Delsa Solórzano denunciará a la alcaldesa de Bogotá ante la CIDH por xenofobia

POLÍTICA · 12 MARZO, 2021 15:07

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Efecto Cocuyo | @efectococuyo


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La integrante de la Comisión Delegada Legislativa Delsa Solórzano denunciará a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por alentar la xenofobia contra los migrantes y refugiados venezolanos.

“Está utilizando mecanismos de supuesta mano dura contra los venezolanos a través de los cuales genera xenofobia y que no están fundamentados en ningún tipo de cifra oficial, Migración Colombia ha señalado que no hay evidencia entre el aumento de criminalidad y la emigración venezolana. Esta señora está excusando su ineficiencia en la presencia de venezolanos y esto es una violación de derechos humanos”, rechazó.

Exhorto a la CPI

La dirigente política advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro intenta hacer ver que hay justicia en el país con la imputación de funcionarios de bajo rango por la muerte del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo.

Esto con el objetivo de inhibir la actuación de la Fiscalía de la Corte Pernal Internacional (CPI) que se encuentra evaluando si las autoridades venezolanas están investigando y juzgando a los perpetradores del hecho y qué acciones se han llevado a cabo para traer justicia a las víctimas.

La Fiscalía de la Corte también estudia la gravedad de los crímenes sobre los que alerta la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela para concluir si abrirá una investigación formal contra los responsables señalados.

“Se han ampliado los delitos a los responsables materiales del capitán, pero esto no es suficiente, no es cierto que con ello se hace justicia o se puede evadir la responsabilidad directa en la investigación que está llevando a cabo la Corte Penal Internacional. El régimen pretende quitarle el conocimiento a la CPI haciendo ver que está haciendo justicia en Venezuela, obviando que se tiene que enjuiciar a los autores intelectuales y establecer responsabilidades en la cadena de mando”, denunció.

La misión de determinación de los hechos ratificó en el informe de actualización que presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el pasado 10 de marzo, que hay motivos razonables para creer que el capitán Acosta murió a consecuencia de las torturas infligidas por funcionarios de inteligencia militar.

Los expertos independientes también señalaron que el Ministerio Público venezolano incluyó delitos más graves de homicidio calificado con alevosía y tortura en una nueva acusación contra los presuntos responsables, “sin embargo, el Estado sigue procesando solo a funcionarios de bajo rango por esta muerte”, exponen.

“Con el informe de la misión y el informe de la señora (Michelle) Bachelet queda de manifiesto que en Venezuela se cometen tanto crímenes de lesa humanidad como violaciones de los derechos humanos y, siendo que hay clara evidencia de esto, es menester la actuación de la CPI en este sentido porque no opera en lo más mínimo el principio de que cuando hay justicia en el país la Corte carece de competencia”, expuso Solórzano.

La dirigente recordó la muerte del indígena Salvador Franco en manos del Estado y las detenciones arbitrarias contra el periodista Roland Carreño y el diputado Juan Requesens.

Adelantó que el informe de actualización será remitido ante la CPI como parte de las pruebas que reposan en dicha instancia contra el régimen de Maduro.

Oficial desaparecido

La defensora de derechos humanos también alertó sobre la desaparición del oficial retirado del Ejército Franklin Caldera, quien supuestamente fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim).

Los familiares del militar se comunicaron con la activista en horas de la mañana.

La periodista Sebastiana Barráez precisó que Caldera viajó hacia Cúcuta para visitar a su hijo y, según contó a sus familiares, fue capturado por el Ejército de Liberación Nacional, trasladado a territorio venezolano y entregado a la Dgcim.