El directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó un plan piloto para los comicios del 21 de noviembre que consistirá en ubicar a todos electores con discapacidad en la mesa uno de los centros de votación que serán habilitados en todo el país.
La rectora principal Tania D´Amelio explicó que lo que busca el Poder Electoral es actualizar el registro con la identificación de las personas que tienen alguna discapacidad a fin de elaborar protocolos de atención y apoyo que garanticen el derecho al voto a este sector de la población.
Hasta el 31 de mayo se contabilizaron 483.896 electores con discapacidad certificados por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad.
“Vamos a crear la comisión especial para que lleve de manera estructural y sostenida la política de atención, desarrollo y garantía con toda la adecuación del sistema electoral venezolano, donde se tomará en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad para las megaelecciones del 21 de noviembre”, anunció el presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla.
“Los datos del elector y de la electora con discapacidad inscrito o inscrita en el Registro Electoral deberán contener adicionalmente la indicación de la condición del elector y de la electora con necesidades especiales a los fines de la adecuación de los espacios físicos e instrumentos electorales de los mismos en las mesas electorales”, agregó.
Entre los compromisos suscritos por el CNE destacan el diseño de instrumentos de votación que permitan la accesibilidad de los electores y las electoras con discapacidad para que puedan ejercer su derecho sin intermediación alguna (voto asistido).
Las autoridades electorales también anunciaron la elaboración de material informativo de las opciones electorales en diseños de lectura Braille.
«Hago un llamado a las organizaciones con fines políticos, para que nos ayuden a divulgar estas medidas, estas políticas que van a la humanización de la vida colectiva de nuestras instituciones, espacios donde se materializa el ejercicio pleno del derecho político, la mayor suma de garantías posibles que vamos a lograr con una voluntad férrea de los ciudadanos y ciudadanas”, concluyó Calzadilla.