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Jugar al aislamiento internacional. Este ha sido el plan del gobernante Nicolás Maduro desde que llegó al poder en Venezuela en abril de 2013. Incluso su antecesor, Hugo Chávez, comenzó esta política al retirarse de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en el año 2006.

Su sucesor continuó esta misma línea cuando la ruptura del orden democrático en el país se hizo más evidente y la comunidad internacional comenzó la presión sobre Venezuela. Denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos fue una acción que se tomó en septiembre de 2012, también con Chávez, y continuó con el anuncio de la entonces canciller, Delcy Rodríguez, de informar la salida de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Este último proceso que comenzó en abril de 2017 se cumplirá este año, de acuerdo con los estatutos del organismo hemisférico. Para la especialista en derechos humanos, Ligia Bolívar, la juramentación de Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), este jueves, 10 de enero, supone un nuevo paso para que se profundice el aislamiento internacional del régimen venezolano.

Sin embargo, para ella «es poco conveniente que se produzca la ruptura de relaciones diplomáticas por parte de países democráticos en relación con Venezuela» y citó especialmente el caso de Paraguay, que este 10 de enero anunció el rompimiento de los canales diplomáticos con el país.

Esto sería un triunfo para Maduro y su gestión, ya que impediría que los países con los que tradicionalmente se mantienen relaciones monitorear las violaciones de los derechos humanos que se han agravado desde el año 2017.

«Venezuela está intentando evadir la rendición de cuentas ante la comunidad internacional. En este contexto la ruptura de relaciones que hagan otros países sería caer en el juego de Venezuela porque quién se beneficiaría del aislamiento es el régimen porque existirá menos posibilidad de monitoreo internacional«, explicó Bolívar.

Este sería el primer efecto negativo de la ruptura de relaciones, que no es lo mismo al retiro de embajadores como ha ocurrido desde el año pasado con Ecuador, Colombia, Brasil, Panamá y Perú, tan solo en el caso de Suramérica.

«En la medida en que haya menos monitoreo internacional y menos presencia de representaciones diplomáticas de otros países habría dificultad para hacer seguimiento y escrutinio de violaciones a DDHH que se están produciendo en el país. Es parte del efecto negativo que tendría la ruptura de relaciones», añadió.

Bolívar explicó que mantener la figura de los encargados de negocios permitiría al menos mantener relaciones a un nivel, que aun cuando no es el más alto, lleva a tener una figura que aun cuando tardará más para poder ejercer acciones al depender de la cancillería de su país, podría dejar abierta la puerta de las relaciones.

«Aún en ese escenario, hay más dificultad porque esa persona que está representando a ese país en Venezuela no tiene la misma libertad de acción que ese embajador, porque tiene que someter una cantidad de decisiones a consulta a la Cancillería de su país y eso demora también las actuaciones. Pero por lo menos habría una persona que permitiría el correaje de información», sugirió.

Pero el escenario está servido:

-La OEA anunció el desconocimiento del nuevo período constitucional de Maduro con el voto de 19 de los 34 países que integran la organización; Estados Unidos denunció «la usurpación» del gobernante al jurar ante el TSJ, mientras que hasta el momento Paraguay ha sido el único en romper relaciones, decisión que anunció el presidente Mario Abdo Benítez.

-Perú, Panamá y Costa Rica llamaron a consultas a sus encargados de negocios y Argentina decidió sanciones financieras.

Bolívar espera que no se generalice la posición de Paraguay, porque finalmente el aislamiento perjudicará a los venezolanos en general, más que al propio gobernante del país.