El contralor general de la República, designado por la Constituyente, Elvis Amoroso, presentó su informe de gestión este 4 de marzo ante la Asamblea Nacional (AN) elegida el 6 de diciembre, y reportó que entre 2019 y 2020, se impusieron sanciones de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos a más de 150 personas.
Señaló que incurrieron en ilícitos administrativos previstos en la Ley Contra la Corrupción y señaló que el número de registro de inhabilitados políticos asciende a 2.668 ciudadanos.
Ante el Parlamento con mayoría Psuv, también precisó que 320 funcionarios fueron sancionados en el mismo período por no presentar la declaración jurada de patrimonio. Dijo que era el caso de los diputados de oposición de la AN de 2015.
«Uno se pregunta, ¿qué ocultan? En varios casos sí sabemos los millones de dólares robados al pueblo venezolano», acusa.
El 24 de febrero, Amoroso anunció que 28 diputados de 2015, entre ellos Juan Guaidó, quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos por 15 años, tras no cumplir con la declaración jurada de patrimonio.
«Robo» a la República
El también presidente del Consejo Moral Republicano, no dejó de referirse a los hechos de corrupción supuestamente perpetrados por Guaidó y la AN saliente. Aseguró que el entramado para «robarse» los activos de Venezuela en el exterior alcanzó a funcionarios de otros países y al exministro de Energía y Petróleo y de Pdvsa, Rafael Ramírez.
«Este señor (Guaidó) y su banda hicieron un plan para robarse los activos de Venezuela en el exterior con la colaboración de sectores privados dentro y fuera del país. Javier Troconis fue designado fraudulentamente como comisionado para gestionar en el exterior los activos de todos los venezolanos. A este señor se le otorgaron 187 millones de dólares, entregados por Rafael Ramírez, esa es la pirámide de la corrupción», denunció.
Como parte de las acciones del Ejecutivo venezolano y las instituciones para enfrentar la situación, Amoroso mencionó que fueron enajenados bienes, se congelaron cuentas y se adoptaron otras medidas necesarias para evitar la sustracción de dinero y que pudieran hacer más negocios. Habló de 216 acciones en el último año para seguir investigando y actuando en hechos de corrupción que involucran a legisladores de 2015 «y sus familiares».
«La corrupción se le carga al funcionario pero nunca antes se había demostrado que funcionarios de otros países pudieran confabularse. Esa denuncia fue llevada ante la ONU en Viena. Se levantaron molestos embajadores de cinco países, el resto nos apoyó, pedimos que se investigara esa modalidad de corrupción, el senador Marco Rubio se ha hecho multimillonario a costa de los recursos de Venezuela con cómplices internacionales», asegura.
Propuestas de leyes
El exparlamentario del Psuv indicó además que presentó a consideración de la AN del 6Dic, varias propuestas de leyes, las cuales, subrayó, deben ser adecuadas a los nuevos tiempos.
Mencionó la Ley contra la Delincuencia Organizada, Ley de la Contraloría General de la República, Estatuto del Funcionario Público, Ley Contra la Corrupción, Código de Ética del juez venezolano, Código Penal y Ley orgánica contra las drogas. Las dos últimas ya fueron incluidas en el paquete de 35 leyes que se propone aprobar la AN este año.
«No podemos quedarnos en la sanción penal, debemos buscar que los delincuentes respondan por el daño patrimonial que le han hecho al país. Nada hacemos con tener detenidos a los corruptos y no regresar el dinero. La ley tiene que perseguir a ese corrupto y quitarle las casas que se compró, si permitimos que avancen más rápido que las leyes no haremos nada», planteó.
Sugirió el plazo de un mes para que el dinero confiscado producto de la corrupción ingrese a las arcas de la República.