Fiscal General: Incluso en estados de excepción el debido proceso no se suspende

POLÍTICA · 25 ABRIL, 2017 13:59

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Julett Pineda Sleinan | @JulePineda


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«Lamento mucho la muerte de 26 personas: 4 adolescentes y 22 adultos. Siempre la muerte de una persona es lamentable. Expreso mi solidaridad a todos sus familiares», dijo la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, tras ofrecer unas declaraciones desde la sede principal del Ministerio Público (MP) este martes, 25 de abril.

Se refirió a la necesidad de que las actas policiales tengan el debido proceso, y aseguró que «el MP está investigando los distintos hechos que han ocurrido en el país en los últimos días», particularmente los homicidios registrados en el marco de las protestas.

Respecto a los derechos fundamentales y el debido proceso, la Fiscal General advirtió que el MP se encontró con una «situación anómala» en el que un grupo de manifestantes de Nueva Esparta fue aprehendido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y el Cicpc sin que hubiera un acta en donde se narran las circunstancias de las detenciones. Sobre este caso, alertó que este tipo de actuaciones dificultan la labor del fiscal e impiden la imputación de delitos por carencia de sustentos para hacerlo.

«De pronto sí hay un delito. Pero vuelvo a insistir en el tema de las actas policiales«, dijo. «Incluso en los estados de excepción, uno de los pocos derechos que no se puede suspender es el del debido proceso, el 337 constitucional. Yo estoy obligada como Fiscal General a garantizar el debido proceso. El país necesita seguridad jurídica (…) Si la persona no cometió delito, no puede ser sancionada».

En el balance ofrecido, la Fiscal especificó además que de los 26 fallecidos, ocho murieron por electrocución en los saqueos que se produjeron en El Valle la noche del 20 de abril y la madrugada del 21 de abril. Explicó que por los saqueos se encuentran detenidas 10 personas.

Sobre los fallecidos en el marco de las manifestaciones, Ortega Díaz indicó que el Ministerio Público realizó las experticias para determinar la muerte de la joven Paola Ramírez en Táchira. Añadió que efectivos del Cicpc allanaron la vivienda de donde se presume que salió el disparo que mató a la mujer de 23 años, y dijo que Iván Pernía aseguró haber efectuado el disparo y entregó el arma.

También mencionó los casos de Jairo Ortiz, muerto en las protestas registradas en los Altos Mirandinos la noche del 6 de abril, hecho por el cual se encuentra privado de libertad un funcionario de la PNB llamado Rogenluis Mata, y el de Daniel Queliz, por el que se detuvieron dos PoliCarabobo.

«Seguimos trabajando porque hay mucho que investigar de los homicidios», afirmó la Fiscal General. Agregó que en la madrugada de este martes, 24 de abril, se conoció la muerte de cuatro personas que se suman a la lista de 26 fallecidos.

Luisa Ortega Díaz insistió en que el Ministerio Público es el órgano que tiene la titularidad de la acción penal y exigió «que nadie se aventure a recorrer caminos distintos a los establecidos en la Constitución«.

Añadió que actualmente permanecen privadas de libertad unas 65 personas y que 217 personas serán presentadas ante tribunales este martes. De acuerdo con el balance, el total de detenidos durante de las protestas asciende a 1.289 y el de lesionados a 437.

La Fiscal General pidió tanto al Gobierno como a la oposición volver al diálogo para construir una agenda de acuerdos que lleven a salidas democráticas e institucionales. «Todos deben bajar el tono de la confrontación y elevar las discusiones de nivel», pidió.

Durante las declaraciones acompañaron a Ortega Díaz el vicefiscal general, Rafael González; la directora general de Apoyo Jurídico, Mercedes Prieto; la directora general Administrativa, Ana Sofía Fernández; el director general de Actuación Procesal, Zair Mundaray; el director general de Delincuencia Organizada, Roberto Acosta; la directora general de Apoyo a la Investigación Penal, Roscio Gásperi; la directora general para la Protección de la Familia y la Mujer, Lisbeth Da Costa; la directora contra la Corrupción, Paula Ziri Castro; la directora de Protección de Derechos Fundamentales, Ana Beatriz Navarro; y la directora de Delitos Comunes, Marisela Lucena Silva.