OPINIÓN · 13 SEPTIEMBRE, 2017 06:00

Violencia Política contra las de mi género

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Susana Reina | @feminismoinc

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Estaba buscando información acerca de la proporción de mujeres que ganaron en las elecciones municipales venezolanas del 2008 y 2013, como concejalas o diputadas regionales, y las de la Asamblea Nacional celebradas en el 2010 y 2015.

Fue desalentador lo que me costó conseguir los resultados discriminados por género, lo que demuestra lo poco que ese dato interesa a quienes analizan el comportamiento de cada proceso electoral. Me tuve que ir “a pie” para sacar las cuentas. Un estudio del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo hallado a posteriori me confirmaba que para Venezuela “no hay data” para esta categoría desde 2000. Vergüenza nacional para un gobierno que se autoproclama feminista y que tiene a cuatro mujeres al frente del organismo electoral.

Mi interés era comprobar si con la existencia de medidas de cuotas y/o paritarias, los indicadores asociados a poder y género cambiaban favorablemente. Venezuela es uno de los cuatro países de América Latina que ha aplicado no solo cuotas, sino paridad de género a su sistema electoral. En 1998, la Ley Orgánica de Sufragio y Participación Política obligaba a los partidos a cumplir con una cuota del 30% mínima para las cámaras legislativas con cargos plurinominales o de lista; no obstante se aplicó únicamente una vez en 1998 y dos años después fue declarada inconstitucional.

Eugenio Martínez comenta: “En el año 2000 se eliminó de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación (Artículo 144) que establecía la cuota obligatoria de 30% para las mujeres. Y durante el tiempo que se usó esta cuota, el 23% de los cargos en el Parlamento Nacional (entre principales y suplentes) estuvo ocupado por mujeres. Al eliminarse esta cuota, la relación en la Asamblea Nacional descendió hasta 11%. Además, según los estudios de los grupos que defienden los derechos de las mujeres, en Venezuela la brecha de exclusión alcanza 72%”

En 2015, la proporción de mujeres en la Asamblea Nacional subió al 28%, debido a un Reglamento especial emitido por el Consejo Nacional Electoral para garantizar los derechos de participación política de forma paritaria en las elecciones de diputadas y diputados a la Asamblea con amenaza de sanción por incumplimiento.

De hecho, por no cumplirse este reglamento de paridad y alternabilidad de género, 283 postulaciones quedaron como «no presentadas». Creo que queda clara la necesidad de mantener estas medidas de acción positiva con sanciones explícitas para incrementar el porcentaje de participación femenina, porque en las ocasiones y países donde estas normas han operado, se registra un importante aumento de mujeres electas.

Más adelante, cuando comparé los resultados entre concejalas y diputadas, me asombró notar que hay mayor participación femenina en el nivel de gobierno nacional vs municipal, porque suponía que, estando las mujeres más involucradas con los problemas vecinales y comunitarios, sería más visible su liderazgo local.

Ahora veo que esto es un mito, reflejo de los estereotipos que vinculan a las mujeres con el mundo de lo doméstico y creo además, que los partidos ponen más limitaciones a la postulación de las mujeres en niveles de gobierno parroquiales, o en municipios más rurales, vistos estos resultados.

Parece que hay mucho más machismo y discriminación allá donde la labor política femenina pueda ser invisibilizada por el bajo impacto o repercusión nacional de sus actuaciones, pero sobre todo, por la presencia abundante de cacicazgos de base. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo de 2010, que llegó a analizar datos de más de 90 partidos políticos de la región latinoamericana, concluyó que las mujeres ocupan sólo el 19% de los cargos en los comités ejecutivos nacionales.

Pero lo más asombroso que hallé en mi búsqueda fue que la media de mujeres alcaldesas en América Latina y el Caribe está en tan sólo 12,5%, según el Observatorio de Género de la CEPAL (2016), siendo uno de los mayores obstáculos el acoso y violencia política hacia las mujeres, con alto índice de manifestaciones en el espacio municipal. Un estudio realizado entre 235 alcaldesas y concejalas latinoamericanas reveló que el 46,9% de ellas había sido víctima de acoso o violencia política (Tello, 2013).

