Un día después del entierro controlado del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, en el Cementerio del Este en Caracas, funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado allanaron la vivienda de sus suegros en Maracay, según denunció el abogado Alonso Medina Roa a través de su cuenta en Twitter.
Roa, quien preside la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, aseguró que una comisión se presentó al mediodía de este jueves, 11 de julio, en la residencia de los padres de Waleswka Pérez, viuda del capitán que fue asesinado mientras estaba en custodia de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el 29 de junio. Habrían permanecido en la vivienda alrededor de media hora.
Este miércoles, 10 de julio, el cuerpo de Acosta Arévalo fue entregado a sus familiares luego de cumplir 12 días en la morgue de Bello Monte. Sus parientes y Roa denunciaron que el Estado ordenó una inhumación controlada como hizo en el caso del excomisario del Cicpc, Óscar Pérez.
El abogado aseguró que el capitán fue víctima múltiples torturas, mientras que su familia y su defensa han encontrado numerosos obstáculos por parte del tribunal y del Ministerio Público para el desarrollo de una investigación transparente.
CIDH dispuesta a investigar
El pasado martes 9 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) expresó su disposición a visitar Venezuela para el establecimiento de un mecanismo especial para investigar las denuncias de desaparición forzada, tortura y ejecución de Acosta Arévalo y otros presos políticos.
La comunicación, firmada por el secretario ejecutivo de la Cidh, Paulo Abrao, fue la respuesta a una solicitud que hiciera el primero de julio el representante permanente ante la Organización de Estados Americanos (OEA) designado por la Asamblea Nacional venezolana, Gustavo Tarre Briceño.
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