La célebre canción My way, lanzada por el no menos célebre, Paul Anka, en 1969, fue versionada en español en 1970 por la argentina, Estela Raval, y hoy nos inspira para relatar lo que podemos entrever respecto a la elección del nuevo Tribunal Supremo de Justicia, tan reseñado en estos días.
El nombramiento del TSJ ha generado opiniones encontradas tanto en el oficialismo como en la oposición. El órgano judicial se redujo de 33 a 20 magistrados.
Gladys Gutiérrez vuelve como presidenta del TSJ y con ella, una serie de personeros del gobierno relacionados con el grupo original del 4-F, que siguen hoy representando el ala dogmática revolucionaria, un tanto apagada en los últimos tiempos. El TSJ anterior, dirigido por Maikel Moreno, respondía claramente a un pensar y hacer pragmático. ¿Por qué el cambio?
Probablemente las presiones de la Corte Penal Internacional, la Misión de Determinación de Hechos del Consejo de DD.HH. de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; motivaron al gobierno a realizar una serie de movimientos en búsqueda de mayor legitimidad ante organismos internacionales, debido a la negociación en ciernes con los gringos.
De los nuevos magistrados electos, debemos destacar a Tania D’Amelio, Caryslia Rodríguez y Carlos Castillo, allegados a Maduro. Los militares Juan Carlos Hidalgo y Henry José Timaure, así como Carmen Castro, quienes se encuentran «bien cuadrados» con el estamento militar y el ala más dogmática del chavismo. Por otra parte, José Luis Gutiérrez, hermano de Bernabé, representa a los alacranes, y como único aparente representante opositor, contamos a Elías Bittar. Asimismo, repiten 11 magistrados, entre los que destaca, Maikel Moreno, que apoyan al status quo del gobierno.
Para variar, una oposición fragmentada desde los partidos y diferentes organizaciones civiles, envió un sinfín de candidatos a la más alta magistratura nacional, lo que se tradujo en muy poca presión para el gobierno y la Asamblea -mayoritariamente oficialista- en el momento de decantar por su propia gente.
Desde que fuera electo un más equilibrado CNE, Roberto Picón y Enrique Márquez – únicos rectores opositores- validaban el proceso electoral venezolano como justo y no trampeado. Lo mismo hizo la Unión Europea en la veeduría que hiciera de las elecciones regionales del 21, no sin advertir, que había claras asimetrías a favor del gobierno en asuntos de propaganda, maquinaria electoral y temas jurídicos.
Con el nuevo CNE, elecciones regionales validadas internacionalmente y un gobierno financieramente quebrado, que mutó a un modelo económico de libre mercado, «la mesa estaba servida» para que se reforzaran las instituciones nacionales, más aún, a la luz de unas recientes encuestas que dan poca credibilidad a la acción política del gobierno y de la oposición, y que favorecen holgadamente a la iglesia y al empresariado, como únicas instituciones nacionales que merecen algún tipo de crédito.
El momento de las elecciones del TSJ, parecía pues, el tempo o el Zeitgeist —dirían los doctos—, para que el gobierno recuperara credibilidad nacional e internacional dibujando una nueva institucionalización del Estado.
Pero, la designación del TSJ ha dejado entrever poca vocación de cambio estructural por parte del oficialismo, perdiendo una oportunidad de oro para darle mayor cabida a nuevos actores realmente imparciales y con menos afinidad y apetito político. Ojalá, se cumplan las promesas hechas por el gobierno y el debutante Tribunal Supremo de reformar un sistema judicial a claras luces viciado, corrompido, y además, ineficiente.
El gobierno tiene un reto por delante que no son tanto las elecciones presidenciales del 2024, las que sin duda ganará Maduro sin mucho esfuerzo, sino la recuperación económica y social del país.
Si bien, los primeros pasos para una reparación económica han sido dados tras la liberación de precios, la descentralización de la economía, la estabilización de variables macro, la mayor cercanía con el sector privado y la extinción del furor expropiatorio; sino se apuntalan temas como la seguridad jurídica y el levantamiento —aunque sea gradual— de las sanciones, muy difícilmente se pueda progresar económicamente al ritmo que el gobierno pretende y el país demanda.
El dinero y los capitales son cobardes, incluso el de los países alineados con el oficialismo. Venezuela requiere de grandes inversiones para poder recuperar la industria de hidrocarburos, así como la producción agraria y el aparato industrial. Nos encantaría pensar que con la inversión nacional es suficiente, pero la realidad es que requerimos ingente cantidad de dinero extranjero para salir del atolladero en el que nos encontramos.
