Hasta instancias internacionales. La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, informó este viernes, 30 de junio, que presentó una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para proteger a los trabajadores del Ministerio Público (MP). La titular de la Fiscalía anunció la medida a través de su cuenta de Twitter.
La solicitud se produce en el marco de varias denuncias hechas por funcionarios del MP que han sido objeto de robos y de “asedios sistemáticos” por parte de simpatizantes del oficialismo desde que Ortega Díaz declarara que en el país existe una “ruptura del orden constitucional”.
También se da a cuatro días de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) celebre una audiencia con la cual el representantes del oficialismo expondrán las “faltas graves” en las que incurrió la funcionaria para removerla del cargo.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Ohchr por sus siglas en inglés) también se pronunció sobre las sentencias TSJ emitidas contra la titular del MP.
En el comunicado, la oficina de la ONU señala su preocupación por la prohibición de salida del país contra Ortega Díaz y el congelamiento de sus cuentas bancarias. Insiste en que los “Estados deben velar por que los fiscales puedan desempeñar sus funciones profesionales sin intimidación, impedimento, hostigamiento, interferencia indebida o exposición injustificada a responsabilidades civiles, parciales u otras”
También hace un llamado al Gobierno a respetar la Constitución y el Estado de derecho y lo exhorta a garantizar el derecho a protestar y a la reunión pacífica.
A continuación, el comunicado publicado por el organismo este viernes:
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela del 28 de junio de iniciar el proceso de destitución de la Fiscal General, congelar sus bienes y prohibir su salida del país es profundamente preocupante, al igual que la violencia en curso en el país.
También nos inquieta la decisión tomada el 27 de junio por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de declarar nulo el nombramiento del vicefiscal y nombrar a un diputado temporal, en violación del procedimiento de nombramiento en virtud de la legislación venezolana.
Desde marzo, la Fiscal General ha tomado medidas importantes para defender los derechos humanos, documentando las muertes durante la oleada de manifestaciones, insistiendo en la necesidad del debido proceso y la importancia de la separación de poderes, y pidiendo que las personas detenidas arbitrariamente sean inmediatamente liberadas.
Nos preocupa que las decisiones de la Corte Suprema parezcan tratar de despojar a su Oficina de su mandato y responsabilidades, consagrado en la Constitución venezolana, y socavar la independencia de la Oficina.
El despido de funcionarios judiciales debe someterse a criterios estrictos que no menoscaben el desempeño independiente e imparcial de sus funciones. De acuerdo con las Directrices de las Naciones Unidas sobre la función de los fiscales, los Estados deben velar por que los fiscales puedan desempeñar sus funciones profesionales sin intimidación, impedimento, hostigamiento, interferencia indebida o exposición injustificada a responsabilidades civiles, parciales u otras.
Observamos que hasta el 22 de junio, según la Fiscalía General de la Nación, 75 personas habían muerto y unas 1.419 habían resultado heridas en las protestas. Más recientemente, tres jóvenes manifestantes fueron asesinados por miembros de las fuerzas de seguridad: dos por armas de fuego y uno que murió cuando un policía le disparó directamente un contenedor de gas lacrimógeno. Además, cada vez hay más informes de que las fuerzas de seguridad han asaltado edificios residenciales, han llevado a cabo búsquedas sin garantías y personas detenidas, supuestamente con la intención de disuadir a la gente de participar en las manifestaciones y buscar a los partidarios de la oposición.
Instamos a todos los poderes del Estado venezolano a que respeten la Constitución y el Estado de Derecho y exhortan al Gobierno a que garantice el derecho a la libertad de reunión pacífica ya la libertad de opinión y de expresión.
También hacemos un llamamiento a todas las personas en Venezuela para que utilicen únicamente medios pacíficos para hacerse oír e instar a todas las partes a que renuncien a la violencia y el hostigamiento de los opositores
Foto: Miguel Gutiérrez/EFE