Mientras la tendencia internacional es a despenalizar, es decir a no castigar con pena privativa de libertad ni con cárcel las expresiones publicadas que puedan cuestionar las actuaciones de los funcionarios públicos, en Venezuela se pretende penalizarlas, lo cual significa un retroceso en materia de libertades públicas.
Así lo consideró Carlos Correa, director de la Organización No Gubernamental Espacio Público, durante una entrevista concedida al comunicador social César Miguel Rondón, en su programa radial la mañana de este miércoles 24 de agosto.
La consulta fue realizada a raíz de la decisión del Tribunal Segundo de Primera Instancia del Circuito Judicial Civil, Mercantil y Tránsito del Estado Barinas, que notificó a los directores de los tres diarios de circulación regional que se abstengan de publicar cualquier información donde aparezca la imagen de Adán Chávez como gobernador, relacionada de manera directa con la responsabilidad en hechos de corrupción que no hayan sido ventilados ante los órganos judiciales competentes.
Precisamente Chávez aparece mencionado en un informe de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, donde se refiere a supuestos casos de corrupción en los que estarían involucrados altos funcionarios del gobierno de Maduro.
“Aquí estamos en un retroceso similar al que se está dando en Ecuador donde ha habido una serie de modificaciones muy grave, y hay una suerte de aparato censor que castiga muy fuertemente las expresiones con multa y solicitudes de rectificación”, señaló Correa.
“Pero en el resto de la región todo lo que son delitos penales están claramente en retroceso, al contrario, es a través del debate, de la rectificación o réplica o a través de mecanismos no penales que se puede reparar el pretendido honor”, explica el activista de derechos humanos.
Como antecedentes, Correa recordó que existe una investigación que se hace en Estados Unidos contra familiares de la pareja presidencial implicados en narcotráfico, la cual replican catorce medios en Venezuela, y, “a consecuencia de ello, se adelanta un proceso penal, y ahora civil, contra los diarios Tal Cual, La Patilla y El Nacional; ahora tenemos estos casos en relación al general Carlos Osorio, que fue este año, y ahora este en relación al gobernador Chávez”.
“Pareciera que aquí no se puede hablar, no se puede cuestionar, no se puede criticar el ejercicio del poder. Si hay un derecho absoluto es el derecho ciudadano de cuestionar a quien está en el poder, eso es algo absolutamente normal; es algo contranatura lo que pretenden hacer, lo que quieren es eso: que no se pueda hablar de nadie”, concluyó Correa.