La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dio a conocer el documento que los días 1 y 2 de diciembre de 2017 avaló tanto la oposición como el Gobierno, el cual fue aprobado por unanimidad por los cancilleres de los países que participaron como garantes del proceso de diálogo que se desarrolló en República Dominicana hasta este miércoles 7 de febrero.
Uno de los puntos más importantes era la fecha de las elecciones presidenciales que quedaron fijadas “para el segundo semestre del año 2018”. Asimismo otro contemplaba la renovación de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral: dos nombrados por la oposición, dos por el gobierno y uno “de común acuerdo”, a más tardar en enero de este año.
Los cancilleres participantes fueron, en nombre del Gobierno, Bolivia, Nicaragua y San Vicente y Las Granadinas, mientras que por la oposición estaban Chile y México.
Este documento señalaba que la fecha de la convocatoria a los comicios debía darse en un plazo no menor a seis meses según la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), junto al cronograma electoral.
Este fue el documento hecho y aprobado por unanimidad por los cancilleres de: Bolivia, Nicaragua, San Vicente, México y Chile el 02 de diciembre de 2017. Si este documento se hubiese respetado, hoy habría acuerdo. #7Feb pic.twitter.com/Y7ClNK6pEN
— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) 7 de febrero de 2018
Entre otras garantías se emplazaba a devolver los centros de votación a sus lugares originales, después del traslado que se hizo durante la escogencia de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en julio de 2017 y las elecciones a gobernadores de octubre pasado.
La presencia de la observación internacional contemplaba la presencia de la Organización de Naciones Unidas, que además serían misiones independientes.
También se acordó, en ese primer documento, que se permitiría el voto de los venezolanos en el exterior con presencia de testigos por los partidos políticos, la eliminación de las inhabilitaciones contra los dirigentes que fueron sancionados para “permitir la plena participación de todos aquellos postulantes que cumplan con los requisitos de elegibilidad de la Constitución vigente”.
Otra de estas garantías era la de asegurar acceso equitativo de los candidatos a los medios de comunicación y que les permitieran, a su vez, el libre tránsito durante la campaña.
Por último se pedía que el Plan República cumpliera funciones de resguardo durante el proceso, pero que no interfiriera en el proceso de la mesa de votación, como han denunciado desde la MUD en los últimos años.
Sobre las sanciones económicas que pedía el gobierno se levantaran, las partes se comprometían a crear una comisión bilateral que trabajaría en la supresión de este bloqueo, siempre que se diera el resto de las condiciones como las electorales y el reconocimiento de la Asamblea Nacional.
En este apartado daban un plazo de 15 días para que se levantara el desacato que el Tribunal Supremo de Justicia le impuso al Parlamento, así como la recuperación de las capacidades presupuestarias de la AN y el ejercicio de los derechos para los diputados.
“Se crea una comisión de enlace entre la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente para negociar un acuerdo político que precise el mandato y la temporalidad de la Asamblea Nacional Constituyente”, reza el documento.
No menos importante es que tanto el Gobierno como la ANC se comprometían a respetar la institucionalidad vigente de todos los poderes públicos en todos sus niveles: nacional, regional y municipal.
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