Cada vez que se acerca la fecha que marca la mitad del periodo presidencial en Venezuela aparece la figura del referendo revocatorio como una táctica recurrente de la oposición para poner fin al gobierno chavista. Ha ocurrido así, con mayor énfasis, en los últimos nueve años de mandato de Nicolás Maduro.
Pero los vacíos que existen en la normativa vigente le otorgan al Consejo Nacional Electoral (CNE) el poder de reglamentar la activación de este derecho constitucional, una atribución que ha usado de forma discrecional para hacer cada vez más difícil su convocatoria.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) también sumó obstáculos al revocatorio con una sentencia de la magistrada Indira Alfonzo del 17 de octubre de 2016 que establece que debe recabarse el 20 % de las firmas del padrón electoral correspondiente en cada uno de los estados y el Distrito Capital. De no cumplirse este requisito en cualquiera de las entidades esto “haría nugatoria la válida convocatoria del referendo”, determina la decisión.
Adicionalmente, el revocatorio plantea un problema a la oposición que representa Juan Guaidó, pues implica el reconocimiento tácito de las elecciones presidenciales de 2018 que fueron desconocidas por una parte de los venezolanos y de la comunidad internacional, ya que no se puede revocar a una autoridad que no es reconocida.
El dilema radica en que precisamente el cuestionamiento de la legitimidad de esas elecciones presidenciales es lo que da sustento y razón de ser al gobierno interino cuya continuidad fue extendida recientemente.
Las fuerzas que adversan a Maduro tendrían que recoger 4.231.969 firmas, tomando como referencia el Registro Electoral definitivo usado para las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre de 2021 que suma 21.159.846 electores, para solicitar la convocatoria del revocatorio.
De estos 21 millones, cerca de 3.8 millones están fuera de Venezuela como consecuencia de la crisis económica y política, lo que tiene implicaciones, pues esta cantidad de personas son determinantes para decidir el resultado de un revocatorio y de una elección presidencial.
De superar todos los escollos, la oposición tendría que lograr que igual o mayor número de electores que eligieron a Maduro (6.248.864) voten a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo no menos de 25 % del padrón electoral.
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Cada vez que se acerca la fecha que marca la mitad del periodo presidencial en Venezuela aparece la figura del referendo revocatorio como una táctica recurrente de la oposición para poner fin al gobierno chavista. Ha ocurrido así, con mayor énfasis, en los últimos nueve años de mandato de Nicolás Maduro.
Pero los vacíos que existen en la normativa vigente le otorgan al Consejo Nacional Electoral (CNE) el poder de reglamentar la activación de este derecho constitucional, una atribución que ha usado de forma discrecional para hacer cada vez más difícil su convocatoria.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) también sumó obstáculos al revocatorio con una sentencia de la magistrada Indira Alfonzo del 17 de octubre de 2016 que establece que debe recabarse el 20 % de las firmas del padrón electoral correspondiente en cada uno de los estados y el Distrito Capital. De no cumplirse este requisito en cualquiera de las entidades esto “haría nugatoria la válida convocatoria del referendo”, determina la decisión.
Adicionalmente, el revocatorio plantea un problema a la oposición que representa Juan Guaidó, pues implica el reconocimiento tácito de las elecciones presidenciales de 2018 que fueron desconocidas por una parte de los venezolanos y de la comunidad internacional, ya que no se puede revocar a una autoridad que no es reconocida.
El dilema radica en que precisamente el cuestionamiento de la legitimidad de esas elecciones presidenciales es lo que da sustento y razón de ser al gobierno interino cuya continuidad fue extendida recientemente.
Las fuerzas que adversan a Maduro tendrían que recoger 4.231.969 firmas, tomando como referencia el Registro Electoral definitivo usado para las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre de 2021 que suma 21.159.846 electores, para solicitar la convocatoria del revocatorio.
De estos 21 millones, cerca de 3.8 millones están fuera de Venezuela como consecuencia de la crisis económica y política, lo que tiene implicaciones, pues esta cantidad de personas son determinantes para decidir el resultado de un revocatorio y de una elección presidencial.
De superar todos los escollos, la oposición tendría que lograr que igual o mayor número de electores que eligieron a Maduro (6.248.864) voten a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo no menos de 25 % del padrón electoral.