Acceso a la Justicia: Maduro anuló definitivamente el derecho al voto en 2020

POLÍTICA · 1 JULIO, 2021 11:27

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Ibis Leon | @ibisL

Foto por Iván Ernesto Reyes

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La imposición de un Consejo Nacional Electoral ad hoc, vía Tribunal Supremo de Justicia, la intervención judicial de partidos de oposición, la eliminación del voto indígena directo y secreto, y los cambios inconstitucionales al sistema electoral hacen concluir a Acceso a la Justicia que el gobierno de Nicolás Maduro “anuló definitivamente el derecho al voto” en 2020.

Estas acciones se sumaron a las 145 sentencias con las que el Poder Judicial terminó de dar un “zarpazo” a la Asamblea Nacional de mayoría opositora, en 2020, al anular, usurpar o eliminar sus funciones.

La asociación civil en su informe anual 2020 también destaca que la pandemia de COVID-19 sirvió de “excusa” al chavismo para implementar políticas aún más represivas y arbitrarias.

“El estado de alarma dio lugar a un estado de sitio, por lo menos durante su primer trimestre, controlado por militares y policías, que propició mayor corrupción y limitación a los derechos fundamentales de los ciudadanos en un país inmerso ya en una emergencia humanitaria compleja”, refieren en el documento.

Nuevos elementos de represión

El director de Acceso a la Justicia, abogado Alí Daniels, destaca lo que considera “nuevos elementos de represión” que se implementaron en medio de la pandemia. Estos son:

1️⃣ Se amplió el marco de la represión a quien diese información o protestase por la escasez gasolina, de insumos médicos o la situación del COVID-19.

2️⃣ Se realizaron diversos ataques contra organizaciones no gubernamentales, particularmente allanamientos y detenciones, como es el caso de Azul Positivo. Esto tuvo consecuencias directas en la ayuda humanitaria.

3️⃣ Se establecieron mecanismos de control ilegales sobre las ONG como el mal llamado registro de las mismas, “lo que en realidad esconde un régimen de permisos inconstitucional”.

4️⃣ Aumentó la criminalización de las ONG en medios oficiales.

ONG, un nuevo blanco

“Al verse afectado el mundo por la COVID-19, el gobierno de Maduro se sintió más libre que nunca para atacar los pocos espacios relativamente democráticos que quedaban en el país, como las organizaciones no gubernamentales”, registra Acceso a la Justicia.

La primera acción en contra fue la resolución N° 41.994 del 27 de octubre de 2020 que estableció que las ONG internacionales de carácter humanitario deben obtener un certificado en Venezuela para poder funcionar, así sea a través de otras ONG domiciliadas en el país.

En la norma se señala que la inscripción en el Registro Especial Automatizado de ONG “podrá ser negada por motivos de orden político y de soberanía”, lo que la directiva de la asociación civil considera “un cheque en blanco que permite a las autoridades negar arbitrariamente la inscripción o prórroga”.

La resolución también faculta a funcionarios gubernamentales a realizar las visitas necesarias a la sede en Venezuela de la organización o la de su representante, previamente notificados, a los fines de la verificación in situ de la concordancia de los hechos informados al registro, “lo que puede dar lugar a allanamientos encubiertos bajo el eufemismo de visitas”, advierte Acceso a la Justicia.

La segunda resolución en contra que documenta la organización en su informe es la de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), a través de la circular número SIB-DSB-CJ-OD-06524 del 20 de noviembre de 2020, que ordena a los bancos y demás instituciones financieras del país a implementar medidas que fortalezcan los procedimientos, mecanismos y sistemas tecnológicos que permitan monitorear las operaciones de negocios o financieras llevadas a cabo por parte de las ONG.

“Esta nueva medida encuadra en el plan sistemático de asfixia y hostigamiento diseñado contras las ONG por el Gobierno de Maduro para acabar con los pocos espacios democráticos que quedan en el país y poner en jaque el funcionamiento de estas organizaciones”, advierte Acceso a la Justicia.

Sistema de justicia

En las conclusiones del informe se subraya la parálisis de seis meses que experimentó el sistema de justicia en Venezuela durante el inicio de la pandemia y el aumento de la opacidad el máximo tribunal al dejar de publicar el contenido íntegro de muchas de sus sentencias y negar la rendición de cuentas durante la apertura del año judicial.

Lea el informe completo aquí.