Los integrantes de la Comisión Delegada Legislativa debatieron, como primer punto de la sesión de este martes 9 de noviembre, la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de iniciar una investigación por la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Los dirigentes de oposición concluyeron que la acción de la fiscalía confirma que en el país se cometen crímenes internacionales y algunos, como el dirigente de Voluntad Popular, Gilber Caro, solicitaron al funcionario investigar las violaciones sistemáticas de derechos humanos que ocurren en las cárceles venezolanas.
“Comenzaron unas reparaciones, unas pinturas, unos coloretes en las cárceles; se inventaron unas nuevas leyes en un Parlamento usurpado, esto de nada sirvió porque a la justicia internacional no se le puede burlar”, manifestó el dirigente de Voluntad Popular Rafael Veloz.
El político subrayó que deben ser sancionados los máximos responsables y no solo los autores materiales y señaló que la actuación de la CPI “da un aliento a la sociedad venezolana y al mundo”.
El militante de Un Nuevo Tiempo, Guillermo Palacios, pidió celeridad para que se castigue la comisión de estos crímenes cometidos en el país: “La misión independiente de la ONU comprobó que se practicaron detenciones arbitrarias contra disidentes, varias de las personas detenidas fueron víctimas de desapariciones forzadas y tratos crueles, incluida la violación sexual. Los organismos policiales como las Faes y el Sebin han practicado allanamientos sin orden judicial para chantajear a los detenidos”.
En el debate también participó la dirigente de Encuentro Ciudadano Delsa Solórzano. En su intervención explicó que en la fase de investigación, la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) puede solicitar órdenes de detención contra los presuntos responsables.
En su opinión, la solicitud de abrir una investigación hecha por seis estados partes del Estatuto de Roma (Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá) y las conclusiones de la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas aceleraron el cierre del examen preliminar.
“Viene un mayor esfuerzo de las víctimas, de sus abogados, de los defensores de derechos humanos, etc. Queremos expresar que esta es una luz al final del túnel, que es un rayo de esperanza para aquellos que siguen presos injustamente”, dijo la dirigente.
El presidente de la Delegada, Juan Guaidó, reiteró su llamado a las Fuerzas Armadas para que “colaboren” con la justicia internacional y frenen los crímenes que advierte siguen cometiéndose.
«El inicio de la investigación en la CPI significa que la justicia va a llegar a nuestro país”, afirmó.
En la sesión de este 9 de noviembre, los miembros de la Delgada aprobaron un acuerdo en rechazo a las violaciones sistemáticas de derechos humanos contra los privados de libertad.
El dirigente de Voluntad Popular Gilber Caro pidió al fiscal de la CPI investigar los delitos en las cárceles venezolanas. “Quiero hacer un llamado contundente a la CPI para que dentro de las investigaciones tomen en cuenta a las cárceles venezolanos que son centros de tortura y hacinamiento donde se violan sistemáticamente los derechos humanos”.
Caro también instó a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a designar una comisión que constate las condiciones de reclusión en estos recintos.
La dirigente de Primero Justicia Sandra Flores narró su experiencia como prisionera en la comandancia de la Policía del estado Barinas en 2014. En ese lugar, la dirigente señaló que tuvo que dormir en colchonetas con olor a sudor y orine, estuvo obligada a hacer sus necesidades en cualquier rincón de la celda que compartía con 17 mujeres más, , porque no tenia acceso a un baño, tenía acceso racionado al agua y a veces sus custodios le negaban la comida como un mecanismo de castigo.
El acuerdo aprobado establece:
1️⃣ Rechazar categóricamente la política de violaciones que ejecuta el régimen en contra de los derechos de la población privada en los recintos penitenciarios y centros de reclusión preventiva.
2️⃣ Hacer del conocimiento de la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos de las personas privadas de libertad, particularmente en Carabobo y Mérida.
La Delegada calificó de “fraude” las elecciones presidenciales en las que resultó reelecto Daniel Ortega en Nicaragua. La dirigente de Voluntad Popular Olivia Lozano se preguntó si la comunidad internacional está desvalida para enfrentar a regímenes autoritarios como los que gobiernan en Nicaragua, Cuba y Venezuela.
