Comisión Delegada Legislativa anuncia que sesionará en las calles pese a amenazas de cárcel

POLÍTICA · 6 FEBRERO, 2021 16:09

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Efecto Cocuyo @efectococuyo


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La Comisión Delegada que declara la continuidad de la Asamblea Nacional (AN) elegida en 2015 llegó a su primer mes de gestión, entre acuerdos y recursos aprobados para la defensa de los activos en el exterior, así como amenazas de cárcel para sus integrantes.

 Pasados los primeros 30 días de sesiones remotas, vía Zoom, uno de sus integrantes, el presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario, Williams Dávila, anuncia que cambiarán la modalidad a presencial, en las calles de todo el país.

 Esto exceptúa a los siete parlamentarios, del total de 33 miembros de la Delegada, que se encuentran en el exilio por amenazas y procesos judiciales en su contra: Carlos Paparoni, Dinorah Figuera, Ramón López, Franco Casella, Jhonny Rajal, Sonia Medina y Luis Stefanelli.

 “A partir de la semana que viene vamos a sesionar en la calle, no nos vamos a quedar encerrados pese a las amenazas. La Delegada sesionará junto al pueblo, no es una posición guerrerista sino en defensa de la democracia. Sabemos los riegos que corremos pero nos encomendamos a Dios”, dijo el legislador de Acción Democrática.

 En declaraciones a Efecto Cocuyo, Dávila informó que comenzarán el miércoles 10 de febrero en el estado Carabobo y luego continuarán por todo el país en sucesivas sesiones. Aseguró que las medidas de prevención para evitar contagios de COVID-19 serán tomadas en cuenta, entre ellas el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico.

 “Con ello queremos enviar un mensaje de fuerza y unidad al pueblo venezolano (…) estamos bajo una guillotina pero esto no detendrá el trabajo y la lucha por elecciones presidenciales y parlamentarias libres y la liberación de los presos políticos”, subraya.

 Las amenazas

Los riesgos de los que habla Dávila derivan de las acciones de la  “Comisión especial  de investigación de acciones perpetradas contra la República desde la directiva y miembros de la AN para el período 2016-2021″, del Parlamento elegido el 6 de diciembre de 2020.

La instancia que preside el disidente opositor José Brito solicitó ante el Ministerio Público prohibición de salida del país para la junta directiva de la Delegada, integrada por Juan Guaidó como presidente y Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia como segundo vicepresidente.

“Exhortamos a la Fiscalía para que se solicite la prohibición de salida del país a este grupo de personas que son sujetas a investigación y por un daño continuado por seguir saqueando el erario público”, explicó Brito el 27 de enero.

Las investigaciones también afectan a por lo menos 19 miembros de la Delegada. Ellos son: Olivia Lozano, Macario González, Romel Guzamana, Edgar Zambrano, Carlos Paparoni, Marianela Fernández, Jhonny Rajal, Luis Stefanelli, Elías Mata, María Gabriela Hernández, Eliézer Sirit, Julio Ygarza, Alexis Paparoni, Orlando Ávila, Luis Florido, José Antonio Mendoza, Tobías Bolívar, Williams Dávila y Romny Flores.

A Guaidó concretamente se le señala de haber incurrido presuntamente en los delitos de: concierto para delinquir, agavillamiento, delincuencia organizada, traición a la patria, usurpación de funciones, magnicidio, homicidio, intento de golpe de estado.

Brito advirtió el 5 de febrero que el líder opositor no recibirá tratamiento como diputado y menos como presidente interino, porque su período finalizó el 4 de enero de 2021.

Un informe con estas últimas conclusiones será elevado por Brito a la plenaria de la AN con mayoría Psuv. La Comisión especial también pedirá prórroga para seguir investigando.

La primera vicepresidenta de la AN de 277 diputados elegidos en 2020, Iris Varela, ha exigido reiteradamente medida cárcel contra los diputados de 2015. Incluso aseguró que de encontrarse personalmente con Guaidó, ella misma le colocaría las esposas. A la fecha, ni el MP ni el Poder Judicial se han pronunciado con medidas concretas contra los opositores.