Nosotros que trabajamos en inversiones y con inversionistas, somos testigos del poderío americano, y de cómo los grandes fondos extranjeros, incluso los privados no institucionales, anteponen las sanciones y la dudosa seguridad jurídica venezolana, como un impedimento para aterrizar sus capitales en el país. No obstante, las promesas de retorno sobre inversión de Venezuela son inigualables en la región.
Los gringos han sido categóricos en sus condiciones para laxar las sanciones. Liberar presos políticos, especialmente aquellos de nacionalidad americana, y retomar el diálogo entre el oficialismo y la oposición. A cambio, prometen licencias de la OFAC a las grandes petroleras, para que comiencen a operar en el país, así como hacerse un poco los pendejos con el bloqueo comercial.
Ni los presos han sido liberados, ni las negociaciones se han retomado. Hace pocas semanas nos prometía el ejecutivo unas mesas de conversaciones vernáculas, nuevos espacios de diálogo, con normas y arbitraje local, y la participación inclusiva de todas las fuerzas vivas del país, que no han visto su inicio a estas alturas del juego.
Estos días, el juego político parece estancado. Aunque sabemos que existen encuentros entre el gobierno y algunos generadores de puentes, como el Foro Cívico, así como se dan aproximaciones calmas entre voceros del ejecutivo y el Departamento de Estado, avanzamos a «paso de morrocoy» lo que podría conseguirse a «saltos de gacela», si la vocación política estuviese a la vista.
Además de cumplir las demandas de los gringos, dar preponderancia a una nueva Ley de Inversiones que sustituya a la «antiestética» Ley Antibloqueo y que «exhale» seguridad jurídica en cada una de sus palabras, así como el aprovechar cada movimiento político —lo que no ocurrió con el TSJ—, para ganar institucionalidad, es la forma que el chavismo, a su manera, podría abrir espacios para que los inversionistas foráneos comiencen a apostar por nuestra patria. No sabemos que estamos esperando.
A usted y a mi, querido lector, nos corresponde hacer presión para que esto ocurra. No estamos hablando de posiciones o pensares políticos, estamos hablando de la recuperación social y económica de nuestra amada Venezuela, que bien lo merece y nos compete a todos.
***
Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.
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El nombramiento del TSJ ha generado opiniones encontradas tanto en el oficialismo como en la oposición. El órgano judicial se redujo de 33 a 20 magistrados.
Gladys Gutiérrez vuelve como presidenta del TSJ y con ella, una serie de personeros del gobierno relacionados con el grupo original del 4-F, que siguen hoy representando el ala dogmática revolucionaria, un tanto apagada en los últimos tiempos. El TSJ anterior, dirigido por Maikel Moreno, respondía claramente a un pensar y hacer pragmático. ¿Por qué el cambio?
Probablemente las presiones de la Corte Penal Internacional, la Misión de Determinación de Hechos del Consejo de DD.HH. de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; motivaron al gobierno a realizar una serie de movimientos en búsqueda de mayor legitimidad ante organismos internacionales, debido a la negociación en ciernes con los gringos.
De los nuevos magistrados electos, debemos destacar a Tania D’Amelio, Caryslia Rodríguez y Carlos Castillo, allegados a Maduro. Los militares Juan Carlos Hidalgo y Henry José Timaure, así como Carmen Castro, quienes se encuentran «bien cuadrados» con el estamento militar y el ala más dogmática del chavismo. Por otra parte, José Luis Gutiérrez, hermano de Bernabé, representa a los alacranes, y como único aparente representante opositor, contamos a Elías Bittar. Asimismo, repiten 11 magistrados, entre los que destaca, Maikel Moreno, que apoyan al status quo del gobierno.
Para variar, una oposición fragmentada desde los partidos y diferentes organizaciones civiles, envió un sinfín de candidatos a la más alta magistratura nacional, lo que se tradujo en muy poca presión para el gobierno y la Asamblea -mayoritariamente oficialista- en el momento de decantar por su propia gente.
Desde que fuera electo un más equilibrado CNE, Roberto Picón y Enrique Márquez – únicos rectores opositores- validaban el proceso electoral venezolano como justo y no trampeado. Lo mismo hizo la Unión Europea en la veeduría que hiciera de las elecciones regionales del 21, no sin advertir, que había claras asimetrías a favor del gobierno en asuntos de propaganda, maquinaria electoral y temas jurídicos.
