La Contraloría General de la República inhabilitó a Manuel Rosales –dirigente del partido Un Nuevo Tiempo exiliado desde hace seis años en Perú- para el ejercicio de funciones públicas por siete años y seis meses. De eso se enteraron sus abogados el pasado martes 9 de junio a través de la prensa y las redes sociales. Y no conocen más nada: solo que fue sancionado. No saben por qué.
“A nosotros no se nos notificó. Lógicamente uno no debería enterarse tan informalmente de un acto como este”, dijo Jesús Ollarves, abogado de Rosales. Pero lo que el jurista considera más grave es que no se le dio la oportunidad a al político de defenderse, y que la sanción haya sido impuesta por la CGR: “El contralor Manuel Galindo usurpó las funciones de un juez penal, que es quien puede aplicar ese castigo luego de una condena. Es como si Manuel Rosales hubiese sido juzgado a distancia, y no se le dio la oportunidad de defenderse, ni de conocer siquiera de qué se le acusa”.
Ollarves detalló que, apelará la decisión de la Contraloría, pero primero intentará conocer los cargos por los cuales se le castigó. La Resolución en la que se notifica la sanción es la N° 01-00-000152 de fecha 8 de agosto de 2014, pero circuló en la prensa nueve meses después, el martes 9 de junio pasado. El documento apunta que el político podrá solicitar la reconsideración de la inhabilitación ante la máxima autoridad de la Contraloría en un lapso de 15 días hábiles (a partir de la publicación de la notificación); y en un plazo de 180 días continuos introducir un recurso jurisdiccional de nulidad ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
No es la primera vez que Manuel Rosales pasa un proceso como este. En 2010 –cuando también se realizaron elecciones parlamentarias- la Contraloría lo inhabilitó para postularse a cargos públicos, por hechos que, según la Ley de contra la Corrupción, son delitos. “En ese momento también se le violó el debido proceso”, recordó Ollarves.
Sobre la vuelta al país del dirigente de Un Nuevo Tiempo, el abogado sostuvo que es una decisión “muy personal” del político: “En caso de que vuelva, contará con nuestro apoyo legal. Él ha hecho pública su intención de venir a Venezuela”.
«No hay muro, por muy alto que sea, marramucia ni odio que puedan impedir mi regreso al país para continuar la lucha por el pueblo», escribió el exgobernador del estado Zulia en su cuenta de Twitter @manuelrosalesg luego de conocer la sanción.
Rosales, propuesto por UNT para que integre la lista de candidatos opositores para las próximas elecciones parlamentarias, podría –según Ollarves, ocupar su curul, pese a la inhabilitación: “Si gana, en un Estado de Derecho, podría regresar y ejercer de ese cargo”.
No hay un muro, por muy alto que sea, marramucia ni odio que puedan impedir mi regreso al país para continuar la lucha por el pueblo
— Manuel Rosales (@manuelrosalesg) June 9, 2015
Erick Lezama A./@ericklezama1
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La Contraloría General de la República inhabilitó a Manuel Rosales –dirigente del partido Un Nuevo Tiempo exiliado desde hace seis años en Perú- para el ejercicio de funciones públicas por siete años y seis meses. De eso se enteraron sus abogados el pasado martes 9 de junio a través de la prensa y las redes sociales. Y no conocen más nada: solo que fue sancionado. No saben por qué.
“A nosotros no se nos notificó. Lógicamente uno no debería enterarse tan informalmente de un acto como este”, dijo Jesús Ollarves, abogado de Rosales. Pero lo que el jurista considera más grave es que no se le dio la oportunidad a al político de defenderse, y que la sanción haya sido impuesta por la CGR: “El contralor Manuel Galindo usurpó las funciones de un juez penal, que es quien puede aplicar ese castigo luego de una condena. Es como si Manuel Rosales hubiese sido juzgado a distancia, y no se le dio la oportunidad de defenderse, ni de conocer siquiera de qué se le acusa”.
Ollarves detalló que, apelará la decisión de la Contraloría, pero primero intentará conocer los cargos por los cuales se le castigó. La Resolución en la que se notifica la sanción es la N° 01-00-000152 de fecha 8 de agosto de 2014, pero circuló en la prensa nueve meses después, el martes 9 de junio pasado. El documento apunta que el político podrá solicitar la reconsideración de la inhabilitación ante la máxima autoridad de la Contraloría en un lapso de 15 días hábiles (a partir de la publicación de la notificación); y en un plazo de 180 días continuos introducir un recurso jurisdiccional de nulidad ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
No es la primera vez que Manuel Rosales pasa un proceso como este. En 2010 –cuando también se realizaron elecciones parlamentarias- la Contraloría lo inhabilitó para postularse a cargos públicos, por hechos que, según la Ley de contra la Corrupción, son delitos. “En ese momento también se le violó el debido proceso”, recordó Ollarves.
Sobre la vuelta al país del dirigente de Un Nuevo Tiempo, el abogado sostuvo que es una decisión “muy personal” del político: “En caso de que vuelva, contará con nuestro apoyo legal. Él ha hecho pública su intención de venir a Venezuela”.
«No hay muro, por muy alto que sea, marramucia ni odio que puedan impedir mi regreso al país para continuar la lucha por el pueblo», escribió el exgobernador del estado Zulia en su cuenta de Twitter @manuelrosalesg luego de conocer la sanción.
Rosales, propuesto por UNT para que integre la lista de candidatos opositores para las próximas elecciones parlamentarias, podría –según Ollarves, ocupar su curul, pese a la inhabilitación: “Si gana, en un Estado de Derecho, podría regresar y ejercer de ese cargo”.
No hay un muro, por muy alto que sea, marramucia ni odio que puedan impedir mi regreso al país para continuar la lucha por el pueblo
— Manuel Rosales (@manuelrosalesg) June 9, 2015
Erick Lezama A./@ericklezama1