En medio de la pandemia, la juez que lleva el caso contra 17 acusados por el supuesto intento de magnicidio contra el gobernante Nicolás Maduro en 2018, ha convocado a dos audiencias de juicio (6 y 11 de agosto). Ninguna se ha podido realizar por falta de traslado de los detenidos a los tribunales, entre ellos el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Requesens.
El abogado del parlamentario, Joel García, niega que ambos diferimientos fuesen por petición de la defensa, tal como lo asegurara el fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, este viernes 14 de agosto.
Rechazó que se haga acudir a abogados y familiares a los tribunales en plena etapa de expansión del COVID-19, a sabiendas de que no se celebrará el acto.
“Cuando se convoca la audiencia se coordina previamente el traslado de los detenidos desde el sitio de reclusión hasta el Palacio de Justicia, pero en dos ocasiones seguidas esto no se ha hecho. Entonces ¿cuál es la idea de convocar si no van a llevar a los detenidos?. La única audiencia ha sido por el caso de los exdirectivos de Citgo, ¿acaso nos hacen ir para aparentar un ambiente de normalidad y funcionamiento de los tribunales?, expresó a Efecto Cocuyo.
El 7 de agosto el diputado de Primero Justicia, Juan Requesens, cumplió dos años privado de libertad. En 2018 el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) lo apresó sin orden judicial y sin respetar su inmunidad parlamentaria (artículo 200 constitucional).
Luego fue imputado por siete cargos: instigación pública continuada, terrorismo, financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir, homicidio calificado por motivo fútil en grado de frustración, homicidio calificado con alevosía en grado de frustración y posesión ilícita de armas y municiones.
“Condena sin pruebas”
García recalcó que en ningún tribunal del país se están haciendo audiencias de juicio desde marzo debido a la pandemia, solo audiencias preliminares y de presentación. El juicio contra Requesens y el resto de los acusados se inició en noviembre de 2019.
Enfatizó que la justicia penal no debe detenerse porque implica violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad. “Los obligas a cumplir condena anticipadamente”, advierte.
“Evidentemente existe temor entre los familiares por el COVID-19, pero yo como abogado prefiero estar en juicio; con las medidas de bioseguridad se puede. Cada vez que hay una audiencia desde el inicio del juicio, demostramos que no hay nada para condenar a Requesens, si el Gobierno lo condena luego de dos años de dilaciones ex profeso, será sin pruebas”, aseguró.
Advirtió que si es el caso, y más adelante ocurre un cambio político en Venezuela, la juez que haya firmado la injusta sentencia deberá responder ante la justicia. Resaltó que las violaciones a los derechos humanos, en este caso contra el parlamentario, no prescriben.
“No puede asegurar que está bien”
Ante las denuncias de brote de COVID-19 en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicode, lugar de reclusión de Requesens, García manifestó que no podía asegurar que el legislador esté completamente bien.
“Le permiten llamar a su familia una vez a la semana y siempre dice que está bien, pero en cada llamada tiene a un funcionario al lado por lo que no puede decir mucho. Como su abogado quisiera verlo y constatarlo. Solo sabemos por información extraoficial que hay contagios en El Helicoide porque las autoridades no han informado nada”, cuestionó.
El martes 11 de agosto, el Parlamento nacional designó una comisión de diputados que entrarán en contacto con la misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Cruz Roja, con el objetivo de presionar una visita a los más de 400 presos políticos, se verifiquen sus condiciones de salud y se les brinde ayuda humanitaria.