La extensión de la Asamblea Nacional de 2015 se materializó este año a través de la Comisión Delegada Legislativa, presidida por Juan Guaidó. La reforma del Estatuto de Transición a la Democracia el 26 de diciembre de 2020, lo hizo posible.
La mayoría opositora se apoyó en los artículos 25, 128, 195 y 333 de la Constitución, además del desconocimiento nacional e internacional de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020, mediante las cuales se eligió a un Parlamento de 277 diputados con mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
Retos asumidos
«Lo más importante (del desempeño de la Delegada en 2021) es haber mantenido el único rasgo de institucionalidad que ha permitido la preservación de los intereses de la nación en el exterior y el reconocimiento del Gobierno interino en la lucha y procura de las libertades y el rescate de la democracia», expresó la diputada de Voluntad Popular (VP) Olivia Lozano a Efecto Cocuyo.
A juicio de la presidenta de la Comisión de Política Exterior y miembro de la Delegada, dicho soporte a la presidencia encargada, reconocido por casi 60 países es lo que justifica la continuidad del Parlamento para el próximo año y más allá de ser necesario.
El politólogo Guillermo Tell Aveledo destaca que la Delegada asumió el reto del fin del Parlamento de 2015 para superarlo, en medio de diáspora de diputados (alrededor de 30) a raíz de la persecución política del gobierno de Nicolás Maduro.
«También se ha visto afectada por la dinámica interna de algunos partidos. Entregar competencias y autoridad al Gobierno interino disminuyó su propia incidencia, las capacidades contraloras establecidas en el Estatuto se fueron debilitando desde 2020 y se profundizó en 2021», señala.
Objetivos cumplidos y fallidos
Basada en el Estatuto de Transición, la Delegada cumplió su objetivo de darle legalidad y legitimidad a la continuidad del gobierno interino presidido por Guaidó a la vista de la comunidad internacional, tal como lo señala Lozano.
Tal legalidad permitió a su vez al interinato seguir manejando activos en el exterior y tener representación en litigios contra el gobierno de Nicolás Maduro por el control de recursos como las reservas del Banco Central de Venezuela (BCV) en Inglaterra.
Otros objetivos como la aprobación de leyes establecido en el artículo 23 del Estatuto que promuevan la transición política de conformidad con el artículo 333 de la Constitución, así como el logro de elecciones generales libres, no.
El artículo 195 de la Constitución establece la integración de la comisión delegada por parte del presidente, los dos vicepresidentes y los presidentes de las 15 comisiones del Poder Legislativo. Entre sus atribuciones está la de convocar a sesiones extraordinarias de la AN.
Este año la Delegada convocó a sesiones regulares, vía remota a través de la aplicación Zoom y solo algunas semipresenciales, por lo general los martes de cada semana, en las que se mezclaban miembros de la Delegada y el resto de parlamentarios, pero sin aclarar el carácter de extraordinario.
Diputados de 2015 como Stalin González no continuaron por estar en desacuerdo con dicha continuidad. Otros como Delsa Solórzano se quitaron el estatus de diputados en sus perfiles de Twitter pero asistieron constantemente a las sesiones semanales, a diferencia de otros legisladores como Henry Ramos Allup a quien no se le volvió a ver en funciones parlamentarias.
La delegada, en cambio, aprobó acuerdos sobre diversos temas de interés nacional, recursos para la defensa de activos en el exterior, así como la designación de comisiones especiales. También planteó diversos debates sobre diferentes problemas nacionales.
Principales debates
Debates como el de Monómeros sumida en una crisis por denuncias de corrupción y politización, puso en evidencia las diferencias entre Primero Justicia (PJ), partido del llamado G4 con el gobierno interino.
La tolda aurinegra, en mayoría circunstancial con Acción Democrática (AD), controlada por Ramos Allup, frenó un decreto (número 38) de reestructuración de la estatal ubicada en Colombia, presentada por Guaidó. La bancada de Un Nuevo Tiempo (UNT) se abstuvo en la votación.
En lugar de la propuesta de reestructuración se acordó designar una comisión de seguimiento al caso Monómeros por denuncias de supuesta corrupción durante la actual gestión de Guillermo Rodríguez Laprea, designado por el interino como director general.
A la fecha, se desconoce si dicha comisión se instaló y si está en funciones. El grupo está conformado por los diputados Bibiana Lucas (PJ), José Luis Pirela (fracción 16 de julio), Ángel Caridad (UNT), Marco Aurelio Quiñones por Voluntad Popular (VP) y Yorman Barillas por AD.
Mientras, el activo más importante de Venezuela en el exterior permanece bajo la intervención y supervisión de todas sus operaciones por parte de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, por incumplimiento de protocolos dirigidos a evitar irregularidades como el blanqueo de capitales.
La continuidad
Es precisamente PJ, en voz de Julio Borges, la que lidera la propuesta de continuidad de la AN de 2015, más no del Gobierno interino, así como el manejo de activos en el exterior a través de otra figura como un fideicomiso. Se plantea la definición de una nueva plataforma opositora que reimpulse la lucha por el cambio político en Venezuela. Borges tuvo un derecho de palabra en la sesión de la Comisión Delegada el pasado 16 de diciembre.
Se espera que antes de que culmine el año, la Delegada convoque a sesión para definir la aprobación de una nueva reforma del Estatuto de Transición que dé legitimidad a la continuidad de la AN de 2015 de cara al 2022.
