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A la hora de iniciarse en el país un proceso de justicia transicional para sancionar las violaciones de derechos humanos y reparar a las víctimas es preciso saber quiénes son, dónde están y con cuáles delitos fueron afectadas estas personas. Es el trabajo que se está haciendo desde la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Justicia y Paz con el levantamiento de un registro único que pueda ser utilizado cuando llegue el momento de un cambio político en Venezuela.

Las diputadas que encabezan dicha instancia parlamentaria, Delsa Solórzano y Adriana Pichardo, informaron que para tal fin están recorriendo el país con el apoyo de un grupo de voluntarios para recoger datos y testimonios de víctimas de crímenes como represión, persecución política y torturas, entre otros.

“Estamos construyendo un registro único de víctimas para que cuando venga la transición y venga el proceso de la comisión de la verdad se sepa quiénes son, dónde están las víctimas y qué derechos humanos fueron violentados. Pretendemos generar justicia para los venezolanos y eso no puede esperar», explicó Solórzano, quien preside la comisión.

Agregó que  trabajan para que cada ciudadano sea atendido y que sus derechos sean garantizados, sin excepción. «No hay forma que el proceso de transición triunfe si no es aceptado por las víctimas y la sociedad civil, por eso estamos en consulta permanente con todo los sectores e invitamos al país para que nos ayuden con la consulta que estamos haciendo, para que sean parte integrante de la transición que está próxima a alcanzarse en Venezuela”, 

A la par, hacen un llamado a los ciudadanos que puedan aportar información al registro para que se sumen a la iniciativa y entren en contacto con el grupo parlamentario a través del correo comisionjusticiaypazan@gmail.com También están disponibles las redes sociales Twitter e Instagram a través de @JusticiaYPazAn

En la comisión está en discusión el período que sería tomado en cuenta para construir la data, se ha hablado desde 1998, aunque podría acortarse dado que expertos han advertido que mientras más largo sea el lapso a tomar en cuenta más difícil será recopilar la información. Se ha hecho especial énfasis en 2002, cunado hubo el despido masivo de empleados de la estatal Pdvsa y las manifestaciones de los años 2014 y 2017 por la fuerte represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

“Trabajamos también por nuestros hermanos de la diáspora, los que fueron botados en sus trabajos por motivos políticos, los que se fueron porque sus empresas fueron expropiadas y hemos estado reuniéndonos con víctimas en todo el país» dijo la diputada Pichardo.

.Aseguran que se han forma con expertos en  materia de justicia transicional. Admite que «no será fácil por la polarización de nuestra sociedad,pero queremos hacer justicia, no venganza, no habrá impunidad y tampoco nos vamos a portar igual que como lo hicieron ellos (violadores de derechos humanos) con nosotros, que las víctimas consigan la justicia que se les ha negado, velaremos porque se respeten sus derechos humanos, incluso los de los victimarios”, afirmó.