“Ante esta nueva fórmula de regímenes autoritarios que acceden al poder por mecanismos aparentemente democráticos ¿los organismos internacionales qué pueden hacer? Es obligatorio consolidar la lucha por la libertad. El 85% de los nicaragüenses habló claro y fuerte con su no participación. En tiempos de dictadura la no convalidación es una acción poderosa”, sostuvo Lozano.
Rosmit Mantilla cerró el debate y cuestionó que la instancia parlamentaria de oposición guardara silencio ante las acciones autoritarias que ha tomado Nayib Bukele en El Salvador al hacerse con el poder en el Parlamento y en el Tribunal Supremo de su país.
Una investigación del portal Armando.Info establece vínculos directos entre asesores de Bukele y el partido Voluntad Popular del que formba parte Mantilla y que integra, aunque renunció públicamente a su militancia, el presidente de la Delegada Juan Guaidó.
“Por un deber moral debemos rechazar lo que está ocurriendo en Nicaragua, el dictador ha consumado un fraude encarcelando a opositores. No hay dictador bueno ni malo, hay dictadores de derecha y de izquierda, hay dictadores que violan derechos humanos. Hay que reflexionar también en lo que ha sucedido en El Salvador y por qué esta Asamblea Nacional guardó silencio, lo cierto es que hoy el presidente Bukele se autodenomina como emperador de El Salvador, esto nos tiene que servir de escarmiento para saber que la lucha contra la violación de los derechos humanos debe ser una sola”, expresó.
Guaidó agregó que no son suficientes los comunicados ni los pronunciamientos en rechazo. En su opinión, la comunidad internacional debe tomar acciones más contundentes en contra de los autoritarismos: La Carta Democrática Interamericana es muy clara, su ejecución es la que debe mejorarse. Es momento de ponerse del lado de la democracia y no soportar a dictadores por falsas afinidades ideológicas”.
Maduro dice que la mayoría de los fondos malversados de Pdvsa siguen desaparecidos
Los ministros del petróleo del chavismo «caídos» por casos de corrupción en Pdvsa
Maduro elimina comisión para reestructuración de Pdvsa que presidía El Aissami
Gobierno de Ecuador acepta el fallo de Corte Constitucional pero rechaza juicio contra Lasso
«Solo me dijeron que se quemaron»: la indignación de familiares y migrantes tras el incendio en Ciudad Juárez en el que murieron 39 personas
De qué delitos acusará la Fiscalía de México a responsables por muerte de migrantes en Ciudad Juárez
Salud del papa Francisco «mejora progresivamente» y sigue el tratamiento
Migrantes buscan entregarse en Estados Unidos tras incendio en México
Los integrantes de la Comisión Delegada Legislativa debatieron, como primer punto de la sesión de este martes 9 de noviembre, la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de iniciar una investigación por la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Los dirigentes de oposición concluyeron que la acción de la fiscalía confirma que en el país se cometen crímenes internacionales y algunos, como el dirigente de Voluntad Popular, Gilber Caro, solicitaron al funcionario investigar las violaciones sistemáticas de derechos humanos que ocurren en las cárceles venezolanas.
“Comenzaron unas reparaciones, unas pinturas, unos coloretes en las cárceles; se inventaron unas nuevas leyes en un Parlamento usurpado, esto de nada sirvió porque a la justicia internacional no se le puede burlar”, manifestó el dirigente de Voluntad Popular Rafael Veloz.
El político subrayó que deben ser sancionados los máximos responsables y no solo los autores materiales y señaló que la actuación de la CPI “da un aliento a la sociedad venezolana y al mundo”.
El militante de Un Nuevo Tiempo, Guillermo Palacios, pidió celeridad para que se castigue la comisión de estos crímenes cometidos en el país: “La misión independiente de la ONU comprobó que se practicaron detenciones arbitrarias contra disidentes, varias de las personas detenidas fueron víctimas de desapariciones forzadas y tratos crueles, incluida la violación sexual. Los organismos policiales como las Faes y el Sebin han practicado allanamientos sin orden judicial para chantajear a los detenidos”.
En el debate también participó la dirigente de Encuentro Ciudadano Delsa Solórzano. En su intervención explicó que en la fase de investigación, la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) puede solicitar órdenes de detención contra los presuntos responsables.
En su opinión, la solicitud de abrir una investigación hecha por seis estados partes del Estatuto de Roma (Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá) y las conclusiones de la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas aceleraron el cierre del examen preliminar.