Parlamentarios como Solórzano indican que no hace falta porque el Estatuto de Transición es claro en su artículo 12 al señalar «hasta que no se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres». También debe debatirse si con el Parlamento continúa o no el Gobierno interino.
«La Comisión Delegada que declara la continuidad de la AN de 2015 es garantía de poder seguir luchando para salir de la dictadura a través de elecciones libres, justas y verificables, presidenciales y parlamentarias en el menor lapso posible», reitera la diputada Lozano.
Aboga porque a partir de la continuidad se consolide la unidad opositora y se refuercen las estrategias que permitan unificar la presión interna con la internacional.
Aveledo opina que las tareas llevadas a la práctica por parte de la Delegada, desde sus potestades han sido pocas, por la falta de coordinación entre sus propios miembros, lo cual ha sido notorio en el comportamiento de los parlamentarios cuando se trata de debates incómodos como el de Monómeros y el de la continuidad.
«Su papel cobrará relevancia cuando se discuta una nueva reforma del Estatuto y la continuidad del Gobierno interino», apunta.
Otros temas
Otros temas sobre los cuales la Delegada debatió y aprobó acuerdos tuvieron que ver con la crisis eléctrica del país, el deslave en Mérida en septiembre de este año, inundaciones en Maracay, estado Aragua en el mes de julio, así como la anulación de las elecciones regionales del 21 de noviembre en Barinas. En este último caso, los diputados defendieron el triunfo del también parlamentario de 2015, Freddy Superlano de VP, desconocido por el Tribunal Supremo de Justicia.
Hasta Guaidó, quien se abstuvo de llamar a la participación en dichos comicios, se presentó en Barinas para apoyar a Superlano y exigir el respeto a la voluntad popular de los habitantes de la entidad llanera.
Igualmente, se rechazó la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte de la AN del 6Dic en mayo de este año y la criminalización de las ONG. Además, se discutieron otros tópicos relacionados con la emergencia humanitaria compleja, los daños ambientales causados en el Arco Minero del Orinoco y el cuestionamiento a las cifras de casos de COVID-19 ofrecidas por la administración de Maduro, entre otros.
Aprobación de recursos
En su desempeño como primer año de la continuidad, la Delegada también dio luz verde a recursos dirigidos a la defensa de activos en el exterior. Entre ellos, la aprobación de 3.720.687 dólares para la defensa de las reservas de oro del Banco Central de Venezuela (BCV) protegidas en Inglaterra desde 2019.
En Londres cursa un juicio en el cual se ventila el control de las reservas de oro en poder del Banco de Inglaterra, valoradas en 1.827 millones de dólares, así como 120 millones de dólares producto de una operación swap de oro. Este 20 de diciembre, la Corte Suprema del Reino Unido ratificó dicha protección, así como su reconocimiento a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, mientras se toma una decisión final.
En marzo, aprobó igualmente autorizar a Guaidó para la solicitud de un endeudamiento al BCV por un monto de 30.309.040,00 millones de dólares ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América, destinados a financiar el acceso a la Plataforma Covax de la Organización Mundial de la Salud y del Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19.
Faltó transparencia
La poca incidencia contralora de la Delegada sobre el gobierno interino también fue plasmada en un informe de la ONG Transparencia Venezuela.
«La falta de transparencia denunciada públicamente por altos funcionarios– actuales y retirados– del Gobierno interino, y diversos reportajes, presuponen un manejo opaco de las finanzas públicas, por parte del interinato que lidera Guaidó, así como la ausencia de investigaciones parlamentarias conclusivas, de sanciones políticas o votos de censura para los señalados», cuestionó la ONG en octubre de este año.
Asimismo, se alude a denuncias de supuestos sobornos para la recuperación de activos, la contratación irregular de escritorios jurídicos en el exterior y denuncias de irregularidades en el manejo del Fondo de Litigios, con autorización para gastar hasta 24 millones de dólares, alertados por el procurador especial.
Señala también la inexistencia de canales de acceso a la información pública en los portales del Ejecutivo y Legislativo del interinato. La ONG advirtió especialmente la falta de rendición de cuentas por parte del propio Guaidó y del contralor especial.
Piden rendir cuentas
Las juntas ad hoc de Pdvsa, BCV, Pequiven, Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Bandes y la Procuraduría Especial presentaron informes de gestión ante diputados de 2015 en julio de este año, sobre los cuales la ONG advirtió falta de información y no publicación de informes.
Sobre el caso Monómeros hubo un ciclo de comparecencias ante la Comisión de Contraloría de la AN de 2015, que incluyó a funcionarios y exfuncionarios de la estatal, pero el trabajo de la instancia no pasó de una recomendación a Guaidó para la reestructuración de la empresa de fertilizantes. Su labor fue sustituida por una comisión especial que viajó a Colombia y presentó un informe, grupo a su vez fue sustituido por otro, con parte de sus mismos integrantes cuya labor hasta ahora se desconoce.
«Hacemos un llamado al Gobierno interino, a su presidente Juan Guaidó, y a la Comisión Delegada de la AN electa en 2015 que respondan al país sobre todas las alertas que se han expuesto por sus mismos funcionarios y a través de medios de comunicación; que rindan cuentas de calidad publicando los informes con soportes y en formatos abiertos. Que promuevan investigaciones independientes y presenten resultados de las denuncias hechas», instó la ONG.