En Bolivia, país pionero en la visibilización de este flagelo y en la promulgación de la «Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres», se reportan casos de mujeres víctimas de agresiones físicas, raptos y violaciones, provocadas en muchas ocasiones por compañeros del propio partido que buscan a través de estos hechos la renuncia de sus colegas titulares para el acceso del suplente varón.

Curiosamente, en nuestra flamante Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2014), entre los 21 tipos que establece, no aparece “violencia política”. Quizás tal tipo de actos queden enmarcados en “violencia institucional” o “mediática”, o “simbólica”, o “acoso sexual”, pero no hay ninguna que expresamente describa situaciones donde las mujeres, durante su carrera política, sean maltratadas, expuestas públicamente, vigiladas, presionadas y hostilizadas, con el objetivo específico de que renuncien a sus aspiraciones electorales, dejando así el camino abierto a sus pares masculinos.

Una rápida encuesta entre seis amigas concejalas y diputadas me confirmó el hallazgo. Con mucha prudencia, sin decir nombres, rogando no publicar nada, y con varios ni se te ocurra decir que yo te dije, cuatro afirmaron haber sufrido este tipo de acoso político en carne propia: amenazas, robo de ideas sin recibir crédito, no ser convocadas a reuniones importantes, celebración de acuerdos a sus espaldas, postuladas con la condición de renunciar a la plancha una vez aprobada para que quede el suplente hombre en su lugar, ser discriminadas porque entraron por ser “la cuota”, no salir en la foto para los medios, filtración de información de su vida privada, insinuaciones, sexismo y un largo etcétera, sufren estas mujeres. Muy valiente es la que llega, sinceramente.

Desde no poderse encontrar fácilmente cifras electorales discriminadas por género, hasta el impúdico hostigamiento infligido a las candidatas para que desistan, todo conspira para que las mujeres nos mantengamos alejadas del poder. Ojalá nuestras actuales representantes en los parlamentos nacional y regionales, aprovechen su posición para denunciar, tipificar y tomar las decisiones conducentes a erradicar esta infeliz práctica; los partidos políticos tienen que jugar un rol protagónico, sobre todo en el desarrollo de un sistema integral que, más allá de la obligatoriedad del cumplimiento de cuotas, rompa las estructuras tradicionales misóginas y se comience a ver como natural y valiosa la presencia de las mujeres en la política. Pero de verdad.

Foto: Telesur

***

Las opiniones emitidas en esta sección son de la entera responsabilidad de sus autores.

 

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Fue desalentador lo que me costó conseguir los resultados discriminados por género, lo que demuestra lo poco que ese dato interesa a quienes analizan el comportamiento de cada proceso electoral. Me tuve que ir “a pie” para sacar las cuentas. Un estudio del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo hallado a posteriori me confirmaba que para Venezuela “no hay data” para esta categoría desde 2000. Vergüenza nacional para un gobierno que se autoproclama feminista y que tiene a cuatro mujeres al frente del organismo electoral.

Mi interés era comprobar si con la existencia de medidas de cuotas y/o paritarias, los indicadores asociados a poder y género cambiaban favorablemente. Venezuela es uno de los cuatro países de América Latina que ha aplicado no solo cuotas, sino paridad de género a su sistema electoral. En 1998, la Ley Orgánica de Sufragio y Participación Política obligaba a los partidos a cumplir con una cuota del 30% mínima para las cámaras legislativas con cargos plurinominales o de lista; no obstante se aplicó únicamente una vez en 1998 y dos años después fue declarada inconstitucional.

Eugenio Martínez comenta: “En el año 2000 se eliminó de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación (Artículo 144) que establecía la cuota obligatoria de 30% para las mujeres. Y durante el tiempo que se usó esta cuota, el 23% de los cargos en el Parlamento Nacional (entre principales y suplentes) estuvo ocupado por mujeres. Al eliminarse esta cuota, la relación en la Asamblea Nacional descendió hasta 11%. Además, según los estudios de los grupos que defienden los derechos de las mujeres, en Venezuela la brecha de exclusión alcanza 72%”

En 2015, la proporción de mujeres en la Asamblea Nacional subió al 28%, debido a un Reglamento especial emitido por el Consejo Nacional Electoral para garantizar los derechos de participación política de forma paritaria en las elecciones de diputadas y diputados a la Asamblea con amenaza de sanción por incumplimiento.

