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“La fiscal de la CPI Fatou Bensouda termina su gestión sin informar los resultados del examen preliminar sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela y propiciados por la dictadura”, escribió en su cuenta de Twitter el comisionado de relaciones exteriores del Gobierno interino, Julio Borges, quien espera que el nuevo fiscal Karim Khan acelere el proceso y dé inicio a una investigación formal “por los delitos de Maduro”.

En esa misma red destacó que Bensouda, «quien reconoce que el régimen obstaculizó el proceso del examen preliminar, ya ha confirmado que existen elementos suficientes para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad».

Y señaló que hoy las víctimas “del Estado criminal que lidera Maduro” exigen justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición.

Tras nueve años como fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, dejó este martes 15 de junio el cargo, sin que lograra anunciar una decisión sobre el caso venezolano sobre crímenes de lesa humanidad. Una resolución de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, en respuesta a una solicitud de control judicial hecha por autoridades venezolanas, el 27 de mayo, se lo impidió.

¿Cuál era la decisión que se esperaba anunciara Bensouda antes de ser sustituida por el británico Karim Khan como nuevo fiscal de la CPI? El pase a investigación ante la Corte del caso de Venezuela, en el que se señala a funcionarios del Estado de haber cometido crímenes de lesa humanidad, por lo menos desde abril de 2017, año de masivas manifestaciones ciudadanas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

No obstante, ese reto le queda en las manos al abogado británico Karim Khan, quien tomó este miércoles 16 de junio el relevo de la Oficina de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) y se hizo cargo de una larga lista de casos heredados de su predecesora, Fatou Bensouda, incluidas las tensiones con países africanos, o los crímenes en Afganistán y Palestina.

Discurso inaugural

“Me comprometo solemnemente a cumplir con mis deberes y ejercer mis poderes como fiscal de la CPI de manera honesta, fiel, imparcial y consciente”, declaró Khan, al jurar su cargo en una ceremonia en la sede del tribunal, para el que fue elegido el pasado 12 de febrero por un periodo de nueve años.

En su primer discurso como fiscal, señaló que la CPI lamentó que “en pleno siglo XXI, gente moderna esté cometiendo crímenes medievales: violación, esclavitud, asesinatos, torturas, ataques contra la identidad, todas formas de persecución y destrucción de la propiedad cultural, tienen lugar mientras hablamos”.

Además, subrayó la necesidad de dar prioridad a hacer justicia en los países de origen o en la región, cerca de las víctimas, porque la CPI es un tribunal de “último recurso”, alejado del lugar donde se cometen los crímenes.

Mencionó igualmente la “falta de balance de género y (representación) geográfica” en la oficina del fiscal, algo que consideró que “debe ser tratado con urgencia”, al igual que el acoso denunciado por empleados.

Junto al reto de extender la jurisdicción de la CPI a otros Estados, Khan se enfrenta a tareas como decidir sobre el destino de varios casos bajo examen preliminar, como Bolivia y Venezuela, la admisibilidad de casos sobre Colombia, Filipinas o Guinea, o las investigaciones por los crímenes contra los rohinyá en Myanmar, los crímenes en Darfur (Sudán), la República Centroafricana, Libia, Kenia o Mali.