“Viene un mayor esfuerzo de las víctimas, de sus abogados, de los defensores de derechos humanos, etc. Queremos expresar que esta es una luz al final del túnel, que es un rayo de esperanza para aquellos que siguen presos injustamente”, dijo la dirigente.
El presidente de la Delegada, Juan Guaidó, reiteró su llamado a las Fuerzas Armadas para que “colaboren” con la justicia internacional y frenen los crímenes que advierte siguen cometiéndose.
«El inicio de la investigación en la CPI significa que la justicia va a llegar a nuestro país”, afirmó.
En la sesión de este 9 de noviembre, los miembros de la Delgada aprobaron un acuerdo en rechazo a las violaciones sistemáticas de derechos humanos contra los privados de libertad.
El dirigente de Voluntad Popular Gilber Caro pidió al fiscal de la CPI investigar los delitos en las cárceles venezolanas. “Quiero hacer un llamado contundente a la CPI para que dentro de las investigaciones tomen en cuenta a las cárceles venezolanos que son centros de tortura y hacinamiento donde se violan sistemáticamente los derechos humanos”.
Caro también instó a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a designar una comisión que constate las condiciones de reclusión en estos recintos.
La dirigente de Primero Justicia Sandra Flores narró su experiencia como prisionera en la comandancia de la Policía del estado Barinas en 2014. En ese lugar, la dirigente señaló que tuvo que dormir en colchonetas con olor a sudor y orine, estuvo obligada a hacer sus necesidades en cualquier rincón de la celda que compartía con 17 mujeres más, , porque no tenia acceso a un baño, tenía acceso racionado al agua y a veces sus custodios le negaban la comida como un mecanismo de castigo.
El acuerdo aprobado establece:
1️⃣ Rechazar categóricamente la política de violaciones que ejecuta el régimen en contra de los derechos de la población privada en los recintos penitenciarios y centros de reclusión preventiva.
2️⃣ Hacer del conocimiento de la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos de las personas privadas de libertad, particularmente en Carabobo y Mérida.
La Delegada calificó de “fraude” las elecciones presidenciales en las que resultó reelecto Daniel Ortega en Nicaragua. La dirigente de Voluntad Popular Olivia Lozano se preguntó si la comunidad internacional está desvalida para enfrentar a regímenes autoritarios como los que gobiernan en Nicaragua, Cuba y Venezuela.
“Ante esta nueva fórmula de regímenes autoritarios que acceden al poder por mecanismos aparentemente democráticos ¿los organismos internacionales qué pueden hacer? Es obligatorio consolidar la lucha por la libertad. El 85% de los nicaragüenses habló claro y fuerte con su no participación. En tiempos de dictadura la no convalidación es una acción poderosa”, sostuvo Lozano.
Rosmit Mantilla cerró el debate y cuestionó que la instancia parlamentaria de oposición guardara silencio ante las acciones autoritarias que ha tomado Nayib Bukele en El Salvador al hacerse con el poder en el Parlamento y en el Tribunal Supremo de su país.
Una investigación del portal Armando.Info establece vínculos directos entre asesores de Bukele y el partido Voluntad Popular del que formba parte Mantilla y que integra, aunque renunció públicamente a su militancia, el presidente de la Delegada Juan Guaidó.
“Por un deber moral debemos rechazar lo que está ocurriendo en Nicaragua, el dictador ha consumado un fraude encarcelando a opositores. No hay dictador bueno ni malo, hay dictadores de derecha y de izquierda, hay dictadores que violan derechos humanos. Hay que reflexionar también en lo que ha sucedido en El Salvador y por qué esta Asamblea Nacional guardó silencio, lo cierto es que hoy el presidente Bukele se autodenomina como emperador de El Salvador, esto nos tiene que servir de escarmiento para saber que la lucha contra la violación de los derechos humanos debe ser una sola”, expresó.
Guaidó agregó que no son suficientes los comunicados ni los pronunciamientos en rechazo. En su opinión, la comunidad internacional debe tomar acciones más contundentes en contra de los autoritarismos: La Carta Democrática Interamericana es muy clara, su ejecución es la que debe mejorarse. Es momento de ponerse del lado de la democracia y no soportar a dictadores por falsas afinidades ideológicas”.