Este jueves, 11 de noviembre, fue diferida por décima ocasión la audiencia preliminar de Javier Tarazona, Omar de Dios García y Rafael Tarazona, activistas de la organización no gubernamental Fundaredes.
Omar de Dios García y Rafael Tarazona fueron excarcelados el pasado 26 de octubre, según informó Alfredo Romero, abogado y presidente del Foro Penal venezolano.
Tras salir de prisión quedaron bajo régimen de presentación cada 8 días. Mientras el director de la ONG, el abogado y profesor Javier Tarazona, continua detenido en El Helicoide.
García y Tarazona permanecieron 117 días tras los barrotes de la sede de El Helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Javier Tarazona y sus dos compañeros presentaron varias denuncias en la Fiscalía para que se investigara la supuesta relación del Estado con miembros de grupos guerrilleros como las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), algo que el Ministerio Público calificó de “difamaciones”.
Tarazona (y su equipo) fue detenido en la sede de la Fiscalía de Coro, estado Falcón, a donde acudió, el viernes 2 de julio, a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de Polifalcón, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y sujetos sin identificar. Ya han pasado más de cuatro meses y no han tenido audiencia ni un proceso legal justo, critican defensores.
La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, así como organizaciones promotoras de derechos humanos como Provea, consideran la detención de Tarazona como una medida de retaliación política que criminaliza la defensa de derechos humanos en el país.
A los activistas les fueron imputados delitos de promoción al odio, traición a la patria y terrorismo.
Sobrevivientes, familiares y activistas exigen justicia a 34 años de la masacre de El Amparo
Cierre de oficina de DDHH de la ONU en Caracas afectaría a víctimas y a Maduro, dicen defensores
Misión de la ONU es un muro de contención contra el abuso de poder, según Provea
Provea y el padre Infante instan a Lacava a conciliar para investigar ejecuciones extrajudiciales
Por qué los terremotos de Turquía y Siria han sido tan mortíferos y devastadores
Movimiento estudiantil llama a marchar el 12 de febrero para que abran Registro Electoral
Más de 7.200 muertos por terremotos en Medio Oriente, de ellos más de 5.400 en Turquía
Creemos Alianza Ciudadana busca articular a líderes para la primaria opositora
Quiénes son los exministros que señalan a Maduro de acabar con «legado» de Chávez
Este jueves, 11 de noviembre, fue diferida por décima ocasión la audiencia preliminar de Javier Tarazona, Omar de Dios García y Rafael Tarazona, activistas de la organización no gubernamental Fundaredes.
Omar de Dios García y Rafael Tarazona fueron excarcelados el pasado 26 de octubre, según informó Alfredo Romero, abogado y presidente del Foro Penal venezolano.
Tras salir de prisión quedaron bajo régimen de presentación cada 8 días. Mientras el director de la ONG, el abogado y profesor Javier Tarazona, continua detenido en El Helicoide.
García y Tarazona permanecieron 117 días tras los barrotes de la sede de El Helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Javier Tarazona y sus dos compañeros presentaron varias denuncias en la Fiscalía para que se investigara la supuesta relación del Estado con miembros de grupos guerrilleros como las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), algo que el Ministerio Público calificó de “difamaciones”.
Tarazona (y su equipo) fue detenido en la sede de la Fiscalía de Coro, estado Falcón, a donde acudió, el viernes 2 de julio, a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de Polifalcón, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y sujetos sin identificar. Ya han pasado más de cuatro meses y no han tenido audiencia ni un proceso legal justo, critican defensores.
La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, así como organizaciones promotoras de derechos humanos como Provea, consideran la detención de Tarazona como una medida de retaliación política que criminaliza la defensa de derechos humanos en el país.
A los activistas les fueron imputados delitos de promoción al odio, traición a la patria y terrorismo.