Respuesta del Estado. El gobierno de Nicolás Maduro aseguró que el informe de la Alta Comisionada de la ONU sobre los DDHH, Michelle Bachelet, difundido este jueves, 4 de julio, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, presenta «una visión selectiva y abiertamente parcializada» de la realidad del país.
Entre los comentarios realizados por representantes de Nicolás Maduro al documento, aseguran que «en gran parte, está distorsionada visión del informe es el resultado de las importantes debilidades presentes en la metodología utilizada para su elaboración». También asegura que el informe privilegia «excesivamente» a fuentes «carentes de objetividad» y se excluye casi en su totalidad la información oficial, pese a que estuvo a su disposición.
«Son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la Oacnhdh (Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos)», advirtieron como parte de las consideraciones generales.
El gobierno expuso que «es especialmente preocupante» que el 82% de las entrevistas utilizadas por la Oficina «se correspondan con personas ubicadas fuera del territorio», y a su juicio se les dio prioridad a estos testimonios y no a los elementos que Bachelet «pudo directamente apreciar en sus visitas al país».
El gobierno de Maduro resintió que el reporte «omite en su totalidad los logros y avances alcanzados» por el Ejecutivo en materia de DDHH. También sentenciaron que es obligación de Bachelet realizar una evaluación «objetiva e imparcial» de la situación que vive Venezuela, de acuerdo con las normas y principios internacionales.
Además, condenaron que Bachelet no expone el impacto de las sanciones por parte de los Estados Unidos entre los factores que inciden en que los venezolanos no tengan un nivel de vida adecuado, pese a que esas medidas son mencionadas en el informe como elementos que exacerban la crisis en el país.
Las autoridades desmintieron que algún vocero del gobierno venezolano hubiese admitido que en Venezuela exista una «crisis humanitaria», y aseguraron que la oficina utiliza el término «con ligereza». Por otro lado, defendieron han adoptado todas las medidas para garantizar el derecho a la alimentación.
Entre otros comentarios sobre el informe de Bachelet, el gobierno de Maduro afirma que no hubo incremento de la mortalidad materna; que hay control absoluto enfermedades como el zika desde 2017 y que Venezuela cerró el 2018 sin ningún caso confirmado.
También desmienten que 40 personas murieran durante los megaapagones, y dicen que los fallecimientos que ocurrieron durante esas circunstancias no son atribuibles a la falta de electricidad.
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El gobierno expuso que «es especialmente preocupante» que el 82% de las entrevistas utilizadas por la Oficina «se correspondan con personas ubicadas fuera del territorio», y a su juicio se les dio prioridad a estos testimonios y no a los elementos que Bachelet «pudo directamente apreciar en sus visitas al país».
El gobierno de Maduro resintió que el reporte «omite en su totalidad los logros y avances alcanzados» por el Ejecutivo en materia de DDHH. También sentenciaron que es obligación de Bachelet realizar una evaluación «objetiva e imparcial» de la situación que vive Venezuela, de acuerdo con las normas y principios internacionales.
Además, condenaron que Bachelet no expone el impacto de las sanciones por parte de los Estados Unidos entre los factores que inciden en que los venezolanos no tengan un nivel de vida adecuado, pese a que esas medidas son mencionadas en el informe como elementos que exacerban la crisis en el país.
Las autoridades desmintieron que algún vocero del gobierno venezolano hubiese admitido que en Venezuela exista una «crisis humanitaria», y aseguraron que la oficina utiliza el término «con ligereza». Por otro lado, defendieron han adoptado todas las medidas para garantizar el derecho a la alimentación.
Entre otros comentarios sobre el informe de Bachelet, el gobierno de Maduro afirma que no hubo incremento de la mortalidad materna; que hay control absoluto enfermedades como el zika desde 2017 y que Venezuela cerró el 2018 sin ningún caso confirmado.
También desmienten que 40 personas murieran durante los megaapagones, y dicen que los fallecimientos que ocurrieron durante esas circunstancias no son atribuibles a la falta de electricidad.
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