De hecho, por no cumplirse este reglamento de paridad y alternabilidad de género, 283 postulaciones quedaron como «no presentadas». Creo que queda clara la necesidad de mantener estas medidas de acción positiva con sanciones explícitas para incrementar el porcentaje de participación femenina, porque en las ocasiones y países donde estas normas han operado, se registra un importante aumento de mujeres electas.

Más adelante, cuando comparé los resultados entre concejalas y diputadas, me asombró notar que hay mayor participación femenina en el nivel de gobierno nacional vs municipal, porque suponía que, estando las mujeres más involucradas con los problemas vecinales y comunitarios, sería más visible su liderazgo local.

Ahora veo que esto es un mito, reflejo de los estereotipos que vinculan a las mujeres con el mundo de lo doméstico y creo además, que los partidos ponen más limitaciones a la postulación de las mujeres en niveles de gobierno parroquiales, o en municipios más rurales, vistos estos resultados.

Parece que hay mucho más machismo y discriminación allá donde la labor política femenina pueda ser invisibilizada por el bajo impacto o repercusión nacional de sus actuaciones, pero sobre todo, por la presencia abundante de cacicazgos de base. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo de 2010, que llegó a analizar datos de más de 90 partidos políticos de la región latinoamericana, concluyó que las mujeres ocupan sólo el 19% de los cargos en los comités ejecutivos nacionales.

Pero lo más asombroso que hallé en mi búsqueda fue que la media de mujeres alcaldesas en América Latina y el Caribe está en tan sólo 12,5%, según el Observatorio de Género de la CEPAL (2016), siendo uno de los mayores obstáculos el acoso y violencia política hacia las mujeres, con alto índice de manifestaciones en el espacio municipal. Un estudio realizado entre 235 alcaldesas y concejalas latinoamericanas reveló que el 46,9% de ellas había sido víctima de acoso o violencia política (Tello, 2013).

En Bolivia, país pionero en la visibilización de este flagelo y en la promulgación de la «Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres», se reportan casos de mujeres víctimas de agresiones físicas, raptos y violaciones, provocadas en muchas ocasiones por compañeros del propio partido que buscan a través de estos hechos la renuncia de sus colegas titulares para el acceso del suplente varón.

Curiosamente, en nuestra flamante Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2014), entre los 21 tipos que establece, no aparece “violencia política”. Quizás tal tipo de actos queden enmarcados en “violencia institucional” o “mediática”, o “simbólica”, o “acoso sexual”, pero no hay ninguna que expresamente describa situaciones donde las mujeres, durante su carrera política, sean maltratadas, expuestas públicamente, vigiladas, presionadas y hostilizadas, con el objetivo específico de que renuncien a sus aspiraciones electorales, dejando así el camino abierto a sus pares masculinos.

Una rápida encuesta entre seis amigas concejalas y diputadas me confirmó el hallazgo. Con mucha prudencia, sin decir nombres, rogando no publicar nada, y con varios ni se te ocurra decir que yo te dije, cuatro afirmaron haber sufrido este tipo de acoso político en carne propia: amenazas, robo de ideas sin recibir crédito, no ser convocadas a reuniones importantes, celebración de acuerdos a sus espaldas, postuladas con la condición de renunciar a la plancha una vez aprobada para que quede el suplente hombre en su lugar, ser discriminadas porque entraron por ser “la cuota”, no salir en la foto para los medios, filtración de información de su vida privada, insinuaciones, sexismo y un largo etcétera, sufren estas mujeres. Muy valiente es la que llega, sinceramente.

Desde no poderse encontrar fácilmente cifras electorales discriminadas por género, hasta el impúdico hostigamiento infligido a las candidatas para que desistan, todo conspira para que las mujeres nos mantengamos alejadas del poder. Ojalá nuestras actuales representantes en los parlamentos nacional y regionales, aprovechen su posición para denunciar, tipificar y tomar las decisiones conducentes a erradicar esta infeliz práctica; los partidos políticos tienen que jugar un rol protagónico, sobre todo en el desarrollo de un sistema integral que, más allá de la obligatoriedad del cumplimiento de cuotas, rompa las estructuras tradicionales misóginas y se comience a ver como natural y valiosa la presencia de las mujeres en la política. Pero de verdad.

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