Las negociaciones políticas por el tema de la vacunación contra el COVID-19 continúan en Venezuela, pese a los descalificativos públicos del gobernante Nicolás Maduro y de voceros de su administración acerca de propuestas al respecto de empresarios y de la oposición liderada por Juan Guaidó.
Mientras se desarrolla ese escenario, desde distintos sectores se hace un llamado para que se despolitice la necesidad de inmunizar a los venezolanos ante los incrementos de casos confirmados del virus entre marzo y abril.
También se pide el cese la diatriba entre los actores para que se puedan traer las dosis y se priorice el derecho a la salud y la vida.
Los politólogos Colette Capriles y Piero Trepiccione señalan que pese al discurso oficial que confronta, la administración madurista aún evalúa el costo político de la vacunación.
Capriles asegura que el Ejecutivo se debate entre aceptar la participación de los sectores científicos, políticos y sociales en el proceso, aunque los radicales lo tachen de “débil” o de hacerlo solo a costa de más muertes por falta de inmunización.
Sigue el mecanismo Covax
“El Gobierno ha dicho que tramitará la participación en el mecanismo Covax. Con ese gesto, el madurismo entra en una lógica humanitaria, de obedecer las reglas establecidas para traer las vacunas.
Hay un punto político importante y es reconocer que el plan de vacunación no es posible con los recursos del Estado, en medio de una infraestructura sanitaria destruida”, dijo Capriles a Efecto Cocuyo.
A su juicio, el Gobierno puede decir lo que quiera, pero sigue sentado a través del Ministerio de Salud en la mesa técnica junto a representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y del gobierno interino que preside Guaidó.
El 19 de marzo, la Comisión Delegada Legislativa aprobó 30 millones 309 mil 040 dólares con el objetivo de financiar el acceso al mecanismo Covax y la cadena de frío que protegería 12 millones de dosis para inmunizar a 6 millones de venezolanos.
El primer lote de vacunas que llegarían a través del mecanismo eran las de AstraZeneca de Corea del Sur.
La respuesta del gobierno fue el rechazo a dicha inmunización por considerarla perjudicial para la salud. Tanto Maduro como su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, dejaron sentado que Venezuela escogería la vacuna que entraría a través de Covax.
Posteriormente Rodríguez anuncia el 10 de abril que el Ejecutivo pagó 64 millones de dólares al mecanismo para acceder a 11,3 millones de vacunas y que el resto, 60 millones de dólares, ya garantizados, serían cancelados oportunamente.
“Allí se ve el juego político con el mecanismo Covax. La Delegada aprueba los recursos y la respuesta del gobierno de rechazar la vacuna AstraZeneca es política para no dar espacio a un gobierno (interino), que dice que no existe, pero igual avanzó en el proceso, porque algo tiene que hacer, si no el otro lo hace”, apunta Capriles.
Propuesta de Fedecámaras
Tampoco, recalca Capriles, el Ejecutivo ha expresado claramente si rechaza o acepta la propuesta de Fedecámaras para traer seis millones de dosis de vacunas contra el COVID-19.
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“No la ha rechazado, la está evaluando en todo caso, lo que dice el Gobierno es que Fedecámaras no puede tener su propio plan de vacunación y Jorge Rodríguez dejó claro que el organismo competente es el Ministerio de Salud y que eso no van a delegar, pero está en conversaciones y tiene un costo político”, asegura.
La propuesta de la cúpula empresarial abarca la importación de las vacunas hasta la creación de un sistema digital para repartir las citas y la aplicación en un conjunto de 100 clínicas privadas en distintas regiones del país.
Al ser consultado al respecto, el presidente de la Asamblea Nacional del 6Dic dijo que el plan nacional de vacunación ya fue elaborado por el “único ente legitimado” que es el Ministerio de Salud.
“Ellos lo dicen como si fuera un premio y es su deber, pero no lo puedo hacer solo. Hay cierta conciencia en eso pero tiene un costo político y eso lo evalúan, no quieren aparecer ante sus aliados y radicales como débiles negociando, pero el costo de no hacerlo también es alto”, reitera.
