Constitucionalistas afirman que TSJ limita a la AN hasta para organizarse internamente

POLÍTICA · 23 ABRIL, 2016 22:02

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Julett Pineda Sleinan | @JulePineda


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Cuatro meses después de la instalación de la Asamblea Nacional, el Parlamento suma otra decisión desfavorable por parte del Tribunal Supremo de Justicia. La nueva sentencia emitida el pasado viernes 22 de abril por el máximo ente judicial del país surge como respuesta a un recurso introducido por la oposición en 2011, cuando la mayoría de curules eran ocupadas por oficialistas.

La sentencia, aplicada cinco años después, afecta varias disposiciones en el Reglamento de Interior y de Debates. Varios especialistas consideran que la AN se va quedando sin radio de acción mientras que el Ejecutivo acumula más poder.

La decisión modifica 11 artículos del texto legal que rige al Parlamento (25, 27, 45, 48, 56, 57, 64, 73, 76, 105 y 126) incluidos en la última reforma efectuada a la normativa en 2010. De todas las anulaciones, señalan los abogados como «más grave» la medida cautelar donde se establece la viabilidad presupuestaria de cada ley. De esta forma, ya no queda en manos de la Asamblea decidir sobre este aspecto al momento de legislar, sino que necesitará del Ejecutivo para aprobar los presupuestos.

«Se limita la capacidad legislativa del Parlamento porque la sentencia obliga a la AN a hacer una consulta al Poder Ejecutivo Nacional«, explicó el abogado constitucionalista Gustavo Linares Benzo. «La viabilidad económica es parte de la atribución legislativa de la AN, pero ahora para legislar tendrá que compartir su competencia», agregó.

Pedro Alfonso del Pino, también abogado constitucionalista, coincide en que este punto es lo más delicado de la sentencia. «La decisión busca limitar más la AN de forma contundente. Estamos hablando de que los proyectos de Ley van a requerir una consideración del Ejecutivo«, dijo.

Adicionalmente, a esto se suma la suspensión de otros apartados legales. Entre ellos, que el Presidente del Parlamento ya no podrá pedir a los diputados que se circunscriban al tema de debate en sus discursos; que la AN no podrá convocar a una sesión de un día para otro, sino con 48 horas de antelación; y que Presidente de la Asamblea no podrá negar el derecho de palabra a ningún parlamentario.

Del Pino precisó que con estas medidas, se busca restringuir también el poder de la AN para organizarse a sí misma, especialmente tras la modificación de aspectos «tan detallistas y exclusivos» del Parlamento. «Lo que hará es evitar la agilidad del Poder Legislativo, limitar la facultad de moderación del debate», señaló Del Pino.

Frente a esta situación, indicó que existe la posibilidad de que la AN vuelva a modificar su propio reglamento; pero también podría  repetirse el escenario de que el TSJ tome otra decisión contraria, nuevamente. «Pudieran reformar su propio reglamento ¿pero van a hacerlo sin atender las decisiones de la Sala Constitucional?», se preguntó.

Tanto a Linares Benzo como a Del Pino les llama la atención que el recurso introducido por diputados de la oposición en 2011 fuese atendida ahora, cinco años después y luego de que el oficialismo perdiera la mayoría en el Parlamento. «¿Cómo se entiende que saquen de la gaveta una demanda de 2011? Gana la oposición y desempolvan una demanda de nulidad de hace cinco años«, expresó Linares Benzo.

Aún así, aunque coinciden en que la decisión representa una usurpación de poderes y que las sentencias están fuera del TSJ jurídicamente, ambos especialistas indicaron que la situación se pone cada vez más difícil para la AN.

«El escenario cada día se vuelve más asfixiante«, dijo Linares, «la Constitución, en este Gobierno, perdió vigencia. La Constitución es lo que el Tribunal diga. Lo que hemos visto es un bombardeo jurídico a través de sentencias que van anulando la Asamblea Nacional», afirmó.