Un problema de concepción de ciudadanía - Efecto Cocuyo

OPINIÓN · 23 JUNIO, 2018 09:45

Un problema de concepción de ciudadanía

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Antonio José Monagas

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Cuando la iracundia deviene en desesperación, y a su vez esta en cobardía, el ejercicio político que desde tal situación procede o es determinado, se convierte en cómplice de la obstinación. Más,si acaso se solidariza con la intransigencia y entre ambas, encubren un modo de violencia socarrona que muchas veces se camufla de condescendencia. Pero que en verdad, no es otra cosa que una represión irónicamente administrada con obtusos criterios “revolucionarios”.

Es el problema que tiene abatido al alto Gobierno venezolano toda vez que ha comenzado a verse sacudido ante un sinnúmero de protestas que se han deparado por causa del marcado autoritarismo (hegemónico) que ha caracterizado ejecutorias de aterrador impacto social y económico. Precisamente, los efectos de decisiones que contravienen derechos humanos y libertades de todo tenor, son las razones que viene arrastrándolo en su debacle o camino hacia su desmoronamiento.

Sin embargo, la misma ofuscación que le ha descuadrado proyectos al Gobierno central, ha actuado como condicionante para que muchas decisiones se den con tal desespero que solo puede valerse de la alevosía para ordenar medidas al margen de la justicia que tanto predica. De esa manera, ante cualquier actitud de protesta exaltada con base en derechos políticos, económicos, culturales, ambientales y educativos, o libertades fundamentales, la reacción de estos gobernantes ha sido despiadada.

En su confusión, han manejado criterios administrativos y de justicia, sin orden ni moderación alguna. Ha sido tan descollante cada equivocación cometida, que han creído que constriñendo libertades y limitando garantías podrán estirar los tiempos en el poder sin que nada o nadie pueda facultarse atribuciones necesarias para provocar su desalojo o defenestración que por ley cabe como procedimiento democrático y pertinente. Incluso, necesario.

Desde las protestas incitadas por las retorcidas negativas del alto Gobierno, acaecidas desde febrero de 2014, y ante solicitudes que bien permite la Constitución de la República en cuanto a derechos civiles establecidos, el país político y económico fue víctima de la mayor represión que pueda registrar la historia contemporánea. Luego la opresión se desató aún más, sobre todo, como consecuencia de las burlas del mismo régimen socialista a los amparos exigidos por la labor legislativa de la Asamblea Nacional que arribó en diciembre de 2015 con mayoría opositora.

De modo premeditado, el Gobierno central soportó su ofensiva en injustos e injustificados apresamientos de personas, generalmente jóvenes, por el solo hecho de propagar un mensaje de libertad. Indistintamente si dicho mensaje era vociferado o escrito, el régimen bolivariano apresaba furiosamente a cuantos podía. Aunque lo peor de todo, era la acusación que forjaron tribunales militares para encarecer y complicar más aún supuestos delitos políticos sin asidero alguno. Todo ello con la intención de fraguar imputaciones con la presunta “formalidad” de cada caso.

Así, las cárceles fueron llenándose de presos de conciencia, presos por causas políticas, hombres y mujeres privados de libertad. Solamente, por levantar voces cuyas reacciones ponían al descubierto la endemoniada estrategia gubernamental de reducir el número de protestas de calle y contestatarios enardecidos. Todo, hasta un límite que no fuera advertido nacional e internacionalmente. O sea, que mientras más pudiera contenerse a la población política por vía represiva, se aseguraría la preservación del poder en manos de “revolucionarios”, antes que enfurecidos resignados, dispuestos a socavar la bases políticas gubernamentales sobre las cuales descansa el plan de enquistarse en el Gobierno, se pudieran dar a la tarea de hacer ver ante el mundo la oscura trama de las acciones gubernamentales.

Desde entonces, las cárceles se vieron colmadas no solo por la presencia de venezolanos convencidos de detentar un pensamiento democrático.

También, de verdugos y torturadores con la fatídica idea de frustrar ideales de libertades.

Hoy, el alto Gobierno intenta revertir el mal cuyo color rojo manchó a Venezuela de dolor, miseria, tristeza, desolación y muerte. Con el cuento de reconciliar al país e insuflarle una disimulada paz, ha otorgado migas de libertad a algunos pocos presos políticos encerrados en las sombrías y apestosas mazmorras que tiene el régimen. Libertad menguada que solamente da cuenta del escaso sentido de ciudadanía que concibe el Gobierno nacional. Tanto, que apenas de los 350 artículos constitucionales, solo el 39 destaca y de modo exiguo lo que significa el ejercicio de ciudadanía.

Así que mientras el Gobierno se arroga ínfulas de haber reivindicado derechos para un Estado democrático y social “de Derecho y de Justicia”, sus actuaciones lo condenan a ser calificado como un Estado cuya concepción de soberano y magnánimo difícilmente llega a considerar el ejercicio de la ciudadanía como la condición que dignifica la vida. Por eso es innegable admitir que aceptar la excarcelación de los presos políticos, tal como se ha dicho, es un exabrupto de marca mayor. De continuar esos venezolanos, acusados impunemente, siendo humillados mientras el régimen procede a excarcelarlos, sin que deje de aplicárseles medidas cautelares que persistirán penando sus vidas políticas, el problema de violar libertades políticas puede arreciar. En otras palabras, es reconocer que detrás de tan burda situación, se esconde una crisis de concepción de valores morales sobre los que se asienta la vida política del ciudadano de ideales democráticos. De manera que todo lo que pretende ser desplazado o desconocido, representa un problema de concepción de ciudadanía…

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Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.

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