justicia al acudir, no ante jueces naturales establecidos por la ley, sino ante jueces especiales o militares. «Esto resulta inaceptable porque altera el debido proceso y la garantía del juez natural, y se subvierte así el orden de ejecución legal de los procesos penales».

Sobre el «castigo ejemplar», Raffalli explica que tal figura no existe, que lo que hay son sanciones previstas en la ley. «Las sanciones, las penas se rigen por el principio de la legalidad, no de la ejemplaridad. Con el castigo ejemplar parece que se quieren determinar nuevas penas, y para eso habría que formular nuevas leyes».

«Con este plan especial de justicia de emergencia el Gobierno insinúa una manera de crear nuevas sanciones o procedimientos penales, distintas a las establecidas en el marco legal venezolano», afirma el constitucionalista.

Foto: Reuters

POLÍTICA · 30 ENERO, 2023

Justicia de emergencia propuesta por el Gobierno vulneraría DDHH, denuncia Juan Manuel Raffalli

Texto por Erick Mayora

La «justicia de emergencia» de la que habló el presidente Nicolás Maduro la noche del martes 19 de julio, «vulneraría acuerdos y tratados internacionales en materia de democracia y de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos».

De este modo entiende Juan Manuel Raffalli, abogado constitucionalista, el «plan especial de justicia de emergencia para capturar a conspiradores y para el castigo ejemplar» anunciado por el presidente Nicolás Maduro el 19 de julio y propuesto por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.

Aunque no se han dado a conocer detalles del plan, el abogado explica que la justicia de emergencia es propia de la justicia de transición. «Es una justicia que se pone en marcha cuando hay una situación de ruptura de un Gobierno o cuando se inicia una nueva etapa en la estructura republicana del Estado».

No se puede activar o crear una justicia de emergencia, acota el abogado, sin modificar la Constitución, que es la que establece los principios generales del proceso penal. «Se necesitaría una reforma de la Constitución, del Código Orgánico Procesal Penal y de la ley del Ministerio Público, o dictar una ley especial o una ley habilitante, las cuales deben pasar por el Congreso de la República», explicó Raffalli.

A juicio del abogado, el origen de este plan es «el deseo de iniciar procesos penales independientes del Ministerio Público, creando vías de accesos a la jurisdicción penal que pasen por encima de la Fiscalía General de la República. Lo que se busca es politizar la justicia en contra de quien esté haciendo oposición al Gobierno».

Para Rafalli, esta «justicia de emergencia» buscaría hacer más sancionador el sistema de justicia al acudir, no ante jueces naturales establecidos por la ley, sino ante jueces especiales o militares. «Esto resulta inaceptable porque altera el debido proceso y la garantía del juez natural, y se subvierte así el orden de ejecución legal de los procesos penales».

Sobre el «castigo ejemplar», Raffalli explica que tal figura no existe, que lo que hay son sanciones previstas en la ley. «Las sanciones, las penas se rigen por el principio de la legalidad, no de la ejemplaridad. Con el castigo ejemplar parece que se quieren determinar nuevas penas, y para eso habría que formular nuevas leyes».

«Con este plan especial de justicia de emergencia el Gobierno insinúa una manera de crear nuevas sanciones o procedimientos penales, distintas a las establecidas en el marco legal venezolano», afirma el constitucionalista.

Foto: Reuters

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