Emilio González, alcalde del municipio Gran Sabana denunció que con su destitución el chavismo gobernante ejecutó un plan para “apoderarse de las riquezas minerales” de esta zona al sur de Bolívar, donde desde el mes de febrero de 2019 ha habido siete personas fallecidas, más de 60 detenidas y casi mil desplazados por la acción represiva de los cuerpos de seguridad y orden público a las órdenes de Nicolás Maduro.
Lo último que ocurrió fue la destitución de González como alcalde de Gran Sabana, este 23 de abril, una decisión que tomó la Cámara Municipal en poder del chavismo al señalar la falta absoluta del cargo, pues desde el pasado 23 de febrero el mandatario local se refugió en Brasil como medida de seguridad ante la persecución en su contra y la de su familia.
En conversación telefónica con Efecto Cocuyo, González manifestó este jueves 25 de abril, que “con esta acción ellos ejecutan su plan de apoderarse del municipio para saquear el mineral de la zona. Nosotros como pueblo indígena y yo como alcalde no permitimos el apoderamiento de sindicatos y pranatos del mal y el ELN en la zona”.
González recordó que la persecución en contra de los pemones en Santa Elena de Uairén y las comunidades indígenas como Kumarakapay que inició el pasado 22 de febrero, dejó cuatro pemones muertos, tres habitantes de la zona no aborígenes y el desplazamiento forzado de familias enteras ante la persecución no solo del Ejército y la GNB, sino de grupos civiles armados, conocidos como colectivos y aliados del chavismo.
“He sido desplazado forzosamente pero desde aquí (Brasil) sigo trabajando y también denunciando a este régimen asesino de crímenes de lesa humanidad. Es allí cuando se rompe el hilo constitucional en el municipio Gran Sabana”, afirmó González.
En el municipio, el gobernador de Bolívar, Justo Noguera Pietri (Psuv) designó como “comisionada” a Nancy Ascencio, quien se encargaba de administrar la empresa estatal Alimentos Bolívar.
Ella se encarga actualmente de distribuir alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), a pesar de que la Cámara Municipal designó como alcalde encargado al presidente de esta instancia.
Alcaldes opositores perseguidos
Pero González no ha sido el único alcalde que adversa al chavismo destituido de su cargo sin cumplirse lo que establece el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que contiene los mecanismos para declarar la falta temporal o absoluta de un mandatario local.
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Los primeros en ser destituidos de sus cargos por órdenes del Tribunal Supremo de Justicia en 2014 fueron Enzo Scarano y Daniel Ceballos, a quienes además encarcelaron por un año. El motivo: no acatar una decisión de la Sala Constitucional de impedir las protestas gubernamentales en sus jurisdicciones; en San Diego (Carabobo) y San Cristóbal (Táchira), respectivamente.
A ellos le sucedieron en agosto de 2016 los alcaldes de Maturín (Monagas) y de Mario Briceño Iragorry (Aragua), Warner Jiménez y Delson Guárate, a quienes destituyeron de sus cargos las Cámaras Municipales en esas localidades.
En la lista entran por decisión de la Sala Constitucional del TSJ entre los meses de julio y agosto de 2017:
– Omar Lares, alcalde del municipio Campo Elías (Mérida)
– Ramón Muchacho, de Chacao (Miranda)
– Alfredo Ramos, de Iribarren (Lara)
– David Smolansky, de El Hatillo (Miranda);
– Gustavo Marcano, de Diego Bautista Urbaneja (Anzoátegui) y
– Carlos García, de Libertador (Mérida)
La decisión se basó en el supuesto “desacato a medidas cautelares emitidas por el TSJ, en las cuales se ordenó mantener el libre tránsito y prohibir las protestas opositoras en los distintos municipios. Por esa razón fueron condenados a 15 meses de prisión e inhabilitación política. El mismo basamento empleado contra Scarano y Ceballos en 2014.
“Pelea” entre chavistas
Pero también hay alcaldes chavistas que han sido destituidos por concejales oficialistas. Una de las últimas ocurrió el 14 de junio de 2018 contra el de Tubores (Nueva Esparta).
Rodolfo Vincent, fue destituido del ayuntamiento al que fue electo en diciembre de 2017, por diferencias con los ediles, quienes alegaron “abandono del cargo” de Vincet del partido oficialista Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) para desalojarlo del poder.
En 2015 en el municipio Caroní (Ciudad Guayana, Bolívar) el alcalde del Psuv en la localidad José Ramón López, fue destituido del cargo y detenido por supuestas irregularidades administrativas. En su lugar nombraron al concejal de la Cámara Municipal, Eriberto Aguilera, a quien después reemplazaron dos años después con un exdiputado a la Asamblea Nacional del chavismo, Tito Oviedo.
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Foto: Diario Primicia