Sobre las amenazas de cárcel, el Parlamento de 2015 alertó a la Unión Interparlamentaria (UIP), principal interlocutor parlamentario de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Los 33 integrantes

 La Comisión Delegada está compuesta por la junta directiva, encabezada por Guaidó; además de los presidentes y vicepresidentes de las 15 comisiones permanentes de la AN de 2015. En total, 33 miembros.

 La distribución de las comisiones es la siguiente:

 .-Política Interior: presidente, Edgar Zambrano, vicepresidente, Luis Stefanelli.

.- Política Exterior, soberanía e integración: Olivia Lozano y Ramón López.

.- Contraloría: Macario González y Sandra Flores

.- Finanzas y Desarrollo Económico: Carlos Paparoni y Luis Silva

.- Energía y Petróleo: Elías Mata y Tobías Bolívar

 .- Defensa y seguridad:  Sirit y Franco Casella

 .- Desarrollo Social Integral: José Antonio Mendoza y Aristela Vásquez

 .- Cultos y Régimen Penitenciario: William Dávila y Deyalitza Aray

 .- Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático: María Gabriela Hernández y Orlando Ávila

.- Pueblos Indígenas: Romel Guzamana y Julio Ygarza

.- Poder Popular y Medios de Comunicación: Jhonny Rajal y Sonia Medina

 .- Ciencia y Tecnología: Dinorah Figuera y Marianela Fernández

 .- Cultura y Recreación: Alexis Paparoni y Fátima Soares

 .-Familia: Rommy Flores y Edwin Luzardo

 .- Administración y Servicios: Luis Florido y Avilio Troconiz

Pese a las críticas sobre la legalidad de su funcionamiento, la  Delegada como continuidad de la AN, es reconocida por el Parlamento Europeo y países como Estados Unidos.

 Balance

 Entre lo aprobado por sus 33 integrantes, desde el 5 de enero, destaca más de 18 millones de dólares ($18.749.681,49) para el pago de “deudas sostenidas con las firmas de abogados que han representado al Estado venezolano y sus entes descentralizados, en cortes y tribunales extranjeros en juicios concernientes a la defensa, protección o recuperación de activos del pueblo venezolano (…) contraídas durante los años 2019-2020”.

Esto causó escándalo en la AN elegida el 6 de diciembre. El disidente opositor José Brito, los acusa de “continuar con el saqueo del erario público” y les advierte que ese y otros supuestos delitos no quedarán impunes.

 En la sesión vía Zoom del 12 de enero, los diputados también aprobaron que las juntas ad hoc de Pdvsa y el Banco Central de Venezuela (BCV) pagar honorarios y gastos legales asociados a la protección, recuperación y control de sus activos. Se trata de 1.053.052,86 de dólares por el BCV y 7.560.544,46 de dólares por parte de la estatal petrolera.

 En las sesiones convocadas durante los primeros 30 días, de la “extensión” del período constitucional 2016-2021, en principio por un año, también se le ha dado el visto bueno a acuerdos en rechazo a los ataques a medios de comunicación digitales, respaldo a la defensa del Esequibo y a migrantes venezolanos, víctimas de xenofobia y de violencia de género.

 También acuerdos a favor de la participación de Venezuela en el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud para el acceso a vacunas contra el COVID-19, entre otros.

Los diputados seguimos levantando la voz por el pueblo que sufre la crisis humanitaria y la pandemia. ¿Qué ha hecho la AN ilegítima del 6 de diciembre y sus cooperantes? Nada. A unos solo les preocupa que se les levanten las sanciones, mientras los otros le rinden pleitesía a Nicolás Maduro y se ofrecen como perseguidores voluntarios de la oposición”, rechaza Dávila.

 Materia pendiente

Sobre la designación del Consejo Político que sustituye al Centro de Gobierno, coordinado por Leopoldo López, Dávila dijo que no hay fecha concreta para la designación. 

De acuerdo con el Estatuto de Transición, dicha instancia debe ser nombrada, pasados los 30 días de la instalación de la Delegada el 5 de enero. Sin precisar nombres ni partidos, Dávila asegura que en el Consejo Político, quedará representada la verdadera unidad de la oposición para lograr el cambio político en Venezuela.

Desde España, López propone el relanzamiento de una plataforma unitaria de la oposición, planteamiento desestimado por Guaidó, quien considera que el Consejo Político y el Frente Amplio existente, son más que suficientes.