Llamado
Capriles advierte que para que el plan de vacunación, sea efectivo se necesita la cooperación de muchos actores, entre los privados, organizaciones humanitarias, civiles, apoyos en cada una de las regiones. Sostiene que ese plan concertado de inmunización debería salir de la mesa técnica.
Trepiccione coincide en lo contraproducente que sería no agotar los mecanismos para llegar acuerdos, en un importante tema de salud pública como lo es la pandemia por COVID-19.
“Se requiere de una respuesta del gobierno y la sociedad y preguntarse si vale la pena seguir pensando en cálculos políticos mientras más venezolanos mueren. Que la vacunación se resuelva lo más pronto posible porque está en juego la misma subsistencia humana. Venezuela es uno de los países con más lentitud en la vacunación por la diatriba política”, advierte.
Las muertes por COVID-19 en Venezuela se acercan a dos mil fallecimientos. El 4 de abril, Maduro admitió que durante la primera semana de abril se registró el punto más alto de contagios de COVID-19 en el país, desde la llegada de la pandemia en marzo de 2020, con 40 casos activos por 100.000 habitantes.
Acusan control político
En declaraciones a Efecto Cocuyo, el presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV), Douglas León Natera, acusó al gobierno de Maduro de politizar el tema de la vacunación y usarlo como mecanismo de mayor control sobre la población.
“En todos los países se le ha dado prioridad al personal de salud pero aquí pasó al revés, nos dieron el repele y con una vacunación a cuenta gotas, mientras los funcionarios del alto gobierno, ministros, diputados, familiares, ya fueron vacunados, violando el derecho a la salud de quienes están en primera línea, combatiendo el COVID-19 y de sus pacientes a los que dejan de atender por enfermarse o morir”, rechaza.
Alerta que 0,3 % de la población venezolana ha sido vacunada de acuerdo con registros internacionales, mientras países como Chile la cifra alcanza 59,9%. Señala que los trabajadores de la salud en el país están “lejos de ser cubiertos en su totalidad”.
De acuerdo con el registro de la FMV, hasta el 13 de abril se produjeron 470 muertes entre el personal de salud, de los cuales 340 eran médicos y 130 de las distintas áreas sanitarias.
“Si alguien tiene dudas de la politización de la vacunación en Venezuela allí esta lo sucedido con Fedecámaras y el rechazo a las vacunas (AstraZeneca) del mecanismo Covax, pese a ser acuerdos que ellos mismos buscaron, solo para tener el control de las vacunas que se traen y colocársela a quienes ellos les dé la gana”, fustiga.
Arbitrariedad
Trepiccione considera como parte de la politización del tema vacunas el hecho de que la administración de Maduro privilegia la promoción y aplicación de las inmunizaciones (Sputnik V y Sinopharm) de sus aliados internacionales, Rusia y China, sobre otras como la AstraZeneca y la Pfizer, haciendo uso de técnicas como la desinformación acerca de los efectos secundarios, como herramienta política.
“Politización y control político también es cuando no manejas de forma transparente el plan de vacunación que dices que tienes, al no decir claramente de cuántas vacunas dispones y los criterios para la aplicación por sectores. El gobierno no lo hace de manera pública, con criterios científicos, sino que decide discrecionalmente a quien se vacuna primero”, cuestiona.
También agrega que en el manejo de la pandemia, las medidas adoptadas por el gobierno de Maduro, entre ellas la vacunación y el plan 7+7, entre otras, han servido para alimentar la arbitrariedad y la corrupción.
Esto es, por ejemplo, que los cuerpos de seguridad nacionales, estadales y municipales imponen sus propias reglas durante la cuarentena radical, lo que facilita, afirma, el abuso de poder y la “matraca” en las alcabalas y contra los comercios.
“En lugar de que el gobierno y los organismos públicos actúen apegados a los derechos humanos, exacerban el control político”, añade.