A las 7:00 de la mañana 15 funcionarios de la policía política, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), tomaron el Palacio Federal Legislativo.
Ingresaron al recinto argumentando que había una alerta de explosivo, lo que despertó una interrogante que no fue respondida durante el día: ¿cómo una presunta bomba pudo ser colocada en un espacio completamente custodiado por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) sin complicidad de este componente de la Fuerza Armada?
“Serias intimidaciones de parte de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana al personal administrativo si no entregamos las llaves de las oficinas y del palacio. No tenemos instrucciones de la junta directiva para cumplir su exigencia”, denunció Roberto Campos, miembro de la subsecretaria de la Asamblea Nacional.
A las puertas del palacio se visualizaban dos grúas, patrullas del Sebin y funcionarios policiales encapuchados y con armas largas. El perímetro de seguridad se amplió a más de 300 metros y fue reforzado por dos piquetes, uno de la Policía Nacional Bolivariana y otro de la Guardia Nacional.
Los medios de comunicación tenían una visión limitada de lo que ocurría en la sede de la Asamblea Nacional y los funcionarios militares y policiales impidieron a los diputados ingresar al Capitolio Federal.
El conductor oficialista de Zurda Konducta, Pedro Carvajalino, apareció junto a un grupo de personas afectas a Nicolás Maduro a quienes aupaba a gritar consignas contra los opositores.
Reunión a puerta cerrada
La sede administrativa de la AN fue ocupada entonces por los parlamentarios que comenzaron a llegar a las 9:00 de la mañana. Pero los periodistas tampoco tuvieron acceso al edificio en el que los políticos discutían cuándo y dónde convocar la sesión que fue suspendida. Las puertas permanecieron cerradas y vigiladas.
Las horas transcurrían y los camarógrafos, los fotógrafos y los reporteros esperaban la noticia. El Tribunal Supremo de Justicia, en manos de Maikel Moreno, anunciaba la convocatoria de una reunión de última hora para implicar a cuatro diputados más en delitos de rebelión y traición a la patria.
En total el Poder Judicial ordenó enjuiciar a 14 diputados y la Constituyente les allanó la inmunidad en menos de dos semanas.
“No podemos esperar más que una nueva agresión contra la Constitución, contra la Asamblea Nacional y contra los diputados. Nuestra estrategia es clara y la seguiremos llevando adelante”, respondió Jorge Millán a las cámaras.
El diputado denunció que el explosivo “es un engaño para impedir que nosotros sesionemos”.
“Intentan secuestrar el Poder Legislativo mientras el dictador se atrinchera solo, en un Palacio en el que no debe estar, sospechando de todos a su alrededor”, reaccionó el presidente encargado de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
Quórum atacado
Las acciones judiciales ponen en jaque el quórum de funcionamiento de la Asamblea Nacional. Seis diputados ya ha pedido protección, cuatro en embajadas: Franco Casella (embajada de México), Mariela Magallanes (embajada de Italia), Américo De Grazia (embajada de Italia) y Richard Blanco (embajada de Argentina), uno salió del país: Luis Florido (está en Colombia), y otro permanece en la clandestinidad: Juan Andrés Mejía.
Sin embargo, el diputado Juan Pablo Guanipa afirmó que habían aproximadamente 80 diputados en el edificio administrativo, mientras que William Barrientos aseguró eran 98. Una fuente de secretaría finalmente informó a Efecto Cocuyo que estaban presentes 80 diputados y otros 22 estaban en las sedes de los partidos Acción Democrática y Primero Justicia, en Caracas, para un total de 102. “Había quórum suficiente”, aseguró.
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Fotos: Iván Reyes