Con el nuevo CNE, elecciones regionales validadas internacionalmente y un gobierno financieramente quebrado, que mutó a un modelo económico de libre mercado, «la mesa estaba servida» para que se reforzaran las instituciones nacionales, más aún, a la luz de unas recientes encuestas que dan poca credibilidad a la acción política del gobierno y de la oposición, y que favorecen holgadamente a la iglesia y al empresariado, como únicas instituciones nacionales que merecen algún tipo de crédito.
El momento de las elecciones del TSJ, parecía pues, el tempo o el Zeitgeist —dirían los doctos—, para que el gobierno recuperara credibilidad nacional e internacional dibujando una nueva institucionalización del Estado.
Pero, la designación del TSJ ha dejado entrever poca vocación de cambio estructural por parte del oficialismo, perdiendo una oportunidad de oro para darle mayor cabida a nuevos actores realmente imparciales y con menos afinidad y apetito político. Ojalá, se cumplan las promesas hechas por el gobierno y el debutante Tribunal Supremo de reformar un sistema judicial a claras luces viciado, corrompido, y además, ineficiente.
El gobierno tiene un reto por delante que no son tanto las elecciones presidenciales del 2024, las que sin duda ganará Maduro sin mucho esfuerzo, sino la recuperación económica y social del país.
Si bien, los primeros pasos para una reparación económica han sido dados tras la liberación de precios, la descentralización de la economía, la estabilización de variables macro, la mayor cercanía con el sector privado y la extinción del furor expropiatorio; sino se apuntalan temas como la seguridad jurídica y el levantamiento —aunque sea gradual— de las sanciones, muy difícilmente se pueda progresar económicamente al ritmo que el gobierno pretende y el país demanda.
El dinero y los capitales son cobardes, incluso el de los países alineados con el oficialismo. Venezuela requiere de grandes inversiones para poder recuperar la industria de hidrocarburos, así como la producción agraria y el aparato industrial. Nos encantaría pensar que con la inversión nacional es suficiente, pero la realidad es que requerimos ingente cantidad de dinero extranjero para salir del atolladero en el que nos encontramos.
Nosotros que trabajamos en inversiones y con inversionistas, somos testigos del poderío americano, y de cómo los grandes fondos extranjeros, incluso los privados no institucionales, anteponen las sanciones y la dudosa seguridad jurídica venezolana, como un impedimento para aterrizar sus capitales en el país. No obstante, las promesas de retorno sobre inversión de Venezuela son inigualables en la región.
Los gringos han sido categóricos en sus condiciones para laxar las sanciones. Liberar presos políticos, especialmente aquellos de nacionalidad americana, y retomar el diálogo entre el oficialismo y la oposición. A cambio, prometen licencias de la OFAC a las grandes petroleras, para que comiencen a operar en el país, así como hacerse un poco los pendejos con el bloqueo comercial.
Ni los presos han sido liberados, ni las negociaciones se han retomado. Hace pocas semanas nos prometía el ejecutivo unas mesas de conversaciones vernáculas, nuevos espacios de diálogo, con normas y arbitraje local, y la participación inclusiva de todas las fuerzas vivas del país, que no han visto su inicio a estas alturas del juego.
Estos días, el juego político parece estancado. Aunque sabemos que existen encuentros entre el gobierno y algunos generadores de puentes, como el Foro Cívico, así como se dan aproximaciones calmas entre voceros del ejecutivo y el Departamento de Estado, avanzamos a «paso de morrocoy» lo que podría conseguirse a «saltos de gacela», si la vocación política estuviese a la vista.
Además de cumplir las demandas de los gringos, dar preponderancia a una nueva Ley de Inversiones que sustituya a la «antiestética» Ley Antibloqueo y que «exhale» seguridad jurídica en cada una de sus palabras, así como el aprovechar cada movimiento político —lo que no ocurrió con el TSJ—, para ganar institucionalidad, es la forma que el chavismo, a su manera, podría abrir espacios para que los inversionistas foráneos comiencen a apostar por nuestra patria. No sabemos que estamos esperando.
A usted y a mi, querido lector, nos corresponde hacer presión para que esto ocurra. No estamos hablando de posiciones o pensares políticos, estamos hablando de la recuperación social y económica de nuestra amada Venezuela, que bien lo merece y nos compete a todos.
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Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.
Del mismo autor: Guerra de Cartas